Columnista de la SillaRota: OMAR RÁBAGO VITAL
Las víctimas de violaciones graves de derechos humanos son casi siempre invisibles. Son pocas las historias que conocemos y muchas se nos escapan tras la frialdad de las estadísticas que de alguna manera las deshumanizan. Además del dolor, por si fuera poco, también les toca enfrentarse al sistema de justicia en México. Si alguien ha sido víctima de algún delito, sabe que ir a denunciar y alcanzar justicia sigue siendo una utopía.
En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 se habla de la grave dimensión del problema. Las grandes fallas en la falta de acceso a la justicia en México. En el fuero común del 2000 al 2012 se presentaron 19,978,893 denuncias y sólo se dictaron 1,440,085 sentencias condenatorias, sólo el 7.2 por ciento. De cada 100 ciudadanos que presentan una denuncia, sólo en 7 ocasiones se llega a una sentencia condenatoria. Esto habla de las investigaciones ineficientes e ineficaces que llevan a cabo las autoridades a nivel local. El panorama tampoco mejora mucho a nivel federal. La Procuraduría General de la República tiene cifras de 1999 a 2012 de las 2,101,660 denuncias presentadas ante el Ministerio Público Federal, solamente 301,141 resultaron en sentencia condenatoria, sólo el 14.33 por ciento.
El acceso a la justicia y el combate a la impunidad son tareas pendientes para el Estado mexicano, dentro de sus obligaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece: “…contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es sólo negativa --de no impedir el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente positiva, de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos”.
Dentro del sistema de justicia se deberían de garantizar el debido proceso, debida diligencia y acceso a la justicia, lo cual no sucede. Como consecuencia de nuestro fallido sistema de justicia se tomó la decisión para iniciar una reforma al sistema de justicia penal, que inició en 2008, aunque todavía tengamos muchos rezagos y obstáculos al respecto.
Para tratar de atender a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, y como reacción ante una estrategia de seguridad contra el crimen organizado que costó la vida de muchas personas, se llevó a cabo una gran movilización por parte de la sociedad civil y las propias víctimas que culminó con la publicación de la Ley General de Víctimas. Un intento para establecer la obligación del Estado de brindar apoyo económico y protección a las víctimas de la violencia y a sus familiares.
El problema es que a pesar de llevar casi año y medio de la publicación de dicha ley, su implementación sigue todavía pendiente. A principio de este año, se instauró la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal y es el órgano operativo del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
La CEAV fue instruida para atender tres acciones esenciales: 1)El Registro Nacional de Víctimas. Esto ayudaría a que las autoridades no contaran con cifras diferentes, entender el problema y así atenderlo de manera adecuada. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en comparecencia ante el Senado, expuso que desde 2005 a la fecha tienen registro de 24 mil 800 personas “cuyo paradero se desconoce o no se encuentran localizables”. Y que del total de esa cifra “existe el dato de 2 mil 610 casos de desaparecidos; de ellos, en 612 expedientes hay la presunción de intervención de agentes del Estado mexicano en su desaparición, y en 267 hay indicios de que intervinieron elementos o miembros de la delincuencia organizada”.
Lo que contrasta con las declaraciones de la Secretaría de Gobernación que asegura que la cifra actual es de 8 mil personas. Esto recordando que del 26 al 3o de mayo se conmemora la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. La segunda acción es definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Mismas que todavía no están definidas, o al menos no son publicas o no son visibles en su sitio web. Como tercer punto se encuentran las medidas de asesoría jurídica que de los tres órdenes de gobierno brindará las víctimas. Lo más parecido a esto son las reglas generales para la continuidad de atención a víctimas. Está figura de asesoría jurídica es fundamental ya que tienen la función de asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad, representar a la víctima, brindarle información, dar seguimiento a los trámites para la defensa integral de los derechos de las víctimas.
El Sistema Nacional de Víctimas sigue estando incompleto. La CEAV es la instancia federal y todavía no cuenta con un reglamento, además, hacen falta procedimientos claros y metodologías de trabajo para cumplir con sus obligaciones. Según está instancia y su valoración el avance es de sólo 11 estados que cumplen con la armonización de sus legislaciones locales. Este organismo debe trabajar bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas para generar confianza ante la población que van a atender. Debe ser el modelo para las comisiones ejecutivas de los estados.
México tiene una deuda histórica con las víctimas de violaciones graves a derechos humanos. Ante un sistema de justicia ineficiente, una Ley General de Víctimas trata de subsanar algunas de sus fallas. Pero es necesario que las instancias que emanan de dicha ley comiencen a mostrar resultados para generar confianza y cumplir con el objetivo para lo cual fueron creadas.
@omar_rabago
