México (y BC) reprobado en Derechos Humanos en la ONU

 

A finales del mes pasado México se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante el cual éste vigila cada cuatro años el cumplimiento por cada uno de los 193 Estados miembros, de sus obligaciones y compromisos asumidos en materia de derechos humanos.

 

El EPU, que es un examen entre pares, es un proceso de revisión interestatal destinado a mejorar la situación de los derechos humanos sobre el terreno. En su turno, como miembro del Consejo, a México le toca evaluar los avances de otros países en la materia.

 

El EPU se basa en las siguientes fuentes de información: El Informe entregado por el Estado evaluado (que invariablemente es muy optimista), el “Informe Sombra” de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (que invariablemente es más crítico y realista), los informes elaborados por los Relatores Especiales temáticos de la ONU durante sus visitas a dichos países y las violaciones documentadas por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU.

 

En este último examen a México, el Consejo de Derechos Humanos emitió 176 Recomendaciones, casi el doble de las 93 formuladas hace 4 años (la delegación mexicana solicitó un plazo hasta marzo de 2014 para decidir si las acepta o no), lo que sin duda es preocupante porque refleja un retroceso en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, que traen como consecuencia el deterioro de los derechos humanos en el país.

 

La delegación mexicana, que pasó tragos amargos, estuvo compuesta por 40 funcionarios, encabezada por el Canciller José Antonio Meade, por Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE; la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Segob, Lía Limón y el Dr. Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, que encabeza a un organismo autónomo del gobierno (por lo que se extraña su presencia junto a los funcionarios mexicanos).

 

Democracia de papel

 

Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos que evaluaron a México destacaron de entrada los importantes avances legislativos en este campo, particularmente las reformas constitucionales en materia de justicia penal, aprobada en 2008, y en materia de derechos humanos del año 2011.

 

Pero una vez desahogada la rigurosa cortesía diplomática, los señalamientos y críticas fueron implacables, sobre todo de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Suecia, República Checa, Nicaragua y Polonia, entre otros.

 

Lo primero que se demandó al Estado mexicano fue la incongruencia entre los avances legislativos y la falta de voluntad política para concretarlos en beneficio de la población.

 

Otros señalamientos críticos fueron respecto a temas como la falta de políticas efectivas para el combate a la pobreza y la pobreza extrema, las violaciones a los derechos de la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, los periodistas y defensores de los derechos humanos y la violencia y discriminación de género cuya manifestación extrema son los feminicidios en Cd. Juárez, Estado de México, Guanajuato, BC y otras regiones del país.

 

También, el uso indiscriminado de la tortura, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, los cateos ilegales, el no haber abrogado de la Constitución y las legislaciones locales el arraigo, el fuero militar (el desahogo en la justicia militar y no en la justicia ordinaria las violaciones graves cometidas por militares contra civiles) y la violación generalizada a los derechos humanos en el marco del combate a la delincuencia organizada.

 

La diputada federal petista Loretta Ortíz, presente en la evaluación, manifestó a los medios: “México juega un papel en el que dice respetar los derechos humanos pero en realidad no lo hace, y esto es muy del país; dar una imagen internacional de que celebramos tratados y los cumplimos, pero internamente no es así. Vivimos en una simulación”.

 

El caso Baja California

 

El Estado de Baja California, al igual que el resto de las entidades, no está exento de responsabilidad respecto a la mala calificación obtenida por México en el reciente EPU.

 

El tema de los derechos humanos ocupó uno de los más bajos perfiles en la agenda de la recién finalizada administración de José Guadalupe Osuna Millán: No se realizó la armonización legislativa con la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos del 2011 (particularmente el Artículo 1º.), no se ha derogado el arraigo en la legislación local; persisten la tortura, la desaparición forzada de personas, los allanamientos y cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, la extorsión, la corrupción, la discriminación y la violencia de género como prácticas sistemáticas realizadas principalmente por la Policía Estatal Preventiva y las municipales, sin que existan mecanismos eficaces para su prevención y sanción. El Poder Judicial local hace mutis a estos abusos en sus resoluciones.

 

Capítulo aparte merece el Sistema Penitenciario Estatal como fuente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las y los internos. Este sector, como otros, desarrolla sus funciones discrecionalmente, fuera de la mirada y evaluación de la sociedad civil a pesar de la tan llevada y traída “Participación Ciudadana”.

 

Las autoridades estatales y municipales, sobre todo las policías preventivas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, no entienden ni aplican en sus funciones las nuevas obligaciones y responsabilidades derivadas de la histórica Reforma Constitucional en Derechos Humanos del 2011, ni hay mecanismos para su debida capacitación ni para la REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO a las víctimas de delitos y de violaciones graves a los derechos humanos.

 

La Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos no ha sido homologada con lo dispuesto en la Reforma del 2011 antes citada, a pesar de que venció el plazo constitucional de un año para ello. La institución ombudsman de Baja California, que basa su fortaleza en su autonomía, ha mellado ésta y su autoridad moral al seguir siendo rehén de la partidocracia, repartiéndose esa institución y sus puestos mediante las consabidas cuotas de poder, en detrimento de los derechos humanos de la población.

 

Buen reto se les presenta a los poderes Legislativo y Judicial, al gobernador Francisco Vega de la Madrid y a los presidentes municipales electos que, si saben leer el mensaje derivado del EPU a México y si hay voluntad política para respetar los estándares en derechos humanos y no siguen en la simulación y la reproducción de las medidas pragmáticas e inútiles de sus antecesores, harán crecer la confianza en las autoridades. Si no, seguiremos igual, o peor.

 

Por lo pronto, la inclusión de José Luis Pérez Canchola en el gabinete de Kiko Vega como asesor en derechos humanos es un mensaje alentador, si lo dejan hacer su trabajo.

 

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC

Noviembre de 2013