Columnista de La Silla Rota JAVIER CORRAL

No es la primera vez que un dictamen legislativo se produce fuera del Congreso, pero no es sano que una reforma de tan hondo calado, de la trascendencia y consecuencias de ésta, tenga ese procesamiento. El Pacto por México ha pervertido sus objetivos porque ha ido evolucionando en un mecanismo suplantador del Congreso.

 

La bola rápida que pretendió jugarse, ni más ni menos que con los mismos Senadores que integramos las comisiones, tiene una explicación: el dictamen redujo propuestas fundamentales y traía ausencias inadmisibles. Por eso alerté a la opinión pública del intento de albazo y la manera como los miembros del Consejo Rector del Pacto por México son capaces de sacrificar exigencias democráticas y democratizadoras por el apuro que tienen de aprobar la reforma energética. Lo advertí desde la República de Twitter en 140 caracteres: "La prisa por entregarle a @EPN la reforma energética como regalo de Navidad, infringe las mínimas formas de discusión de la #ReformaPolitica".

 

Toda vez que se ha abierto un espacio para discutir y mejorar el anteproyecto de dictamen, y recoger las diversas inquietudes que tenemos varios senadores del PAN, y obviamente corregir las rasuras y los faltantes tras la salida del PRD del Pacto por México, es importante analizar  el conjunto de la reforma y explicar aquí las ausencias.

 

La reforma en general contiene importantes cambios constitucionales en la dirección correcta para consolidar nuestra democracia y que recogen demandas históricas. Es quizá la reforma política de mayor profundidad en el fortalecimiento del Congreso. La reelección legislativa en el nivel federal y el levantamiento de la prohibición a los Estados para que la resuelvan según su voluntad en los ayuntamientos y en los Congresos Locales, es el paso histórico más significativo. Se deposita ahí la esperanza de una profesionalización de la tarea legislativa, mayor independencia política, y una obligada rendición de cuentas. Se elimina una rémora del régimen autoritario que les negó a los ciudadanos una prerrogativa esencial para edificar una auténtica división de poderes.

 

El Congreso adquiere nuevas facultades: Aprobará el Plan Nacional de Desarrollo y el Senado en particular la Estrategia Nacional de Seguridad. También se someterá a ratificación los nombramientos del titular de la SHCP a la Cámara de Diputados y, al Senado, los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Comisionado Nacional de Seguridad Pública. Al incorporarse la figura del gobierno de coalición y siempre y cuando el Presidente de la República optara por esa forma, el Congreso ratificaría a todo el gobierno. 

 

Otro cambio constitucional de gran valor es la autonomía de la Procuraduría General de la República. Aunque no se elimina la intervención del Presidente de la República en el nombramiento del Fiscal General, el modelo de selección genera mejores condiciones para lograr una mayor independencia política-partidista de esta figura esencial en la persecución de los delitos, que es la deficiencia actual en términos de imparcialidad. Una debilidad de este cambio es que la entrada en vigor se prevé hasta el 2018. Se incorporan dentro del nuevo esquema de autonomía constitucional del ministerio público dos Fiscalías, en materia de delitos electorales y anticorrupción; el Fiscal General nombra a los titulares y el Senado puede objetar el nombramiento por 2/3 partes. Estas dos fiscalías sí entrarían en vigor desde ahora. También se compromete la legislación secundaria en tres grandes rubros: regular la propaganda gubernamental, garantizar las cartas ciudadanas y reglamentar el derecho de réplica.

 

La reforma política se propuso ensanchar las libertades políticas y los mecanismos de participación ciudadana, consolidar el estado de derecho y dar un decidido impulso a la lucha contra la corrupción. Es un faltante inexplicable la creación de un órgano constitucional autónomo colegiado que asumiría las facultades que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública, de sanción en el ámbito administrativo: suspensión, multa, inhabilitación, destitución y reparación del daño. En el proceso de negociación se anunció que se había incorporado este organismo, prometido por el propio Enrique Peña Nieto, y que incluso cuando el órgano advirtiera la existencia de un delito, remitiría el expediente a la Fiscalía Autónoma de Anticorrupción, para resolver si ejerce o no la acción penal.

 

La reforma electoral es la que hasta ahora no conseguirá colmar su objetivo esencial: emparejar el terreno de la competencia por el poder, de manera particular de la influencia y en la mayoría de los casos abierta intromisión de los gobernadores, para ponerlos bajo un sistema de capacitación, organización, vigilancia y fiscalización central.  La negociación ha cedido la parte más importante, la que se alzó como la principal bandera y condicionante de la reforma energética: Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales, tal y como se inscribió en el Pacto por México. Hasta ahora en el anteproyecto negociado subsisten tanto los Institutos Electorales locales como los Tribunales locales.

 

En lo electoral no sólo no crecen en su dimensión y alcances las iniciativas presentadas ni los temas planteados en el documento que se firmó el 2 de diciembre de 2012 en el Castillo de Chapultepec, sino que incluso, el llamado "piso" que se ha dado en llamar el Pacto por México, se hundirá en varios temas. Sostuve ante mis compañeros de bancada que el dictamen desaprovecha el momento reformador, puesto que no sólo se ha renunciado a dotar de un techo más alto a la reforma en este rubro, sino que han tomado distancia de  lo firmado en el cuaderno de 95 compromisos.

 

Me refiero a los objetivos de acotar la discrecionalidad y opacidad en el sistema de partidos, y conseguir elecciones más baratas y transparentes, a través de una Ley General de Partidos para dar un marco jurídico estable y claro a la actuación de los mismos tanto en tiempos electorales como en tiempos no electorales. Disminución en el monto de los topes a los gastos de campaña. Reducción y mayor transparencia del gasto de los partidos. Fortalecer los temas de membrecía, democracia interna, órganos jurisdiccionales internos, transparencia.

 

Ha quedado en la ambigüedad la redacción que contiene el dictamen sobre las causales de nulidad de una elección en cuanto al rebase de los topes de campaña, la utilización de recursos al margen de las normas que establezca el órgano electoral; y la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas, con la correspondiente sanción al medio de que se trate.

 

El dictamen omite incorporar una mínima base constitucional para dar pie a otros formatos, no sólo los spots, en el uso de los tiempos oficiales de radio y televisión para impulsar una cultura de debate político y una racionalización del uso de los anuncios publicitarios.

 

Sorprende también que se haya eliminado del dictamen la prohibición del uso y la entrega de utilitarios de promoción electoral, tales como materiales plásticos, materiales textiles, despensas y materiales de construcción esto es, los gastos más difíciles de cuantificar en una contienda electoral y a los que más recurre el PRI en los procesos electorales.

 

Es necesario además, para dar pleno cumplimiento a los acuerdos del Pacto por México, que con la aprobación del dictamen de reforma constitucional, existan dictámenes paralelos sobre temas que atraviesan la reforma político electoral, me refiero a la Ley del Derecho de Réplica y la ley de Propaganda Gubernamental, esto es la reglamentaria del artículo 134 constitucional, el gasto del gobierno en publicidad, con la intención de generar condiciones equitativas en las contiendas electorales. Sobre el derecho de réplica debemos recordar que existe mandato constitucional de expedir esta ley, en los artículos transitorios de las reformas constitucionales de 2007 y 2013.

 

También hay ausencias inadmisibles con relación a las iniciativas presentadas en materia de reforma político-electoral, como lo es el tema de la Equidad de Género.

 

Con el propósito de contribuir a mejorar los contenidos del proyecto de dictamen tanto en sus faltantes como en su redacción actual, he formulado un memorándum de propuestas específicas a mis compañeros senadores como a los miembros del Pacto por México.

 

Como legislador que ha impulsado a lo largo de muchos años varios de los temas que ahora se discuten, tengo el deber de exigir la discusión pública de ellos y el debido tratamiento en el proceso legislativo, respetando las reglas básicas que nos hemos dado. No puedo desconocer los avances, pero es también mi deber señalar los incumplimientos. Ceder el INE en su concepción original sería una derrota de proporciones monumentales. Confirmaría que varios de nuestros líderes políticos son capaces de sacrificar la democracia, con tal de ver avanzar los multimillonarios intereses económicos de los extranjeros, que ya se lamen los bigotes viéndose explotar directamente nuestro petróleo.