Al filo de la navaja
Por: Raúl Ramírez Baena*

A la memoria de doña Cristina Palacios, a un año de su partida.

Felipe Calderón y José Guadalupe Osuna Millán (gobernador de Baja California en el período 2007-2013) presumieron que Tijuana era el “Modelo exitoso de Seguridad” en el país, basados en el “trabajo” desarrollado por el Gral. Alfonso Duarte Mújica, comandante de la II Zona Militar y posteriormente de la II Región Militar (2010-2012),[1] y del Tte. Cor. Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (2007-2010), visión que ha hecho mucho daño al país porque presupone que las acciones de fuerza y la militarización de la Seguridad Pública son la solución mágica a la crisis estructural de inseguridad. Incluso, prestigiados académicos han creído ese “mito genial”.

La falta de visión integral sobre el tema de la Seguridad Pública hizo que el actual presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, a pesar de haber sido Director de Seguridad Pública Municipal (1996-1998) y presidente municipal del mismo municipio años atrás (2001-2004), nombrara como jefe policíaco a un militar, el Gral. José Ramírez Cardozo, ex Comandante de Sección en el 5to Batallón de Infantería en Tijuana, quien trabajó bajo las órdenes del Gral. Alfonso Duarte Mújica.[2]

El error de Jaime Díaz no consistió en ignorar que el general Ramírez Cardozo hubiese tenido antecedentes penales en la justicia militar (cosa que ocultó ante el Cabildo mexicalense), sino haber nombrado a un militar en el cargo, sin antecedentes ni experiencia alguna en materia de Seguridad Pública.

Ramírez Cardozo, además de haber sido parte del equipo del Gral. Alfonso Duarte (quien tienen en su haber ser el responsable del mayor número de casos sobre violaciones graves a los derechos humanos en Baja California, perpetrados presuntamente por un comando negro integrado por elementos de inteligencia militar bajo su mando), durante su corta gestión de menos de 3 meses como jefe policíaco de Mexicali tomó decisiones que alteraron la vida institucional de la corporación municipal:

1.     Sin distingo de quienes en realidad eran o no “aviadores”, despidió a más de 100 policías y trabajadores de la Dirección a su cargo, sin hacer un análisis de puestos, de desempeño, de antigüedad y de capacidades, y sin respetar los derechos laborales y de audiencia de esos trabajadores;

2.     Degradó a mujeres policías que habían obtenido puestos de mando policial en anteriores administraciones, omitiendo incorporar en la corporación, como era su obligación, políticas con perspectiva de género;

3.     Omitió también incorporar en la institución policial municipal políticas con enfoque de derechos humanos, evadiendo la capacitación especializada en esa materia de los elementos de base y del cuadro de mando en la Academia de Policía municipal;

4.     Contrario a la propuesta de la ONU sobre Seguridad Ciudadana, que prevé el arraigo de los policías en sus comunidades de origen para la mayor identidad con las demandas y necesidades ciudadanas, cambió a los policías originarios del Valle de Mexicali a la Cd. de Mexicali y viceversa, con los consecuentes perjuicios económicos y laborales, provocando la inconformidad de los afectados, y

5.     Ante el incremento de los índices de criminalidad y delincuenciales en el Valle de Mexicali, al general no se le ocurrió otra cosa más que incorporar en operativos a elementos militares y de otras corporaciones, los que, además de ser ineficaces para combatir los delitos, trae como consecuencia violaciones a los derechos humanos de personas detenidas arbitrariamente.

Es muy significativo que, ante la crisis por la que atraviesa la policía municipal de Mexicali, las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del Congreso de Baja California y del Cabildo no hayan puesto atención a este delicado asunto, tomando como base los estándares internacionales en materia de Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Es cierto que los índices de criminalidad, narcomenudeo y secuestros se han incrementado no sólo en Baja California sino en todo el país, pero recurrir a la fuerza militar, muy efectiva para la defensa de la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional, acarrea resultados desastrosos a la Seguridad Pública y los Derechos Humanos, como bien se demostró en el sexenio pasado.

El pragmatismo puro lleva siempre a las autoridades a realizar operativos que irremediablemente terminan deteniendo en la vía pública a adictos, jóvenes, trabajadores pauperizados, migrantes, trabajadoras sexuales y otros grupos vulnerables con una gran carga de violencia y de abusos en contra de esas personas, eso sí, con un gran despliegue de medios. Es peor el remedio que la enfermedad.

A pesar de las fallas estructurales cometidas por el Gral. Ramírez Cardozo en funciones de jefe policíaco, las autoridades municipales siguen sin acudir a especialistas, académicos, policías experimentados y organizaciones no gubernamentales para la recomposición de tan importante área. En pocas palabras, no se dejan ayudar, pues.

* Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Marzo de 2014

[1] “En Baja California, desde hace dos años, el Mando Único es el Gral. Duarte. Con él se reporta el Procurador, el Secretario de Seguridad Pública y los secretarios de Seguridad Pública municipal”, José Guadalupe Osuna Millán en entrevista con Joaquín López-Doriga, Radiofórmula, 07 de octubre de 2010. El Gral. Alfonso Duarte Mújica fue comandante de la II Zona Militar en Tijuana y posteriormente de la II Región Militar, en cuyos cuarteles se ha registrado el mayor número de quejas por tortura en el país entre los años 2009 y 2012.

[2] http://www.monitorbc.info/nota.php?nta=2779&sec=rgnl