Columnista de La Silla Rota Carla A. Humphrey Jordan

 

Esta semana fue presentada una iniciativa de reforma constitucional que tiene como objetivo la paridad de género en los tres niveles de gobierno en los poderes del estado en cada uno de estos niveles.

 

Parece que en el mes en que se conmemora sexagésimo aniversario del voto de la mujer en México, tanto partidos políticos como funcionarios públicos, se han envuelto en una guerra mediática con el único fin de comparar iniciativas y ver cuál es la que se aprueba y cuál es la que mejores garantías ofrece para lograr los objetivos que se plantea.

 

Ninguna de las iniciativas presentadas ha sido dictaminada o votada por el poder legislativo. Aún más, algunas de ellas se contradicen con otras propuestas de reforma plateadas por los mismos partidos políticos respecto de la cuota de género. El análisis es sencillo: hay mucha prisa por quedar bien con la ciudadanía y poco trabajo de fondo en este tema.

 

Las mujeres, desde hace años, tenemos una participación política mayor a la de los hombres. No sólo somos más mujeres que hombres en la conformación de la lista nominal de electores, sino que también somos las que más votamos, son más las mujeres que fungen como representantes de casillas que hombres, más observadoras electorales, entre otras.

 

Cuando observamos los trabajos al interior de los partidos políticos y en las campañas electorales, la conclusión a la que se arriba es que son las mujeres las que llevan a cabo el trabajo en el terreno, el trabajo de campo. Son ellas las que buscan a los vecinos, organizan reuniones, apoyan candidatos, organizan a las personas de su comunidad. La pregunta entonces surge de inmediato: ¿por qué no hay más mujeres ocupando espacios públicos a nivel medio y superior?

 

En este momento, ninguna entidad federativa se encuentra gobernada por una mujer. Ningún partido político es presidido por una mujer. El déficit de mujeres integrando los gabinetes en el poder ejecutivo, federal y locales, es evidente. Los puestos de dirección en este país están ocupados mayoritariamente por hombres. ¿Por qué, entonces, si las mujeres son las que más participación tienen dentro de sus propios partidos y campañas electorales, se estancan y no logran ocupar cargos de importancia?

 

La respuesta a esta pregunta no es única. Tiene que ver con educación, contextos de exclusión, rutinas sociales, con leyes. Tiene que ver con protección de las libertades y derechos de las mujeres. Incide necesariamente en esta respuesta el peso sobre la mujer de elegir entre la vida pública y la vida privada, entre anteponer su desarrollo profesional contra la estabilidad familiar, tiene que ver con determinaciones con las que el género masculino no se tiene que enfrentar ni cuestionar.

 

Debemos asumir que el entorno laboral no es propicio para la integración de las mujeres a este ámbito. Los horarios de las escuelas, las labores en casa, las responsabilidades familiares y las jornadas de trabajo, no resultan del todo compatibles. Mientras en este país no estén dadas las condiciones materiales para que una mujer que se casa o tiene hijos, pueda desarrollarse profesional y laboralmente, sin importar las reformas e iniciativas que se aprueben en este tema, el éxito será marginal.

 

Los cambios deben hacerse en diversos frentes: en los horarios de las escuelas para hacerlos compatibles con una jornada laboral como ocurre en países del primer mundo, con horarios de trabajo que permitan una convivencia familiar diaria. Con salarios iguales por el desarrollo de trabajo igual. Con el establecimiento de un andamiaje jurídico que proteja y aliente su incorporación a la vida laboral.

 

En diversas entidades de nuestro país, las mujeres se encuentran sometidas por dinámicas culturales y familiares que les impiden tomar decisiones, que las obliga a no estudiar, a quedarse en casa y a que su destino se encuentra predeterminado por las decisiones familiares o culturales. Si las mujeres nos vemos todos los días en diversos frentes buscando defender y reivindicar nuestros derechos, las mujeres indígenas lo tienen dos veces más complicado. No sólo ven violentados sus derechos por ser mujeres sino, además, por su condición indígena.

 

El estado de Chiapas es un buen ejemplo de que las cuotas de género funcionan. El Congreso del estado está integrado por 41 diputados, de las que 16 son mujeres. Es uno de los porcentajes más altos en el país, el 39.02%, por arriba de la Cámara de Diputados y el Senado. Sin duda, las cuotas han funcionado, se ha hecho un gran esfuerzo legislativo en este estado para incrementar la presencia de mujeres. En el Código Electoral de este estado se regula la obligación para los partidos de presentar solicitudes de registro en los casos de candidatos a diputados por mayoría relativa y ayuntamientos, con representación paritaria y suplentes del mismo género. La obligación de que las listas de candidatos a diputados plurinominales estén encabezadas por mujeres, sin duda ha hecho que la conformación del Congreso sea más equitativa. El PRD, por ejemplo, cuenta con dos diputados plurinominales y las dos son mujeres, es el mismo caso del PT, ya que su única diputada es mujer. El PRI tiene 16 diputados, de las cuales, 5 son mujeres, el PVEM 13 de las que 3 son mujeres, el PAN 3 mujeres de 4 diputados, el POCH (Partido Orgullo por Chiapas) 1 mujer de 3 diputadas, PRD 2 de 2, y MC 1 mujer de 2 diputados.

 

Sin embargo, en otros ámbitos de la vida pública, la incorporación de mujeres a la vida laboral deja mucho que desear. En el Poder Ejecutivo del estado, de 22 dependencias del ejecutivo, sólo dos se encuentran ocupadas por mujeres: la Secretaría de Hacienda y la de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. La representación de mujeres en estos espacios de decisión pública, apenas alcanza el 9%. En los órganos desconcentrados, sólo 3 de 13 son ocupados por mujeres. El 23%. Si sacamos el porcentaje global, la participación de mujeres es apenas del 14%.

 

Veamos otros ejemplos. La integración de los dos órganos administrativos electorales de esta entidad. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de este estado está conformado por 5 Consejeros Electorales, de los que sólo una es mujer. De los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General de ese Instituto, sólo una es mujer. En la Comisión de Fiscalización Electoral (Cofel), de tres Contralores Electorales que integran ese órgano autónomo, ninguno es mujer. Las Secretarías Ejecutivas de ambos órganos se encuentran ocupadas por hombres. Los cargos más altos de dirección en todos los niveles no son ocupados por mujeres.

 

Los cambios legales sirven para intentar acelerar de facto las diferencias entre los géneros, es cierto, sin embargo, lo que resulta apremiante es contar con una educación que ponga en el centro a la persona, el respeto de las personas como valor central de la educación sin importar sus condiciones o circunstancias personales. Esa educación debe empezar en casa, continuar en la escuela y compartirse y reforzarse en todos los ámbitos de nuestra vida.

 

Este último día del mes de octubre, en el que se conmemora el 60 aniversario del voto de las mujeres en nuestro país, debe llevarnos a reflexionar de fondo sobre este tema. De nada sirve elevar los porcentajes de cuotas, si no se incide en la integración de los espacios de decisión pública. De poco sirve enviar y presentar iniciativas si en los hechos, las mujeres no forman parte del gabinete presidencial o del gobernador. Si los que presentan pomposamente estas iniciativas no incorporan a más mujeres en sus estructuras de trabajo. Si se asume, siempre y en todos los casos, que es la mujer la que debe sacrificar su vida profesional para beneficio y crecimiento de su compañero. Como país, la meta debe ser otra: que cada persona, hombre o mujer, cuente con las garantías necesarias y suficientes para desarrollarse a plenitud.

 

Twitter: @C_Humphrey_J