Aprovechándose del desconocimiento de la población sobre los derechos que asisten a los pueblos para reclamar contra las injusticias y el mal gobierno,* los sectores conservadores del país han guiado una intensa campaña de medios para descalificar el movimiento magisterial en el país en torno a la llamada “Reforma Educativa”.

 

Mucho se han explotado los sentimientos de la población respecto a la pérdida de clases de los niños por culpa de los maestros; que si éstos están chantajeando a las autoridades con sus bloqueos en lugar de asistir a los salones, que si son subversivos, comunistas, alborotadores, vándalos, flojos e irresponsables; que si están violando la ley con toda una sarta de calificativos que bien recuerdan los argumentos oficiales y de los agoreros del régimen en aquellos tiempos del Movimiento Estudiantil de 1968, o en el 2006 cuando el plantón de AMLO en el Paseo de la Reforma. El linchamiento mediático.

 

La ciudadanía tiene el derecho de saber que, en los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, y basado en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos plasmados en el Artículo 1º. Constitucional, no hay preeminencia de unos derechos sobre otros, no hay unos derechos más importantes que otros. Es tan importante el derecho a la educación de las y los niños como los derechos laborales y sociales de las y los maestros.

 

Hay un punto que aclarar que es el que detonó la movilización magisterial: la Reforma Educativo recién aprobada no es tal, sino más bien una Reforma Laboral y Administrativa que restringe derechos sindicales ganados por los maestros a lo largo de la historia (al margen de la alta corrupción de los dirigentes del SNTE), por lo tanto, es una reforma regresiva, contraria al principio constitucional de progresividad. Eso es algo de  lo que reclaman los maestros, además de su demanda por mejorar la calidad educativa.

 

No fue el Congreso de Guerrero el que rechazó la iniciativa de Reforma Educativa que presentó el gobernador Ángel Aguirre ante la demanda magisterial, fueron los partidos representados en el Congreso local, la partidocracia, en aras de conservar sus privilegios y el reparto de cuotas de poder, siguiendo con fidelidad las consignas del antidemocrático Pacto por México, dictadas desde el centro del país. Se rechaza la propuesta de los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) publicitándola como una “contrarreforma”, menospreciando su derecho a la “participación ciudadana” en el díselo, ejecución y evaluación de la política educativa. Es más que evidente que la Reforma Educativa nunca fue consensuada ni consultada con los más importantes actores de la enseñanza: las y los maestros.

 

La campaña de linchamiento mediático lanzada contra los maestros tiene como objetivo obtener el apoyo popular para justificar la represión a sus acciones de resistencia civil, materializada en plantones y bloqueos carreteros. Si los bloqueos carreteros son pacíficos y son reprimidos, el gobierno estaría violando las libertades de reunión y de asociación pacífica amparadas por el Artículo 9º. Constitucional. A menos que contraten a provocadores, como presuntamente sucedió el 1º. de diciembre pasado.

 

Si los maestros se violentan, la fuerza pública tienen el deber de intervenir para resguardar el orden público y la paz social, deteniendo sólo a quienes ejercen la violencia, pero bajo los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, sin brutalidad ni excesos, bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y moderación de la fuerza.

 

Los dirigentes empresariales han empujado la criminalización de la protesta social, incluso, los de Guerrero, interpusieron una denuncia penal contra los maestros, evaluando el conflicto sólo en términos de pérdidas económicas. El comunicador Ciro Gómez Leyva, de plano, ha encabezado una corriente de opinión reaccionaria.

El pretexto para reprimir es que el bloqueo afecta los derechos de terceros (quienes viajan por esa autopista), pero la Reforma Educativa afectará los derechos laborales y a la seguridad social de más de un millón de trabajadores de la educación y de sus familiares.

 

 

En Oaxaca, 20 mil maestros, que no es una fuerza social menor, movilizados y en plantón, exigen sus demandas. En consecuencia el gobernador Gabino Cué presentó al Congreso local iniciativa para reformar el estatuto local en materia de educación, tomando como base la realidad cultural de la entidad (”reforma tropicalizada”, contesta). Los tiburones se le han echado encima argumentando que cedió a los chantajes de los maestros, que es un gobernador débil, que fue priísta y ahora perredista, etc., etc. Todo para descalificarlo, pisoteando la soberanía del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

 

Si usted, amable lector, se ha percatado, pocos medios entrevistan a los dirigentes magisteriales disidentes y pocos difunden sus propuestas en materia laboral y educativa. Los maestros nunca han estado en contra de la evaluación de su desempeño y de la mejora educativa. Protestan por no haber participado en el diseño de la Reforma y por condicionar su permanencia en el trabajo a los resultados de una evaluación discrecional e impuesta, cuyos resultados desconocerán.

 

El mensaje oficial en voz del Secretario de Educación Emilio Chuayfet, con un fuerte olor al  viejo PRI, es muy claro: o “diálogo” (no hay marcha atrás a la Reforma) o “la ley” (el despido y/o la represión). “No podemos ser rehenes de pretensiones particulares o de quienes se opongan al desarrollo”, dice a los maestros Enrique Peña Nieto, con fuertes rasgos de autoritarismo, para descalificar sus demandas.

 

El gobierno federal no admite fallas o críticas al “Pacto por México” (la joya de la corona que se desgasta rápidamente), que toma acuerdos por las cúpulas partidistas y gubernamentales, votados por un Congreso sumiso sin debate real. Así se “aprobaron” las reformas laboral, educativa y de telecomunicaciones.

 

Zapata, Villa y Madero no realizaron plantones ni bloqueos carreteros, hicieron una Revolución que costó más de un millón de muertos, y ahora son héroes. Los estudiantes del ’68 en huelga, bloquearon calles y tomaron las instalaciones universitarias y hoy su memoria está inscrita con letras de oro en la Cámara de Diputados. Los indígenas chiapanecos declararon la guerra en 1994 al gobierno de Calos Salinas, lograron visibilizar al mundo la realidad de los pueblos indígenas de Mesoamérica y que se reformara el Artículo 2º. Constitucional. ¿Todos ellos también fueron subversivos?

 

A Peña se le acaba la luna de miel…