Palco de Prensa
A 3 meses de distancia, del escándalo político, suscitado al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre el Alcalde Jorge Astiazarán y el Síndico Procurador Arturo Ledesma Romo, por supuesta extorsión o chantaje, mediante el cual los hermanos Ledesma Romo, Arturo y Miguel, exigían al edil el 50% de los ingresos ilegales del gobierno municipal, ni se ha aclarado plenamente, ni se han conocido los verdaderos motivos de todo eso.
Cabe recordar, que todo empezó el jueves 27 de febrero del año en curso, cuando el Síndico Procurador, Ledezma Romo, dió a conocer la suspensión provisional de dos funcionarios del área de obras públicas, por supuestas anomalías en la licitación de las obras de reencarpetado de la Calle Segunda.
Mediante boletín de prensa, se precisó que la Ing. Marcia Eugenia Salcido Moreno, Directora de Obras e Infraestructura y el Arq. Marco Antonio Vuelvas Díaz, Subdirector de Normatividad de la DOIUM, fueron suspendidos : “ante la identificación de serias irregularidades relativas a la licitación de la rehabilitación de la Calle Segunda. Proceso plagado de vicios de origen y se instruyó para que no se firmara dicho contrato de licitación por las razones expresas”.
En la conferencia de prensa, se exhibió supuesta evidencia, consistente en documentación, en base a la cual refirió la falsificación de la firma de Diego Román Andrade Padilla, agente de ventas de Cementos Mexicanos, CEMEX, según documento presentado por las empresas Sextin, S.A. de C.V. y Crisol, S.A. de C.V.
Cuando el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, explicaba, en conferencia de prensa, los conflictos en torno a las obras de la Calle Segunda, así como los efectos de la suspensión de los dos funcionarios de la dependencia, súbitamente intervino el Secretario de Gobierno, Bernardo Padilla, quien acusó al Síndico Procurador de extorsionador, chantajista y de entorpecer el desarrollo de Tijuana.
Luego vendría la suspensión de Padilla, lo que provocó que el Alcalde estallara, revelando que los Ledesma Romo le estaban exigiendo el 50% de los ingresos ilegales del gobierno municipal, estimados en 80 millones de dólares y, entre otras cosas, que tomaran en cuenta, en la asignación de obras, a constructoras con las que tenía compromisos.
No obstante la gravedad de los señalamientos, y que se integró una Comisión Especial, por parte del cabildo, para supuestamente investigar y esclarecer los hechos, que al final de cuentas no hizo nada, casi 3 meses después, el Síndico Procurador vuelve a accionar y suspende definitivamente e inhabilita por 3 años a los funcionarios de obras públicas que anteriormente había suspendido provisionalmente.
De nueva cuenta, el fundamento fue supuestas irregularidades en la asignación de las obras de la Calle Segunda. Se indicó que se encontró responsabilidad administrativa, por falta de aplicación de criterios equitativos para evaluar las propuestas de todas las empresas participantes en la reconstrucción de la Calle Segunda, de donde resultó ganadora la compañía Sextin, S.A. de C.V., “poniéndose de manifiesto la falta de transparencia, honradez e imparcialidad en el proceso licitatorio llevado a cabo por el XXI Ayuntamiento”.
Tanto el Alcalde Astiazarán, como el Secretario de Gobierno, Bernardo Padilla, minimizaron los cargos y manifestaron que lo importante era que continuaban las obras de la Calle Segunda.
El pasado sábado, vía correo electrónico, el columnista, autor de Palco de Prensa, recibió un mensaje, de parte de una persona, aparentemente relacionada con la industria de la construcción, que encabeza con la siguiente leyenda : “La verdad sobre la inhabilitación”.
El remitente, desestima que en una licitación pueda haber falsificación de firmas, pues la propuesta económica de cada constructora participante, consta de cuando menos 1,200 hojas, de forma tal que siendo 10 las participantes, se requería firmar más de 12 mil hojas.
En cambio, indica que desde el inicio de la actual administración, el Síndico Procurador, trató, por todos los medios, de colocar a empresas constructoras que él proponía, para que se les asignaran contratos de obras. Supone, que de dichas asignaciones, recibiría porcentaje o diezmo.
Advierte, que la inhabilitación de los funcionarios de obras públicas, se debió a que no aceptaron ninguna imposición y por lo tanto se les hicieron efectivas las amenazas lanzadas en su contra.
Cita otro caso similar, el de la obra para la construcción del tercer carril en la Vía Rápida. Señala que la inconformidad de la empresa Contrasa, es sólo una venganza hacia la funcionaria ahora suspendida, pues desde antes del fallo de asignación, era presionada por la Sindicatura, para favorecer a dicha empresa.
Comenta, que la citada empresa, Constructora Transpeninsular, era la favorita del Alcalde Bustamante y que aún no ha finiquitado la mayoría de las obras, y que estas presentan fisuras, grietas y deterioro, que deberían ser revisadas por la Sindicatura Procuradora y el Orfis.
Cierto o falso, evidentemente hay motivos ocultos, tanto en la suspensión e inhabilitación de los dos funcionarios de obras públicas, como en el escándalo político surgido entre el Alcalde Astiazarán y el Síndico Procurador Arturo Ledesma Romo. Ni uno, ni el otro, entienden que no es posible “tapar el sol con un dedo” y que por lo tanto “cuando el río suena, es que agua lleva”. Lo peor, es que la ciudadanía tiene fundadas sospechas de que en todo esto, hay mucha cochinada. Apesta.
