Palco de Prensa
Ironías de la vida, el regidor del Ayuntamiento de Tijuana, Héctor Reginaldo Riveros Moreno, pronto tendrá que dejar el cargo de Secretario Técnico de la Comisión Especial de Cabildo, integrada, supuestamente, para investigar los hechos que dieron lugar al escándalo político suscitado al interior del Palacio Municipal, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, por el presunto chantaje o extorsión, revelado por el propio edil, afirmando que le exigían el 50% de los ingresos ilegales del gobierno local.
El columnista comentó, el pasado miércoles 16 de abril, del año en curso, aquí en Palco de Prensa, bajo el título “Las comisiones del olvido”, que dicha comisión, no fue integrada precisamente para investigar y aclarar el escándalo, sino para desvanecer la tensión, a fin de que la comunidad se olvidara del asunto.
Señalaba entonces, que a partir de la designación de Riveros, los reporteros andan a la caza del regidor, y lo acribillan a preguntas, tratando de encontrar respuestas a sus dudas o inquietudes. Decía, que en cada ocasión, en que el regidor se ha visto rodeado de periodistas, trata de hacer uso de tecnicismos y procedimientos protocolarios, para destantearlos o confundirlos.
Que utilizaba expresiones, tales como “estamos integrando el expediente”, “ya solicitamos información a la sindicatura”, “ya estamos avanzando, pero aún no es momento de revelar lo que hemos encontrado”, “son demasiados documentos lo que hemos tenido que revisar” y, la última, “Sindicatura ya hizo las observaciones correspondientes y las envió a obras públicas para las aclaraciones correspondientes”.
Observaba el columnista que, dicho con todo respeto, Riveros parece merolico, en plena banqueta, diciendo una bola de disparates, a base de meras generalidades y simples verdades a medias. Que dado el acoso constante, ni al baño lo dejan ir con libertad.
También apuntaba que se sabía, que el Regidor Riveros, estaba suplicando a gritos que lo retiren de la famosa comisión especial de “investigación”, porque al cabo ni está haciendo nada y ya no encuentra qué decir a los periodistas que lo cuestionan, sobre su “misión especial”. Aunque las dudas y las sospechas, casi certidumbres, habrán de persistir.
Pues bien, por fin tendrá que “tirar la toalla”, como Secretario Técnico, y no porque ya haya concluido su misión, sino porque sus propios compañeros del Partido Estatal de Baja California, ya lo traen “de la cola”, por la presunta comisión de diversos delitos, en base a lo cual, el pasado lunes, presentaron ante la Legislatura Estatal, denuncia de juicio político.
La denuncia, fue formulada por Joel Anselmo Jiménez Vargas y Juan Sánchez Torres, con el carácter de militantes del Partido Estatal de Baja California, procediendo a ratificar el correspondiente escrito, ante el Diputado René Adrián Mendívil Acosta, en su calidad de Presidente de la mesa directiva de la XX Legislatura.
El asunto, aunque es entre apebecistas, es grave. A Riveros lo acusan por la presunta comisión de los delitos de peculado, difamación, calumnia, mal uso de recursos públicos y los que resulten de la investigación correspondiente.
Entre otras cosas, señalan que Riveros, siendo Presidente del Comité Municipal de PEBC, se auto-subarrendó una oficina, dizque para instalar la representación partidista, obviamente disponiendo para ello de los recursos públicos que el partido recibe de las prerrogativas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
Según la información que proporcionan, en lo personal, el Regidor adquirió en arrendamiento una oficina, mediante contrato celebrado con una empresa, o sea, para instalar su oficina, pero luego se la subarrendó al Partido Estatal de Baja California, representado por él mismo, con el carácter de Presidente del Comité Municipal, estableciendo una renta mensual de $ 5,500.00 pesos. O sea, con dinero de la organización partidista, cubrió la renta de su oficina personal, aunque resulta un tanto extraño, porque el local está vacío, o sea sin uso.
Esto se complicó para Riveros, pues habiendo sido denunciado por tales hechos, presuntamente ilícitos, respondió, acusando a sus acusadores de una serie de delitos, con el carácter de dirigente del PEBC. Denuncia esta que incluso ratificó ante la agencia del ministerio público.
Los hechos datan de abril del 2013, pero al ratificar la denuncia contra sus acusadores, estos estiman que ha incurrido en la presunta comisión de nuevos delitos, tales como difamación y calumnias.
Dicen, los acusadores, que al momento en que presentan la denuncia de juicio político, Riveros no ha presentado informes a la militancia partidista, respecto al uso y aplicación de los recursos públicos y advierten que los que ha efectuado, nunca fueron autorizados por asamblea partidista, además de que “teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de los recursos públicos, con engaño o aprovechamiento del error de los militantes perjudicó y alteró los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o prestaciones o exagerando las que hubiere hecho, empleando abusivamente la firma que se le confió”.
Bueno, el regidor Riveros incurrió en un grave error. Antes de que las cosas llegaran tan lejos, hubiese propuesto la integración de una comisión especial para “investigar” los hechos, hasta que todo se diluyera y quedara en el olvido. Se supone que es experto en eso, que por eso lo designaron para “investigar” el escándalo del Alcalde y el Síndico. Ahora, tendrá que ocupar el banquillo de los acusados, en la Legislatura Estatal.
