Las universidades y otras entidades, sea por iniciativa propia, por encargo oficial o por cuenta del empresariado, tienen la cuenta del tiempo que por ley se destina a la función electoral en los medios masivos de comunicación, el cual es disfrutado en parte por los organismos de lo electoral y en parte por los partidos políticos y sus candidatos.
¡Huy! ¡Cuánto batallamos para tener un día acceso a los medios de comunicación!
Por décadas, los programas noticiosos y los de entrevistas y comentarios políticos, que eran muy poquitos, fueron fruta consagrada sólo al partido del gobierno y a sus candidatos, ungidos siempre por el divinizado dedo.
Pagar anuncios para promover al partido de oposición, era cosa más bien inalcanzable, pues las empresas, que debían su concesión al gobierno, cotizaban a precio de oro el spot publicitario, amén de que las más importantes, con desdoro del valor de la imparcialidad, declaraban abiertamente su filiación al partidazo del gobierno.
Para cada elección, un nuevo registro por cada elector, cuyo nombre aparecía en un listado sin foto y sin huella, que el gobierno retenía casi hasta la víspera. En vez de la sofisticada credencial para votar que hoy se conoce, una insignificante papeleta que cualquiera pudiera usar.
La participación político-electoral del ciudadano era oficialmente promovida, pero de hecho inhibida, pues sólo podía expresarse sin contratiempos, mientras se manifestara a favor de los intereses del gobierno y su partido oficial; de otro modo, el robo de urnas, la quema de votos, el encarcelamiento y otras injusticias y atrocidades se encargaban a las policías, y en ocasiones al Ejército, para sofocar al pueblo indefenso.
Hoy la cosa es en gran medida distinta, aunque parece que se ha extremado.
Hace poco más de veinte años, México todavía tenía leyes electorales que ordinariamente no estimaban necesario regular el acceso de los partidos políticos al disfrute de tiempo en los medios masivos de comunicación, particularmente en radio y televisión, o que cuando acaso lo contemplaban, aseguraban siempre la tajada del león para el partido oficial. Durante muchísimo tiempo fue absolutamente pobre, deslucida y tibia la convocatoria del gobierno a los ciudadanos para participar en la cosa electoral, pues entre menos votantes hubiera, el grupo gobernante permanecería en el poder con mayor facilidad.
“México va a cambiar, contigo y sin ti,..”, decía el valeroso Manuel J. Clouthier, y tenía razón. Veintitantos años después, nuestro país es distinto, muy diferente al de hace sólo dos décadas. Ahora, la Constitución garantiza el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, a través de los partidos políticos, y al mismo tiempo asegura los medios para que éstos difundan sus ideas y propaguen sus propuestas, garantizándoles el acceso a los medios masivos de comunicación; pero, no es el gobierno quien decide la asignación del tiempo, sino un órgano autónomo, cuyas decisiones pueden ser enjuiciadas ante un tribunal electoral. No hay duda que el país ha cambiado: antes, todas las demandas de lo electoral se planteaban ante el mismo gobierno, para reclamarle sus propios actos, y era el gobierno, actuando como juez y parte, el que resolvía –siempre a su favor- todas las controversias. ¡Gracias al cielo que esos tiempos se fueron!
Ya no es el gobierno el que nos llama a enlistarnos en el padrón de electores, ahora lo hace el organismo autónomo que organiza los procesos electorales; que nos toma la foto y nuestra huella digital, las cuales pone en una credencial para votar, que nos entrega, en la que junto al número de la sección electoral, aparecen nuestro nombre, domicilio y firma, con nuestra curp y clave de elector, que son únicas y permanentes, y que fotográficamente se reproduce en el listado nominal de electores.
Así que, sin titubeos, los cambios en este ramo son abundantes.
Pero, algo de ese cambio se ha vuelto abrumador. Aunque, al mismo tiempo, nos muestra un valioso filón que el país debe y puede aprovechar de mejor manera.
Escuchar la radio y ver la televisión en este “México adolorido” –para el caso bien vale la expresión tan usada por Salvador Rosas Magallón-, es un superior tormento. Desde que Dios amanece y hasta que el IFE dice, sin faltar un solo día, todo el año, los mexicanos tenemos que engullirnos los anuncios de los organismos electorales, sean federales o del Estado, y de los partidos políticos y sus candidatos; pero, también los de los flamantes tribunales electorales. Nos llaman a empadronarnos, a participar, a votar, a decidir, a elegir, a vigilar la actuación de los elegidos. Nos convocan a cumplir con los cargos en las casillas; a recibir capacitación. Nos piden que creamos en los procesos y en los organismos electorales y su transparencia, y que tengamos fe en los fallos de la jurisdicción electoral, que son garantía de nuestros derechos y de la democracia.
A eso, que no es poco, sino más que mucho, hay que agregarle, la publicidad de las cámaras de diputados y de senadores; la de los congresos locales; la de los gobiernos municipales, la de los estatales,…
En 1986 fui elegido como candidato a la presidencia municipal de Tijuana, encabezando la planilla que entonces propuso Acción Nacional. Después de esa contienda fui electo jefe del comité municipal del partido, para un periodo de tres años. Como candidato, y también como dirigente partidista, constantemente invité a los organismos sociales y de servicio, a los empresariales y hasta a los religiosos, y, desde luego, a los medios de difusión, para que asumieran el deber de invitar a los ciudadanos a la participación electoral. Es justo reconocer que las respuestas más vigorosas fueron dadas por el noticiero Síntesis de televisión y por la Diócesis de Tijuana. En aquel tiempo creí que esa tarea era deber de los partidos políticos, sobre todo por el ambiente de inequidad, desigualdad e injusticia electoral que prevalecía en México, donde asistíamos a todas las contiendas a luchar siempre en desventaja frente al gobierno y su partido, y muchas veces arriesgando la vida, el patrimonio y la seguridad de la familia.
Pero en aquel tiempo no había más ley ni más autoridad que la del autoritario y despótico gobierno de la revolución, el cual –según lo dijera alguna vez el general Agustín Olachea, desde su cargo de jefe nacional del PRI- había llegado al poder a trancazos, y sólo a trancazos lo dejaría; (suavicé el término, pero el lector es libre para sustituir lo de trancazos por una palabra más cruda y propia del léxico de aquel poderoso general).
A través del tiempo, los índices de participación de los ciudadanos en las elecciones, muestran que a pesar de tan profusa publicidad, vota un número de electores que sólo por excepción alcanza o supera la mitad del padrón. La gente se enlista en el padrón, pero más para contar con un documento de identidad, que para votar en los comicios; pues votar es su prerrogativa, su privilegio que puede ejercer o no, sin consecuencias. En cambio, la banca comercial difícilmente le cambiaría un cheque si no muestra su credencial del IFE; como también es frecuente que no pueda usarse una tarjeta de crédito o débito, sin identificarse con la credencial para votar, entre muchas otras actividades en las que por regla se exige mostrar ese documento, que es ya insubstituible y necesario.
Luego, la credencial para votar, y de paso el padrón electoral, están, puede decirse, amparados por la cotidianeidad, por los actos propios de la vida diaria, al menos mientras esa credencial sea el único documento común a los mexicanos, hombres y mujeres, mayores de edad, útil y generalmente aceptado para identificarnos; otra cosa tendrá que decirse el día en que se establezca una cartilla nacional de identidad, como un documento único para identificar a las personas y a los ciudadanos del país.
Al término de la elección local para munícipes del año de 1986, como candidato en la contienda, promoví la impugnación del proceso electoral y su resultado ante el Colegio Electoral, formado por los diputados del Congreso del Estado de Baja California, todos miembros del mismo partido del gobierno. Excuso decir que la resolución dictada arrogantemente desconsideró las violaciones denunciadas, y que eso no pudo ser impugnado porque sus resoluciones del Colegio eran definitivas e inatacables, y tampoco podían ser impugnadas por la vía del juicio de amparo.
Hoy el servicio electoral mexicano cuenta en la ley con un bien definido sistema de medios de impugnación cuya resolución está en manos de tribunales de derecho, que tienen la función de evitar las determinaciones arbitrarias y hacer justicia en materia electoral.
En cosa de veintitantos años, pues, parece que hemos avanzado mares en materia de derechos políticos, elecciones y procesos electorales; y aunque este es un tema en el que para no caer en retrocesos siempre se debe poner ojo avizor, tal vez no sea desacertado decir que el andamiaje construido para darle sustento, garantiza su supervivencia y desarrollo, que anda sobre ruedas –como se dice comúnmente - y que, por lo tanto, México tiene hoy la oportunidad de atender con la misma fuerza y decisión otros aspectos de la vida nacional que esperan su turno, y para los cuales podrían ser destinados muchos de los abundantes recursos que hoy se aplican en lo electoral, dándonos un respiro, incluso, a los muy atormentados usuarios de los servicios de la difusión televisiva, radiofónica e informática.
El gobierno nos muestra lo emprendedores que son Pepe y Toño, y que como ellos todos podemos iniciar un negocio; también, que en el programa Mi Crédito hay recursos para iniciar una empresa; que en el Estado se apoya a los proyectos productivos y a las madres solteras, etc.
La televisión comercial, la abierta, la del sistema TDT, aplica el mayor tiempo de su programación a la difusión de programas de mero entretenimiento insustancial, dramas novelescos insulsos, propagación de las pobrezas de voluptuosas damiselas y de mediocres actores cuyo más elevado alcance consiste en mostrar sus formas físicas tras las cuales ocultan oquedad y limitaciones. La otra televisión, la de paga, a lo anterior agrega un sinfín de programas que sólo son comerciales seriados de gran duración, no son producciones del arte de la actuación, del cine, del teatro; no hay trama, argumento, guion literario, nada. Ni qué hablar de las películas multirepetidas durante todo el año. En la radio, la cosa anda por el mismo rumbo, pero a en mi ciudad, nutrida de programas religiosos, especialmente cuando el día declina, y hasta muy entrada la noche.
La Nación debe reencausar el uso del tiempo oficial, limitando el que tan abundantemente destina a lo electoral, en donde ya no es tan indispensable.
Todos tenemos derecho de vivir la experiencia de pepetoños; pero para vivirla mejor, además de conseguir crédito y financiamiento, los mexicanos tendríamos necesidad y derecho de recibir instrucción productiva que nos oriente y guíe en el establecimiento, sostenimiento y éxito de una empresa.
¿Cómo se funda? ¿Cómo debe funcionar y administrarse? ¿Cuáles son las formas atinadas para hacerla progresar y perdurar? ¿Cómo hacerla productiva y eficiente?
Con ese conocimiento, la gente pisará segura en el mundo de los pequeños negocios, capaces de crecer. Sin ese conocimiento, muchos intentos zozobrarán y cargarán a los emprendedores noveles con experiencias traumáticas, con más pobreza y hasta con nuevas deudas que antes no tuvieron.
Así que el tiempo oficial en radio y televisión y en los medios informáticos, puede ser revitalizado con la producción, proyección y difusión constante de programas de instrucción para la creación y fundación segura de pequeñas empresas, para que las personas tengamos instrumentos que nos ayuden a ubicarnos cada vez más lejos de la pobreza, y para inyectar a la cruzada nacional contra el hambre acciones de verdadera lucha por un estadio de prosperidad que se funde en el trabajo productivo.
