El jueves 9 de mayo del 2013, hace 9 meses, aquí en Palco de Prensa, el columnista comentaba, que en múltiples ocasiones ha observado, que cuando se capturó a la líder inmoral del SNTE, Elba Esther Gordillo, muchos pensaron que se resolvía la problemática de la educación en México. Que por fin el Estado mexicano recuperaba la rectoría de la educación.

 

Precisaba, que la corrupción, y los males de la educación, no sólo están dentro del ámbito magisterial, sino que gran parte existe y se desarrolla en el área administrativa de las instituciones de educación pública en el país. Que muchos corruptos, incrustados en las instituciones de educación pública, se presumieron afortunados, porque al inicio de la administración del Presidente Peña Nieto, no los tocaron.

 

Que esos tipejos "nadaban de muertito", rogaban que nadie se diera cuenta de sus pillerías y se preparaban para reforzar sus estructuras corruptas. Pues suponían, que si durante el sexenio calderonista la habían hecho, con Peña Nieto podrían hacer lo mismo. Que se relamían los bigotes.

 

Comentaba, que quienes los habían denunciado en múltiples ocasiones, ante los funcionarios calderonistas y observaron que los ratificaban en el cargo, se lamentaban de tener que seguir padeciendo las triquiñuelas cínicas y desvergonzadas de estos sujetos.

 

Luego hacía mención, que por ello fue una sorpresa. que en el portal de la Secretaría de la Función Pública, en el Reporte de los Funcionarios Públicos Sancionados, apareciera el nombre de Luis Francisco Mejía Piña, como destituido e inhabilitado, según expediente R-413/2012, conforme a resolución de fecha lunes 6 de mayo de 2013. La causa: negligencia administrativa. Así le llamaremos.

 

Según la información que trascendió al respecto, el funcionario en mención, fue destituido fulminantemente e inhabilitado para ocupar cargos públicos, durante los siguientes 10 años. La sanción iniciaba el lunes 6 de mayo de 2013 y concluiría hasta el 3 de mayo de 2023. Pero faltaba saber si además de la sanción administrativa se procedería por la vía penal en su contra. Ingenuo que es uno, suponía que así habría de ocurrir.

 

Observaba que dicho sujeto, era el titular de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la DGETI, la institución que controla o maneja los planteles de educación media superior, conocidos como Centros de Bachillerato Tecnológico e Industrial, llamados comúnmente como Cbtis. Muchos dijeron : “muerto el perro, se acabó la rabia”. Dicho en otras palabras, que por fin se combatiría la corrupción en dichos planteles, de los cuales 13 operan en Baja California.

 

Sobre todo, se confirmaban las esperanzas, de que otros funcionarios corruptos del ámbito educativo, corrieran la misma suerte. A la “guillotina” y a padecer el castigo más duro para quien no está acostumbrado a trabajar : el quedar fuera del presupuesto público. Al mes siguiente, fue destituido el Subdirector de Enlace Operativo de la DGETI en Baja California, Julio César Flores Galaviz. Lo cierto es que la esperanza fue efímera, pues poco después fue designada como encargada de la oficina, Carmen Graciela Fernández Carranza, del mismo equipo del destituído Mejía Piña.

 

La verdad es que las denuncias respecto a actos de corrupción en los planteles de la DGETI, continuaron. A principios de septiembre de 2013, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Federales, encabezada por el diputado perredista, Jorge de la Vega Membrillo, recibió múltiples denuncias respecto a la corrupción en la DGETI, durante el encuentro con profesores de diversas entidades del país, denominado Foro de Educación, Cultura y Política.

 

En dicho evento, participaron docentes de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Campeche y Distrito Federal. Se refirieron a las prácticas de corrupción cometidas por el exdirector de la DGETI, Luis F. Mejía Piña, así como por algunos de sus cercanos colaboradores, como Daniel Serrato Díaz, Jorge Alberto Trejo Chávez, Tanit Cruz Zúñiga y José Angel Camacho.

 

Los docentes señalaron que las irregularidades y presuntos delitos, cometidos desde cuando menos tres años atrás, consistían, entre otras cosas, en la exigencia de cuotas a los padres de familia, cuyo destino se desconoce, concesión irregular de servicios a particulares, tales como cafetería, certificaciones en materia informática y cursos de especialización, uniformes escolares, venta de plazas docentes, así como amenazas, hostigamiento y ceses. Podría decirse que prácticas comúnes en los planteles de Baja California.

 

Cabe observar que, desde principios del 2013, el columnista ha recibido este tipo de denuncias, supuestamente de directores de Cbtis y Cetis de esta entidad, mediante un correo electrónico, cuya dirección es : [email protected], mediante el cual remiten las denuncias que hacen a las autoridades competentes, desde el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet y sus principales colaboradores.

 

Con fecha 31 de enero del año en curso, el columnista recibió la sexta de dichas denuncias y, según el texto de las mismas, la corrupción en los planteles de la DGETI en Baja California, sigue en todo su apogeo. De muy poco han servido las denuncias, no obstante que las han enviado a diversas instancias, vía correo electrónico.

 

El principal responsable de que estas corruptelas educativas continúen, es el titular de la SEP, Emilio Chuayfett. Y “está en chino” que las combata, pues ni siquiera puede controlar a los de la CNTE, y sus representantes en Baja California, no mueven un dedo. Seguro se han de estar rascando la panza. Por eso, estamos como estamos.