Juan Manuel Salazar Pimentel
Suele pasar que los más grandes abusos contra las personas ocurren dentro de la casa propia, en el mero seno de la familia. Tal origen favorece que el abuso quede oculto y sin castigo, sea porque la víctima se halle bajo el poder y la fuerza insuperables de su agresor, sea porque pudiendo librarse de ese flagelo, es mayor el temor a la murmuración de los demás.
Se opta, pues, a veces, por vivir la agresión y sufrir la herida, que a menudo es imborrable, con tal de esquivar la afrenta que acarrea la publicación del hecho de abuso.
La violación de derechos no para en el ámbito de lo sexual solamente. Tampoco se ensaña solo en menores de edad, en minusválidos o sobre mujeres indefensas.
En general, los actos de agresión se imponen a todos los indefensos, a todos quienes se hallen en una situación de desigualdad y subordinación, disminución física o de incapacidad mental, inclusive.
Hay leyes que tienen el propósito de evitar, combatir, castigar y hasta erradicar la violencia contra las mujeres, y también otras que salvaguardan los derechos y la integridad de los niños. Hay también procedimientos legales más o menos ágiles para alejar de sus víctimas a los agresores violentos, a los machistas terroríficos.
Pero, en la familia también llega a haber personas que se vuelven mayores y que, mientras más viven, su situación se asemeja mayormente a la de un infante que no puede valerse por sí mismo, y que tampoco puede enfrentar situaciones de riesgo, ni responder sino llorando a cada humillación.
Es una paradoja, porque se trata de los fundadores de la familia que, cuando jóvenes, llenos de vigor formaron descendencia, y trabajaron hasta el límite para forjar un patrimonio que sirviese al fin de hacer crecer y formar a los suyos, pero también para vivir en la tranquilidad del retiro, al final de sus vidas.
Para ellos, las leyes han creado un sistema que propone el reconocimiento de su dignidad y el respeto a su persona, y lo adereza con medidas destinadas a hacer menos dura la carga sobre sus hombros, como la de otorgarles pensiones en el caso de que carezcan de una y no tengan ingresos propios ni rendimientos por inversiones; también la de concederles descuentos y hasta exenciones en el pago de contribuciones y servicios.
Ese sistema impone al gobierno el deber de crear políticas públicas encaminadas a la atención efectiva de la dignidad de nuestros abuelos, como la de que en las instalaciones públicas y en las de la iniciativa privada, se les trate con preferencia y funcionen obras y equipamientos que faciliten su accesibilidad a las personas mayores.
El Estado Mexicano ha mostrado preocupación por la integridad de las personas mayores, pero ha establecido en la ley penal apenas un lánguido sistema de sanciones para cuando sean adultos mayores las víctimas de delitos contra la salud personal y de obligaciones de asistencia familiar.
Sin embargo, ese es un esfuerzo que parece insuficiente para prevenir los abusos que puedan ocurrir en la clandestinidad que ofrece el hogar intramuros.
Las personas adultas mayores pueden sufrir situaciones mucho más graves que lesiones provocadas en su cuerpo, o la falta de alimentos.
No es arriesgado decir que en manos de los suyos podrán sufrir vejaciones impensables, quedar en la miseria perdiendo el control de su patrimonio que se esfuma ante sus ojos, y hasta vivir sin libertad en su morada, sin que nadie lo advierta, pues nadie pensaría que aquellos viejecitos sufren el maltrato de los suyos.
Llegar así a la etapa final de la vida ha de ser como vagar sin esperanza en un mundo de tinieblas para el que no hay Sol ni mañana.
Si la ley impone al Estado el deber de establecer políticas públicas a favor de la dignidad de los adultos mayores, como hoy llamamos a nuestros queridos ancianos, entonces se debe pasar del actual Estado Solidario que confiere trato preferente, dispensa trámites, concede pensiones, otorga descuentos y exenciones, construye rampas y castiga el desamparo y las lesiones, a un Estado Subsidiario que acuda en socorro de los adultos cuya condición física reclama la vigilancia protectora de las instituciones.
Si se considera que merecen concienzudo cuidado los niños, cuya vida, toda esperanza, apenas empieza, y por eso se crean leyes e instituciones encargadas de su atención garantizando sus derechos, asegurando su más integral desarrollo y previniendo y sancionando abusos y maltrato, igual se debe hacer en el caso de los adultos mayores, que en el ocaso de sus días también merecen la mejor calidad de vida, cuanto más que en la mayor parte de los casos trabajando han colmado una y mil esperanzas.
El Estado Subsidiario que acuda en socorro de quien le necesita debe tener en todo tiempo la facultad de comprobar el estado de salud física y mental de las personas adultas mayores, así como que estas viven en ambientes sanos, libres de abuso y maltrato, acordes a su situación patrimonial; que conservan sus bienes, asegurando que estos no sean objeto de dilapidación ni escamoteos, y estableciendo que la enajenación de sus bienes precisa de autorización judicial, sancionando con la nulidad las que se hagan sin este requisito.
Igulmente, ese Estado Subsidiario, para ser solidario, también debe ser justiciero, sancionando con penas agravadas todo acto de quebranto patrimonial que tenga como resultado la pérdida total o parcial de los bienes y derechos que formen el patrimonio de los adultos mayores, y que por malas artes hayan pasado a manos de terceros, sea quienes estos fueren.
Si se cuida a los chiquitines para que crezcan en paz; hay que cuidar a los viejecitos para que tengan paz.
