Palco de Prensa
Con la promesa del columnista, autor de Palco de Prensa, de que tratará de que esta sea la última vez que aborde el tema del escándalo político, suscitado al interior del Palacio Municipal, entre el Alcalde Jorge Astiazarán Orcí y el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, se permite hacer algunas precisiones, en base a las cuales, se puede decir que este asunto fue sumamente aparatoso, pero que no pasará de ser un tema más del anecdotario político de Tijuana.
Con frecuencia ocurre, en los pleitos que se ventilan ante los tribunales civiles, que parte actora o demandante, y demandada, agotan todos sus argumentos. La primera, para hacer reclamaciones, aparentemente contundentes, al segundo, y éste, para demostrar que resultan infundadas e improcedentes.
Incluso, pueden llevarse años, y al final, resulta que no hay, ni ganador, ni derrotado. El juzgador, simplemente decreta que deja a salvo los derechos de ambas partes, para que los hagan valer en la vía y forma que estimen pertinente.
Habría que apuntar, que las formas de conducta reguladas por la ley, se les conoce como figuras jurídicas y las mismas están integradas por una serie de elementos, de forma tal que si falta uno, que sea esencial, no es la que se hizo valer, inicialmente, sino una totalmente distinta. Esa equivocación o errónea apreciación, lleva a que las pruebas no sean las idóneas y resulten deficientes o insuficientes.
Pero en el caso particular, del citado escándalo político, hay dos elementos básicos. El Alcalde acusó a los Ledezma Romo, de estarlo chantajeando o extorsionando, para que les entregara el 50% de los ingresos indebidos de su administración.
Quienes están cerca del edil, afirman que los supuestos extorsionadores, prácticamente le pusieron una pistola en la cabeza, para tratar de obligarlo a ceder ante sus reclamos. Las referencias al respecto, efectivamente debieron ser sumamente incómodas y denigrantes para el funcionario.
Pero lo que más llama la atención, es el tamaño de la exigencia : el 50% de lo que el XXI Ayuntamiento de Tijuana recaude por concepto de cobros ilegales, sean por licitaciones de obras o la tolerancia para el funcionamiento de giros negros, tales como bares y centros nocturnos.
El Alcalde dice, que su administración es honesta, ajena a tales cobros indebidos. Aunque reconoció que sabía que se daban ese tipo de cobros, confesó que creía que eran simples historias, pero que ahora se daba cuenta de que eran una realidad.
En principio, salvo prueba en contrario, se deja en la primera parte, en que el XXI Ayuntamiento no hará cobros indebidos. Si esto es cierto, hubiese bastado que respondiera a los presuntos extorsionadores, que el 50% de los ingresos, que dizque exigían, le parecía poco, que les podría dar un porcentaje mayor. Un 70% u 80%.
Los lectores pueden sacar sus calculadoras o consultar algún experto financiero, o bien a un estudiante de primaria, para que les indiquen cuánto es el 50% de nada. Ni se quiebren la cabeza, es menos que nada.
Por lo tanto, el que alguien exija a una persona, concretamente al Alcalde de Tijuana, que le entregue el 50% de los cobros indebidos, no debe incomodarle de manera alguna, si es que realmente no habrá tales cobros. Se hubiera reído de ellos y se hubiese evitado corajes e inquietudes.
Efectivamente, mucho se ha dicho, pregonado o rumorado, que las administraciones municipales, o mejor dicho ciertos funcionarios municipales, se retacan de dinero las bolsas, con la tolerancia en la operación de los giros negros, el tradicional “diezmo” en las licitaciones de obras públicas, en la venta de permisos de transporte público o el disimulo para que operen sin permiso alguno, entre otras cosas.
Las supuestas “víctimas” de tales extorsiones, ni se quejan, pues a la vez eso les permite operar libremente, en un mar de irregularidades, ante la complacencia de las autoridades. Lo único que delata esas “recaudaciones”, es la “prosperidad” en algunos de los funcionarios. Llegan a la chamba muriéndose de hambre y, al salir, parecen exitosos empresarios.
No es difícil identificar a esos políticos, que aparentemente se sacaron el premio mayor de la Lotería Nacional, curiosamente sin comprar boleto. Simplemente se treparon a la administración pública en turno, y le dieron vuelo “al diente”.
Hasta ahora, en este caso concreto, se habla de los montos que supuestamente se recaudan, por esos cobros indebidos. Astiazarán dice que le exigieron el 50% de 80 millones de dólares que estiman se recaudan ilícitamente, o sea que pretendían les entregara 40 millones.
Pero, surge el cuestionamiento : ¿Quién pudo haberles dicho lo relativo a los montos y conceptos de tales cobros? ¿Sería alguien del XX Ayuntamiento, que encabezó el empresario Carlos Bustamante?
Y otra cosa : ¿Quién o cómo se contabilizarían los ingresos indebidos, para determinar el porcentaje correspondiente?
Pretendía concluir que esto es una mera vacilada, pero no ha sido así. Aunque la postura oficial fue y ha sido que no habrá ingresos indebidos, los extorsionadores pedían la anuencia para ellos cobrarlos directamente. Aunque ahora se hagan los dignos.
