Columnista de la SillaRota: ROBERTO EHRMAN
Con una intervención inusual, el Poder Ejecutivo a través de su Consejería Jurídica, interpuso, el pasado martes 15 de abril, cuatro Controversias Constitucionales frente a la Suprema Corte contra los Poderes Legislativos y Ejecutivos de cuatro entidades federativas (Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora). La razón es que las leyes locales en materia educativa contienen artículos que posiblemente estén en abierta contradicción con los preceptos constitucionales y las leyes federales correspondientes promulgadas en septiembre del año pasado.
El caso merece atención debido a que el referente obligado en realidad son los Congresos locales, quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo las reformas pertinentes al ordenamiento jurídico de la entidad.
No vamos, sobre el tema, a profundizar la naturaleza de la controversia, debido a que la cuestión es más que obvia y conocida. Lo que merece atención es, por un lado, el rol político, más que jurisprudencial, que cada vez más adquiere el Poder Judicial; y por el otro, el precedente de un conflicto entre Poder Ejecutivo y Congresos locales que era mucho tiempo que no se presentaba.
En los últimos años la práctica legislativa, entendiendo por ella la labor de redacción y presentación de iniciativas de leyes y decretos, se ha preocupado, con un énfasis sin precedentes, en los riesgos y conflictos potenciales entre las nuevas propuestas legales y el marco constitucional.
La preocupación por una eventual controversia o acción de inconstitucionalidad es cada vez más presente[2]. El fantasma de un posible conflicto constitucional, además, ya se utiliza como argumento a sostén o en contra de propuestas legislativas; ejemplo de ello es lo que está ocurriendo actualmente en el Senado con la discusión sobre el dictamen de la reforma a la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, en donde el tema de un conflicto constitucional está retrasando seriamente el proceso de su eventual aprobación.
Lo anterior, tiene que verse como un buen síntoma, en el sentido de que se requiere cada vez más de una mayor profesionalización en materia legislativa. Por otra parte, se tiende a asignar al Poder Judicial decisiones que realmente poco tienen que ver con lo jurídico y mucho con lo político.
Recordemos, por ejemplo la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a finales de mayo del año pasado, en donde se ordenaba a la Cámara de Diputados a convocar un periodo extraordinario de sesiones para designar a los consejeros faltantes del IFE.
Por otra parte, la tendencia, inaugurada por la presente administración, de encauzar cada vez más a las entidades federativas hacia un proceso de mayor sujeción y control por parte del poder central, tiene otra confirmación con la presentación de la mencionada controversia constitucional.
Con la controversia, lo que se quiere es sentar un precedente. Que los estados uniformen sus ordenamientos jurídicos a los requerimientos de la reforma federal en materia educativa es solamente un pretexto. Lo que realmente se quiere es lanzar un mensaje para que las entidades federativas, y sus ordenamientos jurídicos, se uniformen lo más rápido posible a los cambios legislativos que el Poder Ejecutivo está impulsando a nivel central, con las reformas constitucionales, antes y ahora, con las reformas secundarias.
Hay temas mucho más álgidos que la reforma en el sector de telecomunicaciones, que requieren de una atención inmediata y urgente por parte de los Congresos estatales, se trata de las reformas secundarias en materia electoral.
El pasado 3 de abril, la Cámara de Diputados eligió a los “nuevos” once Consejeros electorales: por cierto, una elección definitivamente infeliz, llena de consecuencias negativas para el nuevo Instituto.
Ahora, se tiene hasta el 30 de este mes para publicar las reformas secundarias en materia; asimismo, es muy probable un periodo extraordinario del Congreso, por lo ríspido y difícil que se prevé serán las negociaciones legislativas.
Pasada esta etapa, los Congresos locales tendrán muy poco tiempo para uniformar sus códigos y legislaciones electorales en materia.
La Controversia en curso tiene un claro mensaje para todos los Congreso locales: o aceleran sus procesos legislativos internos para uniformar sus legislaciones locales a la federal, o tendrán que hacerlo a la fuerza, con base en una resolución explícita de la Suprema Corte, con todas las consecuencias y costos políticos que la misma conlleva.
Que la presente controversia sea dirigida a dos entidades gobernadas por partidos de oposición y otras dos por partidos de gobierno, a pesar de que hay otros estados que están en condiciones similares a ellos y con los cuales el Poder Ejecutivo no ha emitido acción en contra[3], deja claro que la acción legal tiene un fin simbólico y ejemplar, más que de fondo.
Lo anterior, sienta la bases para un conflicto cada vez más abierto con los las agencias del gobierno central, que si antes se manifestaba con disimulaciones legislativas, ahora, con la intervención del Poder Judicial ya no podrá darse como tal.
Lo peor es que los Congresos locales adolecen, aún más que el Congreso Federal, de la necesaria preparación legislativa, en sus cuadros técnicos y de apoyo parlamentario, para hacer frente a la próxima oleada de reformas federales.
Asimismo, las elecciones del año pasado renovaron 13 Congresos locales en los cuales, además, no solamente cambiaron los diputados, sino que también el personal técnico y en particular, a los Oficiales Mayores, sobre quién, en la mayoría de los casos, recae la mayor carga de trabajo en la elaboración y revisión de los textos legislativos.
El panorama no se ve muy alentador y en este último caso, valdría la pena basarse en la experiencia acumulada y en los saberes técnicos de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores[4], para solventar en parte, lo nubarrones que se acercan rápidamente sobre las legislaturas locales.
@EhrmanR
