Palco de Prensa
El escándalo político, suscitado al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre el Alcalde, Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, por presunto chantaje o extorsión en contra del edil, reclamando el 50% de los supuestos ingresos indebidos del gobierno municipal, contra la voluntad de ambos, que evidentemente ya habían pactado dejar las cosas por la paz, será ventilado en el terreno penal.
El pasado viernes, 14 de marzo, del año en curso, el C.P. Alberto Escourido Moreno, Presidente fundador del Grupo 100 por Tijuana, A.C., presentó el escrito de denuncia ante la Agencia Especializada de Delitos Patrimoniales, de la Procuraduría de Justicia del Estado, siendo registrada bajo expediente número 750/14/2011/ac.
La denuncia, fue por la presunta comisión del delito de chantaje, en grado de tentativa, en perjuicio del Alcalde Jorge Astiazarán Orcí, y en contra de quien resulte responsable de los delitos que se configuren durante la indagatoria. Por lo tanto, les guste o no, ambos personajes serán llamados a declarar ante el Ministerio Público, en torno a este escándalo político.
El columnista, ayer logró charlar brevemente con el denunciante, quien manifestó que lo hizo como ciudadano común y corriente, preocupado por los graves señalamientos hechos por el Alcalde Astiazarán y al considerar que el propio edil debió haber hecho la denuncia ante las autoridades competentes.
Preocupa, indicó, que el propio Alcalde haya dicho que se le exigía el 50% de 80 millones de dólares, que supuestamente suman los ingresos indebidos que obtiene el Ayuntamiento, y que no obstante la gravedad, Astiazarán no mostró interés de hacer una denuncia formal ante el Ministerio Público.
Igualmente, observó que es preocupante, que se hable de ingresos indebidos por 80 millones de dólares. Incluso, se habla de que hubo intentos de negociación entre las partes, en cuanto al porcentaje exigido, hasta que el Síndico Procurador suspendió provisionalmente a funcionarios del área de obras públicas e incluso al Secretario General de Gobierno, Bernardo Padilla.
Se recuerda, que el viernes 28 de febrero del 2014, Astiazarán sorprendió a todos los periodistas presentes en una conferencia de prensa, cuando súbitamente reveló que dese el inicio de su gestión como Alcalde, empezó a ser objeto de hostigamientos, de parte de colaboradores del Síndico Procurador.
“Querían participación del 50% de todos los negocios ilícitos que habitualmente se manejan en el municipio. Hasta manejaron una cifra mágica : que en una administración municipal se manejan hasta 80 millones de dólares, de corrupción”, señaló Astiazarán.
También reveló, que tenía información extraoficial de los cobros ilegales, en administración urbana y alcoholes, antes de asumir la alcaldía, y confesó : “yo realmente pensaba que eran historias, que eran cuentos, pero es una realidad”.
A esto añadió, que elementos de Sindicatura acudieron al área de Desarrollo Urbano, indicando que tenían compromisos con ciertas constructoras y que era importante que las tomaran en cuenta. Incluso, que se acercaron con un mando de la policía, a manifestarle que querían un sobre, por semana, de participaciones, respecto a los ingresos ilegales.
El Alcalde comentó que no era iluso, que la corrupción no se va a acabar de la noche a la mañana, pero que sin embargo, sí se puede acotar. Sin embargo, reconoció que no tenía pruebas para fundamentar su denuncia. “Es mi palabra, contra la de él”, diría.
Entonces, el Síndico Procurador, emitió comunicado dando a conocer que había aceptado las renuncias de sus colaboradores, Guardado y Salazar, pero retó públicamente al Alcalde Astiazarán, para que le probara las denuncias hechas en su contra, o que rectificara y limpiara el nombre de la familia Ledezma.
Esto dió lugar a una nueva entrevista. Los periodistas trataron de conocer la respuesta de Astiazarán al reto del Síndico. Entonces, de manera tajante, el Alcalde respondió : “lo digo y lo ostengo”. Sin embargo, al preguntarle si haría alguna denuncia formal, dijo que no era necesario, que ya lo había hecho público y que el presunto delito es de los que se siguen de oficio.
De pronto, la procuraduría de Justicia se vió acosada por decenas de periodistas, que insistían en saber si de oficio se abriría una investigación, como lo dijo el Alcalde. Se dijo que los presuntos delitos denunciados, eran en contra del honor de las personas y que se requería una denuncia formal. Esto fue el miércoles 5 de marzo. Tratando de “apagar” el conflicto, se designó una comisión del cabildo para investigar este asunto, aunque evidentemente se trataba de diluir la tensión y darle “carpetazo” al asunto.
Sin embargo, el Presidente fundador del Grupo 100 por Tijuana, A.C., Alberto Escourido Moreno, al considerar que este asunto no debería quedar en meros señalamientos o acusaciones medíaticas, dada la gravedad de lo denunciado por Astiazarán, decidió presentar la denuncia formal de los hechos ante el Ministerio Público, el cuál le dió entrada y en los próximos días deberá citar a declarar, tanto al Alcalde Astiazarán, como al Síndico Procurador, para que aclaren y precisen el presunto chantaje o extorsión.
Contra su voluntad, les guste o no les guste, ambos funcionarios serán puestos contra la pared, para que precisen los hechos relativo a los presuntos delitos, o “callen para siempre”. De antemano se advierte que esto revivirá el escándalo político y que los periodistas estarán a la expectativa, en espera de tronantes declaraciones. Sin embargo, hay quienes advierten que todo quedará a nivel mediático, en disculpas mútuas y en “un abrazo de amigos”.
