Columnista de La Silla Rota  Simón Vargas

 

Los nombres Ingrid y Manuel quedarán grabados en el imaginario colectivo de los mexicanos, sobre todo de aquellos que en 26 estados del país experimentaron los embates de dichos fenómenos meteorológicos a mediados de septiembre. Y es que las torrenciales lluvias generadas a su paso, que propiciaron la acumulación de más de 162 mil millones de metros cúbicos de agua –cantidad equivalente al flujo anual de los tres ríos mas caudalosos del país: el Usumacinta, el Papaloapan y el Grijalva–cobraron la vida de al menos 147 personas, forzaron la evacuación de 60 mil, obligaron a alrededor de 39 mil a guarecerse en albergues, dejaron más de 248 mil damnificados, e hicieron que la secretaría de Gobernación emitiera declaratoria de emergencia a 312 municipios de 14 estados.

 

Por su ubicación geográfica, México es uno de los países que enfrenta severas amenazas a causa de los fenómenos hidrometeorológicos y el cambio climático, y pese a que históricamente la población de diversas entidades, principalmente aquellas que colindan con los 11 mil 200 kilómetros de litorales existentes, ha sufrido las consecuencias de la falta de planeación y coordinación en materia de protección civil, así como de la ausencia de un modelo de planeación y organización territorial que garantice su seguridad en caso de que ocurra un fenómeno natural.

 

El fenómeno natural no constituye un desastre per se, y de acuerdo con el doctor en geografía e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Jesús Manuel Macías Medrano, los principales factores que favorecen la transición a la tragedia son las deplorables condiciones en las que viven millones de mexicanos, que en muchos casos los obliga a establecerse en zonas altamente vulnerables. En ese sentido, nos encontramos en un círculo vicioso en el cual la denominación de los fenómenos meteorológicos cambia año con año, y las afectaciones que ocasionan son cada vez más periódicas, perjudiciales y mortíferas, no obstante, se ha hecho muy poco para fortalecer los esfuerzos en materia de prevención, y en cambio, se ha privilegiado la respuesta ante las contingencias.

 

En junio de 2012, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco del estudio realizado al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), sugirió a la administración del entonces presidente Calderón, incrementar el nivel de inversión en materia de prevención de desastres, además de impulsar cambios a largo plazo en lo concerniente al uso de suelo, planes de desarrollo urbano y la construcción de infraestructura para la mitigación de riesgos. Dieciséis meses después,  estamos ante una emergencia nacional que muy probablemente impactará de manera negativa a nuestra, de por sí, convulsionada economía.

 

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, actualmente el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta con 12 mil  508 millones de pesos para atender los daños causados por Ingrid y Manuel, sin embargo, tan sólo los estados más afectados (Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, y Tamaulipas) requieren en total una cifra cercana a los 9 mil millones de pesos para solventar su reconstrucción; y el pasado 27 de septiembre, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), estimó que los daños alcanzarían los 75 mil millones de pesos a nivel nacional.

 

En ese sentido, el secretario de Hacienda, declaró que el gobierno no prevé incurrir en endeudamiento para financiar el costo de la reconstrucción, pero sí en el aplazamiento o la suspensión de algunos proyectos a fin de disponer de recursos. Mientras que el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció a favor de realizar ajustes al Presupuesto de Egresos, que se discutirá próximamente en el Congreso, con base en la valoración de los daños a fin de destinar una partida para tal propósito.

 

Por su parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación (Sagarpa), informó que 534 mil hectáreas  en 19 entidades resultaron afectadas, de las cuales, 329 mil están cercanas a ser consideradas como totalmente siniestradas. Entre los principales cultivos perdidos se encuentran el maíz, el sorgo, el jitomate y el chile, siendo estos últimos los que generarán un mayor impacto en el incremento de la inflación.  En tanto, en el sector ganadero, se estiman daños en más de 100 mil cabezas de ganado, y la acuacultura alcanza cinco mil hectáreas perjudicadas en nueve estados.  Debido a ello, debemos esperar tanto una disminución del nivel de abasto, como un incremento en los precios de los alimentos.

 

Asimismo, las empresas de consumo, grupos aeroportuarios, líneas de transporte y la industria hotelera, experimentarán efectos negativos en sus resultados trimestrales, ya que la demanda de productos, la distribución, y la operatividad se verá reducida, en gran medida por los daños a la infraestructura carretera -84 vías terrestres presentan un deterioro severo-. Ante este panorama, diversos analistas consideran que la recuperación será lenta y la situación se normalizará entre noviembre y diciembre.

 

En este contexto, es evidente que las pérdidas humanas y las afectaciones sociales, así como las problemáticas económicas que ocasionaron los fenómenos meteorológicos recientes, pudieron haberse reducido, más no evitado. Para enfrentar de manera satisfactoria las amenazas de la naturaleza y el cambio climático, se requiere emprender una restructuración profunda del papel que debe desempeñar la protección civil, el cual no debe limitarse a acciones paliativas, sino que también debe establecer sinergias con otras instancias de gobierno, a fin de generar condiciones dignas para cada mexicano en situación de riesgo, que posibiliten la ruptura del circulo vicioso en el que se encuentran.

 

Fortalezcamos la planeación territorial y la coordinación entre los tres niveles de gobierno, y no orillemos a la población a asumir los fenómenos naturales con resignación o a construir un tercer piso para evitar la crecida del río o las inundaciones. Los costos de reconstrucción son mucho mayores que los de prevención, cada uno de los desastres ocurridos desde hace más de dos décadas en nuestro país constituyen un nuevo recordatorio de ello.