Desprocuración de justicia
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Desprocuración de justicia

TIJUANA, BC - jueves 18 de abril de 2013 - Gilberto LAVENANT.
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Palco de Prensa
 
Con frecuencia se presume que en México existe un Estado de Derecho. Un sistema que se rige por leyes, en el que los conflictos se resuelven ante tribunales previamente establecidos. Que en nuestro país, nadie puede hacerse justicia por propia mano. Lamentablemente esto es en teoría, pues en la práctica, la impunidad, es un problema tan serio como la corrupción, la violencia e inseguridad pública.
 
El famoso Estado de Derecho, está prendido con alfileres. Como una mampara o lona, que trata de cubrir una maraña de corrupción, que hace nugatorio el derecho, que obliga a muchos mexicanos a vivir como en la época de las cavernas, en donde prevalecía la “Ley del más fuerte” y todo se resolvía con la venganza.
 
Hasta no hace mucho, lo que aún prevalece en muchas comunidades mexicanas, la venganza era la regla para castigar a los agresores, a quienes cometían  determinado delito, aplicando la “Ley del talión”, aquella que advierte : “ojo por ojo, diente por diente”.
 
Esto se pone de manifiesto, de manera importante o destacada, en el terreno político. La llamada Procuraduría de Justicia, es un mero parapeto, para atajar las denuncias o acusaciones, presentadas en contra de los amigos o parientes de los gobernantes en turno. Generalmente opera, cuando llega a operar, en contra de los rivales políticos o de los presuntos delincuentes que carecen de nexos con la clase política.
 
A propósito del presente proceso electoral, se evidencia la desprocuración de justicia. El columnista ya ha apuntado en reiteradas ocasiones, que la Procuraduría de Justicia del Estado, es una de las dependencias más ineficaces e inoperables. Que una simple auditoría administrativa, permitiría conocer el grado de impunidad en la entidad. Se dice que supera el 90%, o sea, de 100 denuncias penales, proceden 10, y de esas, si acaso un par de ellas concluyen con una sentencia condenatoria.
 
Pero, claro, ni por error, alguna de esas sentencias es en contra de algún político. Todos, sin distinción de partido, están blindados, gozan de un fuero de hecho, aunque no de derecho. Esto ha llevado a la ironía de que el panista Alejandro González Alcocer, dos meses antes de que fuera designado Gobernador sustituto, a la muerte de don Héctor Terán, estuvo a punto de que se le “obsequiara una orden de aprehensión”. Ya siendo Gobernador, los expedientes relativos a los ilícitos que se le imputaban, desaparecieron y este sujeto llegó hasta el Senado de la República, donde llegó a presidir la Comisión de Justicia. Más que una burla.
 
Veamos lo que ocurre, en relación con la procuración de justicia, en este proceso electoral. Esta semana, dirigentes priístas presentaron una denuncia, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, una denuncia en contra del candidato panista a la gubernatura estatal, Francisco Vega de la Madrid y la Alianza Unidos por Baja California, que lo postula, por difundir propaganda de campaña en forma encubierta de propaganda comercial, al considerar que se trata de actos anticipados de campaña.
 
El apoderado legal de la Coalición Compromiso por Baja California, que encabeza el PRI, Lic. Salvador Gómez Avila, dijo al respecto que existen elementos objetivos que evidencian que se trata de una estrategia ilegal y deshonesta, fraudulenta a la ley por parte de los denunciados. La treta es sencilla : los aludidos, evadiendo la legislación electoral, contratan espacios en medios impresos, que incluyen planas y portada. Se contratan carteleras en las que se exhibe la portada con la imagen del político, como si fuese publicidad de la empresa editora, e indirectamente del político.  
 
Con ello, se publicitan abiertamente, en tiempos en que la legislación electoral no lo permite y pueden argumentar que ellos no violentan la ley, pues es la empresa que los publicita, la que realiza su propia campaña de comercialización.
 
Otra más. Esta semana, la diputada Nancy Sánchez Arredondo, Presidenta del PRI estatal, presentó denuncia penal, en la que acusa al Gobierno Estatal por el uso poco claro de aproximádamente 600 millones de pesos, que consideran que se ha destinado a favor de sus candidatos en el presente proceso electoral, mediante la campaña mediática identificada por la expresión : ¡Abre los ojos!
 
Como protagonista principal de los hechos denunciados, aparece el propio Gobernador panista, José Guadalupe Osuna Millán. La denunciante dijo que confían en que las autoridades atenderán el reclamo y procederán en consecuencia. Parece algo sencillo, se recibe la denuncia, se hacen las indagatorias pertinentes, se integra el expediente y se turna al juez penal en turno.
 
En un Estado de Derecho, como se presume existe en México, las cosas son relativamente sencillas y solamente hay que aplicar la técnica jurídicas, verificar que se acredita la presunta responsabilidad, ejercer acción penal con pedimento de orden de aprehensión, si el delito que se imputa es de los que se castigan con prisión y el juez competente debe resolver el trato que habrá de darse a los acusados. Si los elementos acusatorios, son insuficientes, pues los exhonera. Si los elementos se acreditan, les dicta auto de formal prisión y los somete a proceso, que posiblemente concluya con una sentencia condenatoria.
 
Pero…!Abra los ojos! Eso solamente ocurre en teoría. En la práctica, es más que imposible. El Ministerio Público, que debe investigar los hechos denunciados, depende de la Procuraduría de Justicia y ésta a la vez forma parte del Poder Ejecutivo Estatal, que encabeza el Gobernador en turno. Ni  por error, el Ministerio Público dará curso a la denuncia. La recibe, sí es cierto, pero no habrá actuación alguna tendiente a su integración y consignación ante juez penal. Ni de chiste.
 
Quizás la denuncia ante el Instituto Electoral, pueda recibir un trato distinto. Pero se sabe que éstos órganos a lo más que llegan es a aplicar sanciones de tipo económico. Nada que pueda entorpecer o sacar de una contienda electoral a determinado partido o candidato. Son como la “carabina de ambrosio”, truenan, pero no matan ni a una mosca. Esa es la realidad de la desprocuración de justicia. Mera simulación.
 
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