Viéndolo bien, la evaluación es urgente.
Hay docentes que en todo México se manifiestan en contra de la reforma educativa, y que específicamente se oponen a pasar por procesos de evaluación. Para hacer patente su oposición han recurrido a hostilidades y, por lo que hacen, seguramente se creen con derecho a un estatus de exclusividad, ausente de verificación.
Tal vez los sicólogos puedan explicar esa cosa tan común de que la gente tienda a evitar todo acto formal de evaluación, es decir, toda acción que se proponga estimar los conocimientos, aptitudes y rendimientos de cada quien.
Recién había ocupado el cargo de Procurador General de Justicia, me enteré de una suerte de alzamiento de parte de un grupo de agentes del Ministerio Público que tomaban un curso para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño.
La sublevación sobrevino cuando los agentes se enteraron de que al final del curso todos pasarían por una evaluación. A pesar de la protesta, la evaluación se aplicó.
En la Procuraduría se puso en funcionamiento el Centro de Apoyo Psicológico, porque era necesario estimar no sólo los conocimientos de agentes investigadores, policías y peritos, sino también, porque es preciso estimar sus aptitudes y su rendimiento, o como dice en materia de educación el Artículo 3º Constitucional, su idoneidad para el ejercicio de la función.
Los servidores y empleados de la procuración de justicia, se encuentran en contacto permanente con actos de violencia que nunca se acaban, que rompen el orden social legislado y que constituyen hechos de delito.
A diario tienen ante sí historias y escenarios desgarradores por hechos que lastiman a personas de todas las edades y de todos los niveles sociales, sea porque atentan contra su integridad física, su libertad y su seguridad, o contra su patrimonio.
Esa exposición constante a la violencia y sus consecuencias, con el tiempo produce en los empleados de la procuración de justicia efectos que condicionan su salud física y mental, y que pueden comprometer su actuación como servidores públicos, excediendo los límites normales del servicio, y hasta afectando a aquéllos a quienes deben servir.
La situación es delicada porque los agentes del Ministerio Público tienen el poder de conducir investigaciones para conceder o negar la persecución de las personas.
Y si se trata de los agentes de policía ministerial, la cosa se torna de más consideración porque todos ellos tienen licencia para portar armas, y, por eso, siempre se debe estimar si unos y otros conservan las aptitudes necesarias para ejercer esas responsabilidades en el servicio, evitando situaciones de crisis que pongan en riesgo a la colectividad y a sus miembros.
A los servidores de la procuración de justicia, se les somete a evaluación que es tan constante como rutinaria, en la que, por cierto, además de la Procuraduría, también participan otras instituciones, como el Ejército Mexicano, que valora la destreza en el manejo de las armas; o el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene intervención directa en los sistemas de control de confianza.
Los maestros del sistema educativo mexicano, no manejan armas de fuego, ni determinan la persecución de nadie. En cambio, son el instrumento del Estado Mexicano para cumplir el propósito Constitucional de otorgar a sus hijos educación de calidad, lo que es igual a la instrucción académica adecuada que facilite a los mexicanos su desarrollo integral y el goce de una vida exitosa.
Lo que los docentes tienen a su cargo, no es la persecución, ni el procesamiento de infractores del orden penal, para conseguir una sentencia, con cuyo cumplimiento se colme la función. Los profesores tienen una función quizá más trascendente, que atañe a nuestro destino común, y que incide en el destino individual de los educandos, pues no hay que olvidar que toda la vida futura pende de lo que cada uno reciba en su juventud.
A México, como Nación, a los padres y madres, como responsables de las familias mexicanas, la Constitución nos ha concedido el derecho de que nuestros hijos reciban educación obligatoria, que sea de calidad.
Esa educación de calidad debe garantizar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos; y esa garantía de máximo aprendizaje se integra, entre otros elementos, con la idoneidad de los docentes y los directivos.
Todos los años, los meses y los días, los maestros acuden a la misma escuela a laborar en una misma aula, ven a los mismos alumnos, a los mismos compañeros, a los mismos directivos; leen los mismos libros, aplican el mismo programa; desarrollan los mismos temas; aplican y corrigen los mismos exámenes; soportan al mismo inspector; formulan las mismas memorias de resultados. En fin, que a diario repiten un escenario con elementos idénticos.
La fatiga, el tedio, los afectos y desafectos personales para con los alumnos y los padres de familia; el trato con los directivos y demás compañeros; los elementos de la propia personalidad, la mayor o menor afición por el estudio; el ánimo o el desgano por mejorar la aplicación de los métodos educativos, junto con otras vicisitudes propias del empleo, sin duda que producirán en los profesores de los hijos de los mexicanos estados o situaciones que se reflejarán en su actuación frente a los alumnos en el aula.
Excepto el docente y sus alumnos, nadie sabe con certeza lo que sucede en el aula, donde el poder y la autoridad inmediata se ejercen libremente por el maestro.
Durante la diaria jornada escolar, los alumnos quedan bajo el poder y la dirección de sus maestros, que deben instruirles académicamente, con base en los resultados del progreso científico y luchando contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; induciéndoles a la democracia como forma de vida y convivencia que se funde en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; orientándoles en la comprensión de nuestros problemas nacionales sin hostilidades ni exclusivismos; contribuyendo a la mejor convivencia humana para fortalecer, entre otros, el respeto a la dignidad de la persona humana, la integridad de la familia, la igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios, sean de raza, de grupos o de individuos.
Si en la actualidad en este país nuestro, todos debemos rendir informes, que luego se glosan con notas y observaciones que reclaman respuestas, explicaciones y enmiendas.
Si en este país los trabajadores de todo género, para obtener y conservar su chamba, deben acreditar conocimiento, desempeño y rendimiento.
No hay razón que pueda justificar el deseo de los docentes disidentes de erigirse en un exclusivo grupo de individuos que goce la prebenda de la ausencia total de evaluación.
Por encima de los irrazonables reclamos de ese grupo de docentes, está el interés superior de los niños y de los jóvenes de recibir –de modo cierto- la educación de calidad con la que la Constitución quiere que ellos enfrenten con éxito toda su vida futura.
