Columnista de La Silla Rota JUAN ANTONIO LE CLERCQ

En el mismo sentido, la suerte de la reforma energética está ligada a la previa aprobación de una reforma política que deje satisfecho al PAN, lo cual pasa por incluir relección para legisladores y alcaldes, en la cuestionable transformación del IFE en un instituto nacional, así como en reformas profundas al COFIPE, con énfasis en una fiscalización más efectiva de las campañas. 

 

Hace algunas semanas, se podría haber pensado en una alianza con el PRD para aprobar una reforma energética sin cambios a la Constitución, que incluyera la figura de contratos de utilidad compartida y cambios al diseño institucional y fiscal de Pemex y CFE. Sin embargo, esto parece hoy inviable luego de que líderes del PRD han descalificado sistemáticamente la figura de contratos de utilidad compartida, convertidos en sinónimo de privatización disfrazada, y que entre la iniciativa privada y los especialistas se considera esta modalidad de contratos como una alternativa francamente irrelevante para las necesidades de inversión del sector.

 

Si el gobierno quiere una reforma energética que atraiga al capital privado, parece irremediable que debe voltear hacia el PAN y ceder en sus demandas, tanto en materia político-electoral como energética.

 

¿Cuáles son las diferencias entre las propuestas que han presentado el PAN y el gobierno? El gobierno propone cambios en los artículos 27 y 28 Constitucionales para derivar ahora a la legislación secundaria la forma en que se podrá explotar el petróleo y los hidrocarburos, aunque sin permitir la figura de concesiones. Lo cual supone en los hechos eliminar el monopolio del Estado sobre el petróleo y los hidrocarburos, para dar paso a una modalidad basada en contratos de utilidad compartida, entendidos como participación privada en exploración y producción a cambio de compartir utilidades a través de pagos en efectivo. Adicionalmente, se abre a la participación privada, la generación y comercialización de la electricidad, aunque se restringe la posibilidad de participar en transformación y distribución.  Finalmente, en su propuesta de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se proyecta la transformación del marco fiscal de Pemex para garantizarle un margen de utilidad que pueda ser reinvertido en investigación, desarrollo tecnológico y nuevos proyectos.

 

En contraparte, la iniciativa del PAN, enfocada a reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales,  plantea una apertura completa a la participación privada en toda la cadena de los hidrocarburos y la electricidad. Lo cual se complementa con mandatos para la desintegración horizontal de PEMEX y CFE como empresas, una reducción de la contribución de los recursos petroleros a las finanzas públicas a lo largo de diez años, el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de los Hidrocarburos como órganos constitucionalmente autónomos, y la creación de un Fondo soberano para maximizar la utilidad de la renta petrolera, al cual también se le otorga autonomía constitucional.

 

En este contexto, al parecer hay cuatro escenarios posibles:

 

1) El proceso se descarrila ante la imposibilidad del gobierno de aceptar las reformas política y energética en los términos que pide el PAN.

 

2) Se aprueba una apertura acotada al sector energético como lo ha propuesto el Ejecutivo, pero modificando profundamente el sentido de los contratos de utilidad compartida e incorporando elementos de la propuesta del PAN, como el rediseño al gobierno corporativo y fiscal de Pemex y CFE, el fortalecimiento de los órganos reguladores del sector y la creación de un Fondo soberano.

 

3) Se impone una reforma que retome la mayor parte de los elementos de  la iniciativa del PAN, aunque con una apertura más acotada a la participación de recursos privados. 

 

4) El PRD logra detener el proceso legislativo con el peso de las firmas recabadas para convocar a una consulta popular que permita a los ciudadanos manifestarse sobre el sentido de la reforma energética.

 

En estos momentos, cualquier escenario es posible. El reloj juega en contra del Gobierno y por lo pronto le quedan cuatro semanas al periodo de sesiones para resolver la combinación energética-política. El gobierno requiere la reforma, y trasladarla al próximo año, representa costos y riesgos que el Gobierno no puede darse el lujo de asumir. El PRD ha roto sus naves en contra de la reforma. El PAN tiene ahora el sartén por el mango.

 

Twitter: @ja_leclercq