Columnista de La Silla Rota RODOLFO RUIZ
La iniciativa parte de un buen propósito, lograr la equidad de género y asegurar una mayor participación de las mujeres en la vida pública, pero es total y absolutamente demagógica, populista e irreal, pues si los partidos difícilmente pueden cumplir la cuota del 40% —que hoy fija el Cofipe—, ya me imagino qué harán para llegar al 50%.
Con qué calidad moral el presidente de la República o los gobernadores que ya replicaron su iniciativa —Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México y Rafael Moreno Valle, de Puebla— le piden a los partidos que el 50% de sus candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos locales se entreguen a mujeres, si ellos están muy, pero muy lejos de cumplir con esa cuota en sus gabinetes.
De los 21 miembros del gabinete legal de Peña Nieto, sólo tres son mujeres: Rosario Robles Berlanga, de Sedesol; Mercedes Juan López, de la Secretaría de Salud; y Claudia Ruiz Massieu Salinas, de la Secretaría de Turismo; es decir, hay una mujer por cada siete hombres. Si la revisión se extiende al gabinete ampliado, la inequidad es aún mayor, pues la proporción se va 8.6 varones por cada mujer.
La situación no es diferente con el gobernador del Estado de México. Entre los 19 integrantes del gabinete de Eruviel Ávila sólo hay tres mujeres, que ocupan las carteras de Seguridad Ciudadana (Rocío Alonso Ríos), Desarrollo Social (Elizabeth Vilchis Pérez) y Turismo (Rosalinda Elizabeth Benítez González).
En Puebla, el panorama es todavía peor, pues de los 16 miembros del gabinete morenovallista, la única mujer es su secretaria particular María Mercedes Aguilar López.
¿Por qué Peña Nieto o los gobernadores de Puebla y Estado de México no comienzan por poner el ejemplo y hacen que el 50% de las carteras de primer nivel de sus respectivos gobiernos las ocupen mujeres?
¿Cómo reaccionarían si un senador o diputado presenta una iniciativa para obligarlos a que la mitad de sus secretarios de Estado o Gabinete sean mujeres?
¿Por qué suponen que los partidos sí podrán dar el 50% de sus candidaturas a mujeres preparadas, con experiencia y talento profesional para ocupar un escaño en el Senado o una curul en el Congreso de la Unión y los Congresos estatales, cuando ellos no las encontraron para designarlas secretarias en sus respectivos gobiernos?
Y conste que parto de la hipótesis que no las encontraron, para no hacer un señalamiento de discriminación o misoginia.
La iniciativa presidencial, insisto, tiene un sano propósito, pero que no corresponde con la realidad política y social que vive el país, donde la participación de la mujer en la vida pública es marginal, lo mismo que su representación en cargos de elección popular. Basta con echar un vistazo a los 2,457 municipios del país para comprobar que ni el 10% son gobernados por mujeres o las legislaturas estatales, donde el 80% de las curules las ocupan hombres, y eso que algunos partidos, como el PRI, establecen en sus estatutos que el 50% de las candidaturas deben ser para mujeres.
En lo personal, creo que sería más saludable dejar las cosas como están en el Cofipe, con un porcentaje del 40%, pero con algunos candados legales para evitar la proliferación de las llamadas “juanitas”, en vez de forzar la legislación electoral en aras de garantizar la equidad de género.
Los riesgos pueden ser mayores a la inequidad, simulación y discriminación que se busca combatir, pues los partidos pueden optar por postular a mujeres en demarcaciones, distritos y municipios que antemano saben perdidos; registrarlas en los últimos lugares de las listas de regidores y de diputados representación proporcional u optar por improvisar candidatas sin vocación y oficio políticos, sin experiencia parlamentaria y con poco o nulo conocimiento de la administración pública con tal de cumplir la cuota.
Ojalá me equivoque.
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