Palco de Prensa
Para quienes suponían que el asunto del Zócalo 11 de Julio, la plancha de concreto que se pretende construir, entre el Palacio Municipal y el edificio del Centro de Gobierno del Estado, en Tijuana, y que muchos identifican simplemente como “La Plaza del Capricho”, me permito decirles que en los próximos días, se presentarán dos denuncias en contra de los involucrados en este controvertido proyecto.
En realidad, se trata de un solo documento, y por lo tanto será manejado como una denuncia conjunta y mancomunada. Serán presentadas ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
En el proyecto de escrito de denuncia, aparece como denunciante el Regidor del XXI Ayuntamiento de Tijuana, Luis Felipe Ledezma Gil, del Partido Movimiento Ciudadano, por su propio derecho, así como con el carácter de representante popular.
Como testigos, designa al Ing. Felipe Daniel Ruanova Zárate, excandidato a Gobernador, y al Lic. José Angel Peñaflor Barrón, prestigiado litigante en esta frontera.
El denunciante, señala como presuntos responsables de los delitos que se configuren, a un total de 19 personas, a las que divide en tres grupos : 12 funcionarios y exfuncionarios públicos, un dirigente religioso, siendo este el arzobispo Rafael Romo Muñoz, y seis particulares.
En el primer grupo, de funcionarios y exfuncionarios, refiere al exgobernador José Guadalupe Osuna Millán, al Gobernador Francisco Vega de la Madrid, a los exalcaldes Jorge Ramos Hernández y Carlos W. Bustamante Anchondo, así como al actual Alcalde, Jorge Astiazarán Orcí.
Así mismo, al Ing. Manuel Guevara Morales, Secretario de Sidue estatal, al Ing. Roberto Sánchez, Secretario de Desarrollo Urbano del XXI Ayuntamiento, al Arq. Salvador Padilla, Coordinador General Ejecutivo de Desarrollo Urbano Municipal, al Dr. Carlos Beichalel Graizbord, Secretario de Protección al Ambiente estatal, al Lic. Tirso Lievano Hernández, Director de Protección al Ambiente municipal, al Dr. Tonatiuh Guillén y a Carlos de la Parra, del Colegio de la Frontera Norte.
En el gripo de particulares, señalan a seis personas, siendo estas Enrique Mier y Terán, Presidente del Patronato del “Zócalo 11 de julio”, Ramón Raymundo Arnáiz Rosas, contratista, María del Carmen Flores Avila, de Televisa, así como a Carolina Aubanel Riedel, Roxana Di Carlo y Fernando Martínez, de SíntesisTV.
Además, a “aquellas personas que, como funcionarios o empleados públicos tengan injerencia en la destrucción de los árboles en la Plaza Cívica situada entre las oficinas de los Palacios de Gobierno, tanto Estatal como Municipal, y los miembros del Patronato del “Zócalo 11 de julio”, o “Plaza 11 de julio”, así como aquellos que sean empleados de dicha entidad social o Asociación Civil, y también los que han sido contratados para talar, remover, o supuestamente transplantar árboles que están o estaban sembrados en dicha Plaza Pública, y a los que la indagatoria que se exige que se realice, determine que son socios, participantes, cómplices y subalternos de los anteriores que intenten lucrar con bienes del patrimonio público”.
Según la denuncia conjunta y mancomunada, con la construcción de la llamada “Plaza 11 de julio”, se cometen diversos delitos, como el previsto en el Artículo 340 Bis, el cuál advierte, que : “A quien sin autorización de autoridad ambiental competente, extraiga, corte, tale o transplante uno o varios árboles ubicados en áreas públicas de competencia Estatal o Municipal o en terrenos estatales forestales, se le impondrá prisión de seis meses a siete años y multa de cincuenta a dos mil quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad”.
En el caso en mención, aparentemente al margen de la ley y simplemente por la necedad de dicha obra, evidentemente con fines mercantilistas, se han cortado o transplantado árboles del llamado Parque Benito Juárez, una de las pocas zonas arboladas de Tijuana, para construir una plancha de concreto.
Así mismo, consideran que contraviene los artículos 16 y 18 de la Ley General de Bienes Raíces del Estado, que regula el uso y destino de los bienes de dominio público, así como el Artículo 43 del Reglamento de Fraccionamientos, el 140 de la Ley de Desarrollo Urbano, estableciendo que para cambiar el uso de suelo de esa zona, se requiere la consulta de los vecinos y observar muchas otras disposiciones jurídicas.
Puede decirse, que el escrito denuncia está excelentemente estructurado, debidamente fundamentado en disposiciones jurídicas aplicables, criterios jurisprudenciales e incluso puntos de acuerdo aprobados en la Cámara de Diputados.
Conforme a derecho, tanto la Procuraduría General de la República, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, deberían proceder a realizar las indagatorias pertinentes, integrar los correspondientes expedientes y ejercer acción penal en contra de los involucrados, o en caso contrario, fundamentar, clara y expresamente, por qué razón, se tolera la necedad de tratar de desarrollar este proyecto, en una zona que tiene un uso público, que ya está totalmente saturada y que ha tenido el rechazo de múltiples organizaciones, profesionistas y ciudadanos.
El problema, es que en México, no pasa nada. Por más que se denuncien actos aberrantes y presuntamente ilegales, como los relativos a la llamada “Plaza del Capricho”, ninguna autoridad se atreve a mover un dedo para frenarlos y mucho menos para sancionar a quienes pudiesen aparecer como presuntos responsables.
Y conste, no es la primera, ni la única acción que se intenta en contra del proyecto del “Zócalo 11 de julio”. Baja California, y Tijuana en particular, siguen siendo tierras de caciques, donde muchos siguen haciendo cosas, simplemente “por sus pistolas”. Pero, en fin, dicen que la esperanza muere al último. Para estos personajes, las leyes, son letra muerta.
