Protección y justicia para los inmigrantes
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Protección y justicia para los inmigrantes

MÉXICO, DF - viernes 4 de octubre de 2013 - lasillarota.com.
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Columnista de La Silla Rota  Mauricio Farah Gebara
 
Esta semana fue muy significativa en lo que concierne al drama de la inmigración en nuestro país.
 
Por un lado, las autoridades rescataron a 73 migrantes que permanecían secuestrados en una casa ubicada en la ciudad de Reynosa, cerca de la frontera con Estados Unidos. En este grupo se cuenta a 33 centroamericanos: 17 hondureños, 13 guatemaltecos y tres salvadoreños. Cuatro de estos migrantes son menores de edad. Todos los liberados fueron entregados por las autoridades locales y federales que participaron en el rescate al Instituto Nacional de Migración (INM). 
 
Los secuestrados permanecieron en cautiverio y sobreviviendo en condiciones infrahumanas en distintas casas de seguridad por aproximadamente cuatro meses. Habían sido capturados por sus secuestradores mientras se transportaban en autobuses o en las terminales. Este operativo de rescate se suma a varios que se han efectuado a lo largo de este año y han desembocado, por fortuna, en la liberación de centenas de personas, sobre todo en el estado de Tamaulipas, entidad que constituye la última etapa de este ominoso trayecto para los migrantes indocumentados y en el que el crimen organizado cuenta con mayores recursos e infraestructura para efectuar secuestros masivos.
 
El pasado mes de junio, por ejemplo, el ejército rescató a 165 personas de distintas nacionalidades en el municipio de San Fernando, en el centro-norte de Tamaulipas, considerado  uno de los principales focos rojos de este problema. Fue en San Fernando donde se encontraron hace un par de años las fosas clandestinas con alrededor de 265 cadáveres de personas de distintas nacionalidades, crimen que el gobierno federal atribuyó a los Zetas.
 
El modus operandi de los criminales consiste en encerrar, hacinadas, a las víctimas en casas de seguridad, ranchos o bodegones y ponerse en contacto con los familiares de los secuestrados para exigirles el pago de un rescate. También ha habido denuncias de que el crimen organizado utiliza las redes sociales de internet para atraer a sus víctimas.
 
Una vez en cautiverio, a los secuestrados les extraen la información de los números telefónicos de sus familiares mediante crueles torturas. Sólo si este rescate se paga existe la posibilidad (nunca la certeza, desgraciadamente) de que el secuestrado sea liberado. Las negociaciones pueden durar semanas o meses, tiempo en que las víctimas sufren todo tipo de abusos. A las mujeres más jóvenes suelen drogarlas y violarlas. También se han dado casos, como uno de Tampico, donde los criminales mantuvieron a sus secuestrados en inmuebles ubicados en complejos habitacionales considerados de lujo.
 
Por otra parte, el mismo día en que se verificó el rescate de Reynosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional”, que busca atender la ingente necesidad que existe en México de que la protección efectiva de los migrantes supere las desigualdades estructurales que prevalecen en nuestro país en el acceso a sus derechos.
 
La realidad hasta el día de hoy ha sido que los migrantes enfrentan ingentes barreras para el acceso a la justicia en nuestro país; que sean uno de los grupos más susceptibles de ser objeto de innumerables violaciones a sus derechos humanos. Las cifras son escandalosas, cada año se perpetran 9,758 secuestros de inmigrantes, y la trata de personas se ha convertido en el tercer delito que más ingresos deja a la delincuencia organizada.
 
La cabal salvaguarda de estas personas implica superar el concepto limitado de “ciudadanía” que aún prevalece en el ámbito de muchas autoridades nacionales, algo que representa uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos para México. Las circunstancias tan particulares y adversas que encaran los migrantes supone, para las autoridades, especial cuidado en observar de forma irrestricta el respeto a la titularidad universal de los derechos humanos y las obligaciones de respeto, protección y garantía ineludibles para los estados suscriptores de tratados internacionales.
 
En la edición del Protocolo participó la organización Sin Fronteras. Una de sus principales autoras, Mónica Oheler, comentó que lo que se busca con este documento es, básicamente, “reunir en un solo cuerpo toda la normatividad, tanto nacional como internacional, que le pueda servir a un impartidor de justicia cuando tenga un caso en el que está involucrado un migrante”. Y aunque no es un documento obligatorio ni vinculante, sí constituye una valiosa herramienta a disposición del juez para actuar siempre apegado a los derechos humanos. Y, evidentemente, si bien el protocolo no es por sí mismo vinculatorio para los jueces, las leyes y normas que engloba sí lo son.
 
 Sobra reiterar que muchas de las prácticas de las autoridades por lo que hace a los derechos de los migrantes dejan mucho que desear. Es muy común, por ejemplo, que al momento en que un migrante acude a presentar una denuncia al Ministerio Público, éste de inmediato reporte el caso a Migración y omita su obligación de ofrecer a la víctima acceso al sistema de justicia.
 
Asimismo, y como se ha venido denunciando desde hace años, se ha documentado la participación de autoridades migratorias venales en la comisión del delito en el 8.9% de los casos de secuestros de migrantes.
 
El protocolo plantea todos los escenarios posibles que, eventualmente, puede atender un juez en el tratamiento de casos de migrantes, tales como personas en detención migratoria, solicitantes de asilo en México, menores de edad, víctimas de delito. En el texto se incluyen y especifican todas las herramientas jurídicas que pueden ayudar a resolver cada caso. También se contemplan las garantías de los migrantes para tener un representante legal, asistencia consular y (en su caso) un traductor.
 
Este protocolo es una estupenda idea y representa una contribución transcendental en la lucha por hacer prevalecer los derechos humanos en México, además de ser una iniciativa inédita en toda América Latina. ¡Enhorabuena!
 
 Twitter @mfarahg 
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