Columnista de La Silla Rota MAITE AZUELA

 

Quienes nos movemos en las calles de esta ciudad ya sea en transporte público o privado, hemos sido objetos de la parálisis de tránsito que estas movilizaciones han ocasionado, frente a la dificultad de las autoridades locales y federales para dialogar abiertamente con los líderes y tomar cartas en el asunto. Miles de docentes de la Sección 22 de Oaxaca han realizado plantones, marchas y bloqueos en el Distrito Federal para manifestar su oposición a la reforma educativa, básicamente en contra de la aplicación de los exámenes de evaluación  que resultarían obligatorios para mantenerse en el sistema, con lo que de algún modo se limitaría la venta y herencia de plazas docentes.

 

Sumemos a esto que más de 200 mil profesores presentaron un amparo ante el Poder Judicial para oponerse a las enmiendas, acciones complementadas con paros indefinidos y cierre de escuelas, entre otras cosas, sobre todo en Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Ha pasado un mes sin que se vea alguna salida institucional a las demandas de la CNTE, mientras las estrategias para iniciar los procesos institucionales de la creación del llamado servicio profesional docente siguen postergándose.

 

 Tan es así que la Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado al gobierno de México para sacar adelante la reforma educativa, como parte de las 176 recomendaciones que emitió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el pasado 25 de octubre, en el que México fue sometido al escrutinio internacional en materia de protección a los derechos humanos. Sobre todo, Gran Bretaña e Irlanda del Norte instaron a México a priorizar los derechos humanos en el Pacto por México y expresaron su preocupación por la libertad de expresión, la impunidad y la corrupción.

 

De modo que la lectura que se da desde el extranjero a la reforma educativa, es que puede resultar un instrumento útil para modificar las prácticas de uso político que se le da a las plazas del magisterio, de modo que se reconfigure un sistema que al menos obligue a los docentes a cumplir ciertos requisitos de preparación que sean comprobables mediante las evaluaciones.

 

Quizá la lectura de la ONU no profundiza en términos de las carencias que el sistema propuesto como está, presentará en tanto no tiene definida el desarrollo escalafonario de plazas ni permite el desplazamiento horizontal entre regiones. Sin embargo, la presión de naciones unidas es sin duda un respaldo internacional para que el gobierno eche a andar la reforma independientemente de las movilizaciones y presiones con las que algunos profesores de la Coordinadora intentan deshabilitarla. Además de que se exhorta a “considerar la posibilidad de ratificar la Convención contra la Discriminación en Educación”.

 

Ha pasado también un mes desde que la Maestra Gordillo presentara un amparo para recuperar su libertad. Pero hasta el día de hoy sigue en prisión en tanto el amparo sea analizado por un Colegiado que determinará si el amparo procede o no.

 

A veces parece que se tambalean las decisiones de gobierno y los proyectos del pacto, en tanto que intereses sindicales y de líderes con mucho poder se resisten al cambio de reglas. Sin embargo, los integrantes de las Naciones Unidas ven en la reforma educativa una oportunidad para potenciar la garantía al derecho de la educación de niños y jóvenes mexicanos. Esta no será una recomendación de tantas, sino que sin duda se verá citada en discursos y entretejida en las decisiones que tome el gobierno federal de ahora en adelante para hacer realidad la tan anunciada reforma.

 

Twitter: @maiteazuela