Columnista de la SillaRota:  MARTÍ BATRES

 

Es un momento distinto porque estábamos acostumbrados a celebrar todos los mexicanos la gloria de la expropiación, el momento culminante de la revolución mexicana, nuestra tercera independencia nacional, después de la reforma y de la revolución de independencia.

 

Pero el problema no es sólo la privatización de los energéticos. Pocas veces el pueblo de México ha sido sometido a tantas agresiones en tan poco tiempo como ahora. En tan sólo un año, el gobierno federal hizo aprobar en el Congreso de la Unión todas las reformas que quiso para desaparecer derechos, para desnacionalizar, para privatizar. Trató a los legisladores como sirvientes a su servicio.

 

Por eso, el problema no sólo es la privatización del llamado oro negro sino todo el paquete de reformas aprobadas en esta legislatura porque constituyen una regresión, un atentado contra la gente y contra la viabilidad del país.

 

La reforma laboral facilita el despido de los trabajadores, la reforma educativa facilita el despido de los maestros; la reforma en telecomunicaciones abre la telefonía, la televisión y la radio a inversiones 100 por ciento extranjeras; la reforma financiera castiga con cárcel a los pequeños y medianos empresarios que tengan deudas con la banca, la reforma hacendaria aumenta los impuestos al pueblo, eleva el IVA del 11 al 16 por ciento en las fronteras, desaparece el régimen del pequeño contribuyente, mete impuestos a los alimentos por la puerta de atrás y aumenta el precios de la gasolina, el gas y la luz.

 

La reforma energética está hecha para que las compañías extranjeras se queden con la mitad del petróleo que encuentren en el territorio nacional y lo puedan saquear rápidamente para llevarlo sin procesar, como materia prima, a las metrópolis mundiales y, como en nuestro país el presupuesto se hace con el petróleo, habrá menos recursos para salud, educación y vivienda si llega a concretarse en la vida cotidiana este despojo constitucional.

 

La reforma política, finalmente, es para que los que aprobaron estas reformas se puedan reelegir una y otra vez como en la época del porfiriato. Esas son las reformas estructurales que presume Enrique Peña Nieto en el mundo y son las que aplauden gobiernos extranjeros, compañías extranjeras, pero no los mexicanos.

 

Todas esas y más son en realidad contrarreformas promovidas por el gobierno de Peña Nieto y aprobadas por la alianza del PRI, el PAN y el PRD. El mismo 18 de marzo, esa alianza aprobó una reforma para arrebatarle a los trabajadores sus ahorros para la vivienda y entregarlos a las usureras afores de los bancos con el pretexto de hacer el seguro de desempleo cuando prometieron que ese seguro sería financiado con la reforma hacendaria que se atrevieron a decir que sería una reforma social.

 

El PRI, el PAN y el PRD aprobaron la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera, la reforma política. Mientras, PRI y PAN aprobaron la reforma laboral y la reforma energética, PRI y  PRD aprobaron el aumento de impuestos y están aprobando ahora el despojo de la vivienda de los trabajadores.

 

Ante esta andanada conservadora se hace indispensable conducir a la nación a un rumbo nuevo. Ya el General Lázaro Cárdenas del Río demostró todo lo que se puede hacer cuando un gobierno trabaja con el pueblo. El país necesita un gobierno como el del General Cárdenas, no lo digo sólo por simpatía a su legado, ni por la cercanía ideológica, sino porque en la situación en la que se encuentra México es una necesidad.

 

@martibatres