Juan Manuel Salazar Pimentel
Un periodista refirió por la radio ayer, el conflicto por el que atraviesa la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, que litiga por el despido de una veintena de trabajadores que, según declaraciones del titular de ese organismo, lograron su chamba por la intervención de diputados locales, que se hicieron de ese privilegio como condición para votar a favor de la designación de ese procurador de los derechos humanos. La información dada por ese periodista me hace recordar un pasaje de nuestra historia que enseguida les voy a contar.
Fue en la mañana de un día de julio de 1999. Era yo el Subprocurador General de Justicia del Estado, y había sido propuesto por el Gobernador para ocupar el cargo de Procurador General; así que entré en ese proceso de designación estatuido en la Constitución estatal, que le da a los diputados el poder de elegir o no, al candidato que el Ejecutivo les proponga.
Inicialmente creí que los diputados me habían invitado a una sesión-desayuno que se celebró en un amplio salón del más aristocrático hotel de Mexicali; luego supe que esa reunión fue convocada por los legisladores, pero pagada con cargo al presupuesto de la Procuraduría, lo que me pareció un abuso, porque ese proceso no debía implicar esos gastos, dado que esos encuentros podían hacerse sin alardes y en las propias instalaciones públicas.
El caso es que durante el desarrollo de aquella reunión los diputados hicieron todo tipo de preguntas relativas al funcionamiento de la procuraduría, a sus necesidades, al desempeño de su personal, a la prestación del servicio, a mi capacidad profesional, a la colaboración con el legislativo y, entreverado con todo esto, llegaron a plantear algunas necesidades especiales, para cuyo cumplimiento reclamaban que el procurador atendiera las propuestas que le formularan los diputados, quienes podrían tener candidatos para ocupar puestos en la plantilla de personal de la procuraduría, mismos que una vez en la nómina, también les harían el servicio de informarles de primera mano todo cuanto sucediera dentro de la dependencia.
El punto me dio la oportunidad para comentar a los diputados que desde mi ingreso a la procuraduría, el 26 de mayo de 1999, vi que allí había muchas personas que en vez de trabajar para la institución sirviendo a la gente, lo que hacían era servir como “la oreja” de un funcionario ajeno a la procuraduría, y que entre ellos había quienes se jactaban de ser oreja de tal o cual diputado, o de algún funcionario del ejecutivo y de otros más.
Les dije que iniciando mi gestión lo primero que haría sería poner fuera a tantas orejas que sólo estorbaban y eran símbolo de indisciplina y de corrupción; que no aceptaría propuestas de esa naturaleza, y que si los diputados querían favorecer a alguien con un puesto en la procuraduría, los interesados tendrían que cubrir los requisitos de ingreso y esperar a que en su turno fueran llamados, si tenían las aptitudes necesarias para cubrir una vacante.
A eso agregué que si querían elegirme así, que así lo hicieran; pero no concedí en perjuicio de la institución el privilegio que me pidieron, ni comprometí nada de la procuraduría, a cambio de mi designación. Así me eligieron.
Por eso, cuando escucho que el procurador de los derechos humanos, y lo escribo con minúsculas a propósito, cuenta cómo sucumbió ante los diputados para que lo eligieran, aceptando incluir en la nómina a sus recomendados, y que ahora pide recursos para liquidarlos por haberlos despedido cuando se negaban a trabajar, me siento contento de haber actuado como lo hice en mi tiempo, como también celebro que jamás accedí a pagar con el dinero público convites ni francachelas a favor de nadie.
