Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT
Los políticos, son los personajes más repudiados, socialmente. Nadie cree en ellos. Sabido es que, a la sombra de la política, se hacen millonarios, traficando con el poder y las facultades que ostentan.
Y como se saben repudiados, pues recurren a la argucia de prometer cosas que nunca han de cumplir. Por ahí se habla de la figura de revocación de mandato y plantean la posibilidad de que los ciudadanos, inconformes con un gobernante, reclamen su destitución. Tengan la seguridad, de que habrá de existir esa figura jurídica, pero le pondrán tantos candados, que será imposible llegar a aplicarla.
Así es la supuesta democracia. Está a la vista y alcance de todos, pero nadie la puede utilizar. Como el ejemplo aquel, del regiomontano, cuyo hijo le pregunta, con cierto temor : -Papi, puedo ver la tele ? y éste, “generoso”, de inmediato le responde : -Sí m´ijo, nada más no la prenda.
Sin duda alguna, hablando de administración pública, uno de los temas de moda, es el de la transparencia y la rendición de cuentas. Hipócritamente, el discurso político sustenta que el pueblo tiene derecho a saber, lo que hacen los gobernantes, así como el uso de los recursos públicos.
Nada mejor, para tratar de vencer la incredulidad ciudadana, la desconfianza, la desesperación popular, que enarbolar la bandera de la transparencia. “Modestos” que son, los políticos se niegan admitir o reconocer, que ellos son sumamente transparentes en sus actos. Pero, como mujeres de la vida galante, ataviadas con atrevidos vestidos, que no dejan nada a la imaginación.
Los políticos, son tan transparentes, que con descaro exhiben sus vulgaridades. Y cuando hacen algo en lo oscurito y los descubren, ni siquiera se sonrojan. Aparentan que es lo más natural, que muchos otros las hacen y argumentan que, si nada les ha pasado, a ellos porque los cuestionan, por simples “pequeñeces”.
Un claro ejemplo de esto, es el asunto de las luminarias. El exalcalde panista, Jorge Ramos Hernández, pretendía concesionar la renovación del sistema de alumbrado público, a 15 años, y a un costo de 399 millones de pesos.
El priísta, Bustamante Anchondo, fue más “austero”, pues argumentando que sabe de negocios, maquinó un arrendamiento a 26 meses, con un costo de 144 millones de pesos, cuando que el costo total de las luminarias, según estudio de mercado, solamente sería de 30 millones de pesos.
A Ramos Hernández, le hubieran quedado 370 millones de pesos. A Bustamante, solamente 114 millones de pesos. En el procedimiento de validación de dicho proyecto, ambos contaron con la complicidad de sus colaboradores y la “gentileza” de los regidores de sus respectivos cabildos. Que se sepa, nadie se opuso, ni renunció, a la hora que se les solicitó su participación o su voto.
Podrán preguntar : ¿Por qué tanta audacia o descaro ? En principio, por la falta de valores morales de los políticos y la ligereza con la que se conducen, al grado de que hasta los órganos de fiscalización del gasto público, llámese Síndico, Contralor u Organo de Fiscalización, así como la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, son cómplices de estas triquiñuelas.
Ahí tienen el caso de los diputados locales de la XX Legislatura, que se atrevieron a falsificar un dictamen, para aprobar las cuentas públicas del XX Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Bustamante, relativo al ejercicio fiscal 2012. Lo mismo que el del Dif municipal de Tijuana, por el mismo período.
Y ni modo que digan que no lo saben, que no se enteraron, cuando que cuatro diputados locales, fungieron como regidores del cabildo encabezado por Bustamante. En especial, Rodolfo Olimpo Hernández, presidente de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la actual legislatura.
Si los actuales diputados locales, tuviesen un poco de vergüenza y algo de sentido de responsabilidad, ya hubiesen iniciado una investigación, para acreditar el asunto de la falsificación y habrían denunciado los hechos ante la Procuraduría de Justicia del Estado, para que se realice la correspondiente indagatoria y se proceda penalmente en contra de quien o quienes resulten responsables. Porque la falsificación, es un delito, no un error administrativo, o algo así.
La diputada Rosalba López Regalado, Presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, desde que asumió dicha posición, “trae de la cola” a Manuel Montenegro, Auditor Superior y por lo tanto titular del Orfis, por supuestos malos manejos administrativos en dicho órgano de fiscalización, pero nada ha dicho respecto a la posibilidad de determinar la responsabilidad de los diputados falsificadores y la sanción correspondiente.
Incluso, cabe observar que, de manera absurda, el Orfis, al revisar las cuentas públicas de algún Ayuntamiento o institución pública, pese a las graves observaciones que hace, recomienda la aprobación de las mismas. Lo observado, lo remite a las sindicaturas o a la contraloría estatal, para que las regularicen y procedan como corresponda, pero al final de cuentas, no hacen nada y tampoco a estos órganos de fiscalización, los sancionan por sus omisiones.
No se necesita una lupa o una potente vista, para detectar las chuecuras de los funcionarios públicos. Son tan transparentes, como los vestidos de las damiselas, que no dejan nada a la imaginación. Y conste, ni se ruborizan.
