Palco de Prensa
El pasado jueves, 13 de febrero, bajo el título de “La prepotencia, el columnista observaba que, con frecuencia, los ciudadanos comúnes y corrientes son víctimas de abusos, de parte de policías arbitrarios y funcionarios prepotentes, abusivos. Y decía, que los superiores jerárquicos, de los prepotentes y abusivos, siempre sacan alguna justificación o explicación, argumentando que fueron simples “malos entendidos” o que eran justificados los actos, por la rebeldía e irrespeto de “Juan Pueblo”.
Indicaba que la prepotencia, es un mal que afecta a casi todos los elementos de corporaciones de seguridad pública o custodios de reclusorios. Recalcaba, se entiende que la mayoría de ellos son de bajo nivel cultural, aunque advertía que eso no es precisamente condicionante para que sean arbitrarios.
Hacía hincapié en que, los prepotentes, son individuos irracibles, incendiarios, de esos de mecha corta, que con cualquier pretexto se encienden y descargan sus corajes y frustraciones con el primero que se cruza en su camino. Advertía, que si por naturaleza propia, son proclives a la violencia, dótenlos de una arma y una placa policiaca, y lo demás es fácil imaginarlo.
Subrayaba que gran parte de la prepotencia, la originan principalmente los jefes de esos individuos, que no solamente les toleran sus arbitrariedades, sino que los alientan. Que la instrucción precisa es que impongan su autoridad, a como dé lugar. Sobre todo, que no se intimiden si con quien se topan es algún periodista, algún político o funcionario público. Que los salvajes se sienten todopoderosos.
Entonces, apuntaba que ahora, son los abogados, los que están padeciendo la prepotencia de los directivos y custodios de la Penitenciaría del Estado en La Mesa. Refería que en días pasados, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados “Emilio Rabasa”, A.C., se reunió, en atención a las múltiples quejas recibidas, tanto de parte de miembros de dicha organización, como de la ciudadanía en general, respecto al trato recibido, de manera indigna, despótico y violatorio de los derechos humanos, por parte de las autoridades carcelarias.
Entre otras cosas, señalaba, que los abogados que tienen la necesidad de acudir al penal a entrevistar a sus clientes ahí recluidos, son sometidos a revisiones indignantes. Les ordenan quitarse los zapatos, en algunos casos hasta la ropa y de paso, les hacen revisiones corporales, a base de tocamientos denigrantes.
Resulta extraño, decía, que recurran a ese tipo de revisiones físicas, cuando que se cuenta con un detector de metales de alta tecnología. Que posiblemente ni siquiera saben cómo funciona. Así mismo, que no les permiten el uso de tarjetas de presentación, ni plumas, para hacer apuntes.
Hacía hincapié en que ese jueves, a partir de las 10:00 de la mañana, directivos y miembros del citado Colegio de Abogados, se plantarían frente a los accesos del penal de La Mesa, para protestar por tales arbitrariedades. Observaba que están hartos, ante el cúmulo de reclamos y ante el caso omiso de los directivos del llamado Cereso de La Mesa.
Cabe apuntar que el enérgico reclamo ya se lo hicieron llegar al Gobernador Francisco Vega de la Madrid y le advirtieron que insistirán, hasta que directivos y custodios del penal entiendan, que deben dejar de adoptar medidas absurdas, propias de prepotentes. El columnista cuestionaba : ¿Si eso hacen a los abogados, qué no harán con los internos y con los familiares de estos cuando van a visitarlos ?
Subrayaba que, la privación de la libertad, tanto durante el proceso penal, como en ejecución de una sentencia, implica la suspensión de derechos políticos, esos de “votar y ser votado”, pero que los internos no pierden nunca sus derechos humanos, sus garantías individuales. Que las arbitrariedades, no tiene excusa, ni justificación alguna.
Aseveraba que en el caso de los abogados penalistas, que ingresan al penal en ejercicio de su profesión, tienen el irrestricto derecho de que se les dé un trato digno, respetuoso, independientemente de las medidas de precaución o limitantes para el acceso al reclusorio.
Para el columnista, este tipo de situaciones, chocan contra el discurso político, demagogo, de doble moral. Todo indica que al interior de los penales, la prepotencia es la ley máxima, y las vejaciones a internos, así como a sus familiares y abogados, son la regla general. Entonces, concluía, si eso hacen a los abogados ¿Qué no harán a los internos y familiares?
Pues bien, para quienes quizás llegaron a pensar que las vejaciones a los profesionales del derecho, en el penal de La Mesa, fuesen meras exageraciones, sin sustento, vale la pena decirles que el día de ayer, el Procurador de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant, realizó una visita de trabajo al penal de La Mesa, y confirmó que las vejaciones a los abogados, son ciertas.
El funcionario, personalmente –en vivo y a todo color- pudo comprobar que efectivamente los abogados son tratados por los custodios del penal, como presuntos criminales, que tal como lo denunciaron, les obligan a quitarse los zapatos, para efecto de revisarlos escrupulosamente. Les obligan a quitarse las ropas y les hacen tocamientos.
Elementos de la PDH, tomaron nota de las irregularidades y en los próximos días habrán de emitir recomendación, para que los responsables de los reclusorios, suspendan todo tipo de acto molestias, indignantes, en perjuicio de los abogados.
Habría que preguntar, para dejar las cosas bien claras, si es que, como el gobernador panista, Kiko Vega, dice que en su administración, la gente manda, si eso de tratar a los abogados de manera indignante, es solamente en cumplimiento de un mandato popular, o cuál lenguaje maneja, pues cuando le hablan en español, ni entiende, ni atiende.
