Columnista de La Silla Rota AGUSTÍN CASTILLA

 

A diferencia de otros países, en los que los implicados se separan del cargo en tanto se llevan a cabo las indagatorias o de plano asumen su responsabilidad y además de recibir el castigo correspondiente piden disculpas a la ciudadanía, en el nuestro reaccionan con declaraciones vehementes apelando a su “honorabilidad e intachable trayectoria”, exigen pruebas antes de que inicie el proceso y aducen venganzas políticas o “fuego amigo”, para que al final todo se termine diluyendo en el tiempo y nunca sabemos que fue lo que pasó en realidad. Si acaso, excepcionalmente llegan a renunciar funcionarios de segundo nivel para luego reaparecer en otros cargos más discretos.

 

Ejemplos sobran, pero uno que me parece francamente indignante, es el de la construcción ilegal de vivienda en zonas de alto riesgo que ante la complicidad de autoridades, desarrolladores inmobiliarios y “líderes sociales” que lucran con la necesidad de la gente de contar con un techo, ocasionó la pérdida de vidas humanas y del patrimonio de miles de familias en el estado de Guerrero, como ya lo reportó la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (SEDSATU).

 

Aún a pesar de la gravedad de los hechos, de las evidencias, de que se ha denunciado en un sin número de ocasiones y que casos similares se presentan en muchas regiones del país, las expectativas de que se aplique todo el rigor de la ley -como pomposamente anuncian las autoridades- son muy pobres y por el contrario pareciera que este asunto ya cayó en el olvido.

 

En este sentido, si nos basamos en el número de servidores públicos procesados por actos de corrupción, llegaríamos a la conclusión de que se trata de casos aislados que no representan un problema para el país y que la descripción que hiciera Alan Riding hace más de dos décadas en su libro “Vecinos Distantes” es a todas luces falsa, o como diría un ex Secretario de Hacienda es “un mito genial”.

 

Sin embargo, no es casual que México ocupe el lugar 105 entre 176 países de acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2012 de Transparencia Internacional, o que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado afirme que la corrupción cuesta 1.5 billones de pesos al año.

 

Pero, más allá de los discursos no es un tema que parezca preocupar mucho a la clase política, y quizá lo más preocupante es que si bien es evidente el desencanto de la población, lo que se refleja en que el nivel de apoyo a la democracia de acuerdo al informe 2013 de Latinobarómetro sea de tan sólo el 37%, da la impresión de que se ha ido imponiendo una especie de resignación entre la ciudadanía bajo la lógica de que todos los partidos son iguales y ante la impunidad que se vive nada va a cambiar.

 

Por ello, es necesario que encendamos las señales de alerta pues si perdemos la capacidad de indignación, y terminamos por aceptar que la corrupción es inevitable, entonces si estaremos perdidos.

 

Twitter: @agus_castilla