AFN POLÍTICO

*.- Astiazarán 3 Ledesma 0
*.- Responde la Procuraduría
*.- Cardona forma “Observatorio”

DORA ELENA CORTÉS
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TIJUANA BC 6 DE MARZO DE 2014 (AFN).-  En el conflicto que estalló dentro del ayuntamiento de Tijuana, el síndico Procurador Arturo Ledesma Romo ha dado tantos traspiés que genera desconfianza sobre las acciones que tomó el pasado 21 de febrero, cuando se le ocurrió suspender a tres funcionarios, entre éstos al Secretario General del gobierno municipal, Bernardo Padilla Muñoz.
 
Y es que no solamente provoca dudas, porque suspende a los funcionarios del área de Obras argumentando una serie de presumibles irregularidades, sino que también genera éstas cuando decide restituirlos en su cargo, sin explicación oportuna para la ciudadanía, ya que les notificó ayer al mediodía a los señalados que podrían regresar a sus trabajos y no fue sino hasta la tarde de hoy cuando mediante comunicado hizo saber que dio marcha atrás en esa medida.
 
El panorama que ahora se observa dentro del gobierno de la ciudad parece darle un primer triunfo al Presidente municipal Jorge Astiazarán Orcí, ya que no obstante que le fueron suspendidos en forma sorpresiva estos tres funcionarios, ahora el saldo nos muestra que los mismos han regresado por una u otra razón a sus posiciones, en cambio que el síndico Ledesma Romo perdió a dos de sus principales colaboradores al recibir la “renuncia” de su Contralor Joel Guardado Reynaga y su asesor Rubén Salazar Limón.
 
En el caso de la directora de Obras e Infraestructura Urbana, Marcia Eugenia Salcido Moreno y el subdirector Marco Antonio Vuelvas Díaz, la Sindicatura estableció mediante comunicado que las correspondientes suspensiones quedaban “sin efecto, toda vez que dicha medida cautelar cumplió con su objetivo”. Luego cita sin establecer qué dice, el artículo 66, Fracción XI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad.
 
Y aunque se asegura que el procedimiento administrativo en contra de éstos “sigue su curso para deslindar responsabilidades de los funcionarios referidos” no aclara qué objetivo cumplieron estas suspensiones, ya que cuando se ordenaron se dijo que se hacía para que “no interfirieran en el desarrollo de las investigaciones”.
 
¿Quiere decir entonces que la sindicatura ya concluyó la investigación correspondiente? ¿Entonces esta oficina ya está en posibilidad de informarnos qué fue lo que realmente encontró? ¿Salcido y Vuelvas resultaron inocentes? ¿Los encontraron culpables? Y si así es ¿por qué se les restituyó en sus cargos? Sin embargo está claro que nada de esto sucedió ya que se advierte que las investigaciones continúan su curso. Por esto de nueva cuenta volvemos a la pregunta original: ¿qué objetivo se cumplió?
 
*.- Responde la Procuraduría

En nuestra última columna comentábamos que la Procuraduría General de Justicia del Estado como “Poncio Pilatos” se “lavó las manos” en el caso del conflicto que vive el ayuntamiento de la ciudad.
 
Y por ahí alguien me explicó que la institución considera que no se configuran los delitos de extorsión ni de extorsión en grado de tentativa, ya que para esto el alcalde tendría que haber cometido alguna acción irregular bajo la presión de los funcionarios que presumiblemente lo estaban hostigando. Y si eso sucedía así resultaba difícil que se fuera a presentar una denuncia porque sería como si un narcomenudista fuera a quejarse ante la autoridad de que le robaron su droga.
 
Debatimos sobre este punto de manera cordial, ya que yo establecía que según lo que había entendido de la denuncia del presidente municipal, éste acusó  el intento de extorsión que se estaba dando, sin aceptar haber aceptado atender esas irregulares peticiones y que precisamente por esto decidió hacer la denuncia pública.
 
Entonces cuestionaba a la fuente sobre el hecho de que si no se configuraba ni siquiera un delito de extorsión en grado de tentativa ¿por qué la Procuraduría no intervenía de oficio al enterarse de que se estaría gestando un ilícito? También le comentaba que porque no inicia una averiguación previa, ya que me decía que no era el alcalde ni ningún otro funcionario el que tenía que calificar el delito, sino el ministerio público ¿y entonces…?
 
Ante la insistencia de que no se podría actuar de manera oficiosa, tan sólo porque aparecían denuncias en los medios le formulé una pregunta que me inquietaba, sobre todo porque reiteraba que tendría que mediar una denuncia del afectado.
 
Mi pregunta fue: ¿qué pasaría si yo les digo que escuché que en la casa de al lado se planeaba un secuestro? ¿Qué pasaría si yo que no soy la afectada y no quiero acudir a presentar una denuncia, asumiendo que ya con haberles pasado el dato, cumplía con mi consciencia? ¿Ellos me responderían tratando de convencerme de que no podría ser un secuestro el que se intentaba sino una privación ilegal de la libertad? ¿Nos pasaríamos el tiempo debatiendo si era uno u otro el delito mientras secuestraban y mataban a la persona?
 
Y el “Reportero del Barrio” como siempre chismoso y escuchando, intervino y me advirtió: no te preocupes… yo luego te explico.

*.- Cardona forma “Observatorio parlamentario”

Y cambiando rotundamente de tema, ya que no tiene que ver con el asunto anterior, rescatamos el hecho de que en días recientes el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides presentó una iniciativa que pretende rediseñar el proceso de evaluación legislativa, para someter a la opinión ciudadana la revisión del desempeño gubernamental.
 
Para tal efecto el ex presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, sugirió reformar los artículos 38 y 39 de la Constitución local para que mediante una reforma se genere la obligatoriedad y permanencia de este Observatorio, además de establecer mecanismos de participación ciudadana para determinar sus resultados.
 
Esta propuesta según indicó destaca que la modernización de las prácticas gubernamentales es uno de los puntos más relevantes y urgentes en las agendas de gobierno, pero también establece que no debe limitarse a los aspectos tecnológicos sino encaminarse a la revisión exhaustiva y eficiente de los objetivos alcanzados en los planes de desarrollo, de manera que al final de cada periodo el gobierno y los ciudadanos puedan evaluar el desempeño realizado por los funcionarios y tomar las decisiones pertinentes para hacer más eficiente el desempeño público. Esta propuesta quedó en manos de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXI Legislatura para su estudio.

PD.- El problema no es ser joven sino la causa que llevó al nombramiento y los acuerdos que se establecieron previamente para esto.

PD1.- Y hablando de legisladores, el que ha estado muy activo enviando información sobre las labores realizadas en los últimos días es el diputado panista Gerardo Álvarez quien comentó tiene mucho interés de continuar en constante comunicación con los ciudadanos para ayudarles a resolver los problemas que enfrentan, pero también para apoyarles en gestiones que tiene que hacer ante los diversos niveles de gobierno.