Palco de Prensa
Tal y como se había anunciado, el pasado lunes fue presentada, ante la Delegación de la Procuraduría General de la República, así como ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la denuncia suscrita por el Regidor Luis Felipe Ledezma Gil, por su propio derecho y con el carácter de representante popular, en contra de la tala de árboles y la construcción del llamado Zócalo 11 de Julio, entre los edificios del Palacio Municipal y el Centro de Gobierno del Estado, en Tijuana.
En base a dicha denuncia, se abrió la Averiguación Previa AP/PGR/BC/TIJ/1330/14/M-IV. Los promotores de la misma, al dar a conocer el contenido de dicho escrito, indican que quien quiera apoyarla, lo puede solicitar expresamente en la Delegación de la PGR, con el original y una copia de la credencial electoral, pidiendo por escrito adherirse a la citada denuncia. Como se cuestiona en una popular campaña de concientización : ¿y tú, tienes el valor, o te vale?
Lo comentó el columnista el pasado sábado 7 de junio del año en curso. Se había dicho que tentativamente se presentaría el lunes y efectivamente así se hizo. Los promotores de dicha denuncia, tienen mucha confianza en que, en breve, se logren las dos peticiones básicas : que se suspenda la tala de árboles del Parque Benito Juárez, así como las obras de construcción del Zócalo, comúnmente conocido como “La Plaza del Capricho”.
Sin embargo, está visto que, instituciones como la PGR, son como “La Carabina de Ambrosio”, en temas como este y en todos aquellos en los que resulten o aparezcan involucrados políticos o destacados personajes. Hacen ¡Pummm…! Pero no matan, ni a una mosca.
En este asunto, el denunciante señala, como presuntos responsables de los delitos que se configuren, a un total de 19 personas, mencionando, por sus respectivos nombres, a 12 funcionarios y exfuncionarios públicos, entre ellos el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, el exalcalde Carlos Bustamante Anchondo y el alcalde Jorge Astiazarán Orcí.
De manera especial, se menciona como dirigente religioso, al Arzobispo Rafael Romo Muñoz, a quien se señala de tratar de lucrar con un bien de la Nación, “pretendiendo vender CIENTO DIEZ MIL “urnas mortuorias” a los residentes expatriados en los EEUU, además de violar las normas del orden municipal en cuanto a lo absurdo del templo irracional que desea construir”.
En la lista, se agregan los nombres de 6 particulares, a los que refieren como Enrique Mier y Terán, Presidente del Patronato del “Zócalo 11 de julio”, Ramón Raymundo Arnáiz Rosas, contratista, María del Carmen Flores Avila, reportera de Televisa, así como a Carolina Aubanel Riedel, propietaria de Síntesis TV y los conductores Roxana Di Carlo y Fernando Martínez.
Como dirían popularmente, esto es un “tirotote”. El Delegado de la PGR, Rafael González Cervantes, ha de haber pedido “línea” al Procurador General Jesús Murillo Karam, para recibirla y para determinar el tratamiento que habrá de dársele. De proceder, conforme a derecho, la denuncia implica “matar 19 pájaros de un tiro”. No es cualquier cosa.
Imaginen nada más, al Gobernador Kiko Vega, sentado en el banquillo de los acusados. O al Alcalde Jorge Astiazarán. O al Arzobispo Rafael Romo Muñoz. El sistema político mexicano, aún es sumamente ranchero. Aún no se atreve a cuestionar a personajes de este nivel, aunque hayan incurrido en actos presuntamente irregulares o absurdos.
Para los analistas y observadores, en una denuncia de este tipo, hay muchos aspectos y factores a destacar. De entrada, habrá quienes cuestionen : ¿Quién está detrás de todo esto? Pero, por el contrario, cabe preguntar : ¿En el proyecto del Zócalo, realmente se están respetando todo tipo de normas jurídicas? ¿Efectivamente se trata de mejorar el entorno de la ciudad de Tijuana, o simplemente es un burdo negocio mercantilista de los involucrados?
Así mismo, se hace hincapié en que, lo que se dice o hace, es importante en cuanto al personaje que lo dice y hace. En este caso, el Regidor del Movimiento Ciudadano, del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Luis Felipe Ledesma Gil, no precisamente se ha destacado por involucrarse en asuntos de resonancia o controvertidos como el del Zócalo.
Y habría que preguntar, si la sola palabra de dicha persona, y su peso político, basta para abrir una indagatoria, sobre este asunto, respecto del cual todos los involucrados han puesto oídos sordos, ante diversas denuncias similares.
Bueno, se observa que en esta denuncia está metida la mano de Daniel Felipe Ruanova Zárate, excandidato a Gobernador, del Movimiento Ciudadano. La estructura, hechos, conceptos y fundamentos, tienen “la firma” de dicho personaje, harto polémico y controvertido. Aparece como simple testigo y esto es importante, porque Ruanova maneja estos conceptos, “al dedillo”.
Un tercer personaje, le da seriedad a la denuncia. Se trata del Lic. José Angel Peñaflor Barrón, destacado litigante, quien ha sido el operador de todos los recursos legales hechos valer en contra de las obras del Zócalo, y otros temas de interés social. Aunque en este caso, aparece como testigo, es obvio que la parte legal, como lo es la estructuración de la denuncia, así como verificar su tratamiento, corre a su cargo.
Los bajacalifornianos en general, y los tijuanenses en lo particular, ya ni deben sorprenderse con los escándalos políticos que se han registrado en los últimos meses en esta zona del país. Los cuales, en su mayoría, han recibido o están en camino de recibir el clásico “carpetazo”. El “archivo muerto”, pues.
La razón principal de todo esto, es que los políticos manejan las cosas públicas, como si fuesen privadas, de su exclusivo interés. Y los ciudadanos, conformistas o resignados, por temor o cobardía, están acostumbrados a asumir el papel de meros espectadores. Nadie, o casi nadie, se atreve a abrir la boca para hacer algún reclamo. Esto se corroborará, cuando se sepa cuántos se adhirieron a esta denuncia.
