Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
El escándalo político, suscitado al interior del Palacio Municipal de Tijuana, entre la sindicatura y el gabinete del Alcalde Jorge Astiazarán, va para largo. Como las telenovelas, que se prolongan, mientras tienen un alto “rating”, pues cada día le agregan detalles e involucran nuevos personajes.
Sin embargo, cabe la observación, hay pasajes en los que parece que están en idioma extranjero, pues los actores dicen cosas, poco entendibles, que no son tan explícitas como debiera ser. Por ello, han surgido múltiples interrogantes que exigen una respuesta clara y convincente. Como que hacen falta traductores o intérpretes.
Para empezar, se suponía que el Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, venía con la “espada desenvainada”, para hacer trizas al exalcalde Carlos Bustamante, determinando responsabilidades y sanciones, por las presuntas irregularidades en que haya incurrido en su gestión, que tantas “leyendas populares” generó.
Sin embargo, se agotó el plazo de 90 días que tenía para ello y ni pío dijo respecto a las inconsistencias del XX Ayuntamiento. Porque de que las hubo, las hubo. Todos los funcionarios del XXI Ayuntamiento, reportaron a Sindicatura las presuntas irregularidades que detectaron en sus respectivas áreas.
En atención al escándalo político, que ha captado tantos reflectores, en el que salió a relucir que los hermanos Ledezma, Arturo y Miguel, exigían al Alcalde Astiazarán, que se “mochara” y les diera el 50% de los ingresos ilícitos, resulta lógico preguntar : ¿Acaso Bustamante se “mochó” con ellos y por eso lo dejaron en paz, al grado de que hasta resentimientos olvidaron? Tal parece.
Y si el Síndico Procurador, ha sido omiso en determinar responsabilidades y posibles sanciones, ante presuntas o supuestas irregularidades de la administración de Bustamante ¿Por qué el Cabildo no lo ha llamado a cuentas, si el Síndico forma parte del mismo y no es precisamente autónomo? ¿Qué acaso el Síndico Procurador, tiene más poder que el Alcalde y todos los regidores juntos?
Lo más grave, es lo revelado por Astiazarán, en el sentido de que desde el primero de diciembre en que tomó posesión, fue hostigado por los Ledezma Romo, para que les diera la mitad de los ingresos ilícitos, que estimaron en unos 80 millones de dólares.
¿De dónde sacaron esa estimación? ¿Si exigían “mochada”, significa que sí hay ingresos ilícitos? ¿Acaso fueron “asesorados” por el exalcalde Bustamante?
Lo interesante, fueron las expresiones del actual Alcalde, al respecto. Dijo que tenía información, extraoficial, de ingresos ilegales, en áreas como administración urbana y alcoholes, antes de sumir la alcaldía. "Yo realmente pensaba que eran historias, que eran cuentos, pero es una realidad", subrayó. ¿Realidad ? ¿Antes, o ahora?
¿Esto significa que es cierto, que en cada administración municipal, quienes están al frente de la misma, se echan a la bolsa unos 80 millones de dólares, por cobros indebidos ?
¿Entonces, por qué, ningún Alcalde investiga a su antecesor, aún a sabiendas de tales irregularidades ? ¿Será acaso que simplemente las consideran “normales”, o que ellos harán lo mismo ?
Dice el Doctor Astiazarán, que sufrió hostigamiento y exigencias de parte de los Ledezma Romo, desde el día en que tomó posesión. ¿Por qué no lo denunció antes, sino hasta los 3 meses y luego de que la Sindicatura, como una muestra de presión, suspendió a Bernardo Padilla, Secretario General del Ayuntamiento?
¿Qué habría pasado, si el Alcalde accede a otorgar el “moche” exigido? No se puede dar el 50% de ingresos indebidos, si no hay tales.
Durante 3 meses, Astiazarán soportó la incomodidad de las presiones. ¿Qué acaso se le olvidó, que el gobierno municipal, es un órgano colegiado, integrado también por los regidores y el propio Síndico? Si hubiese revelado las presiones, oportunamente.
¿Dada la gravedad y el escándalo, no era obligación del Alcalde, dar a conocer tales hechos, al Cabildo en pleno, y en pleno tomar decisiones al respecto?
¿Qué es lo que sigue ?
El Alcalde Astiazarán, debe presentar, ante los miembros del Cabildo, una relatoría detallada, sobre el hostigamiento y exigencias de los Ledezma Romo. Con pelos y señales. Aunque dice que no tiene pruebas, que es “palabra contra palabra”, la palabra de Alcalde, tiene un enorme valor. La del Síndico, ni valor tiene.
En materia legal, los testigos, los indicios, las acciones colaterales, son factores importantes.
Así mismo, debe formular, formalmente, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, contra los Ledezma, y quienes resulten responsables, por los delitos que pudiesen resultar, de todo esto. Esto, es una obligación del Alcalde.
Cabe observar que, conforme a lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, en este caso procede el juicio político en contra del Síndico Procurador, Arturo Ledezma Romo, y funcionarios de Sindicatura que resulten involucrados. ¿Qué acaso se pretende simplemente agotar el aspecto mediático?
Urgen las respuestas a estas y a otras muchas interrogantes.
