Palco de Prensa
Un mes y 24 días después de que Baja California se quedó sin servicio médico forense y sin peritos auxiliares de la administración de justicia, además de los que participan en las indagatorias de la Procuraduría de Justicia del Estado, ayer jueves la legislatura estatal decidió acabar con una serie de aberraciones. Abrogó el Decreto causante de este desgarriate y determinó que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta el 30 de noviembre del 2012.
Definitivamente, la sensatez legislativa pudo más que los caprichos, la soberbia y cerrazón de unos cuantos, que generaron un caos jurídico y de insalubridad. Los 22 diputados presentes en el pleno, incluso el autor intelectual de esta “ideota”, el panista Ricardo Magaña Mosqueda, votaron en forma unánime a favor de dejarla sin efecto. Ufff…!
Dicen que es de humanos cometer errores, pero es de sabios rectificar. El problema se originó por una iniciativa propuesta por el panista Magaña Mosqueda. Las consecuencias fueron dramáticas y aberrantes. De un plumazo quitaron al Poder Judicial del Estado las facultades de operar el Semefo, así como para designar o certificar peritos. De paso eliminaron el área de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia, cuyos elementos son los encargados de acudir a la escena del crimen a tratar de rescatar y salvaguardar indicios que permitan dar con los responsables de hechos delictivos.
El Decreto 340 que creó el Instituto de Ciencias Forenses, titular del monopolio de los servicios periciales, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado del 30 de noviembre del 2012 y entró en vigor al día siguiente. A partir de ahí inició el calvario.
Los trabajadores del Semefo, dejaron de recibir su sueldo. La institución quedó en el limbo, porque no se previó un mecanismo ágil para la transferencia de recursos económicos, materiales y humanos del Poder Judicial y Procuraduría de Justicia al nuevo Instituto de Ciencias Forenses. En consecuencia, el Servicio Médico Forense dejó de operar, en muchos casos dejaron de recibir cadáveres, no hubo médicos legistas que determinaran causas de fallecimientos y por lo tanto que expidieran los certificados de defunción.
La trampa legal, prohibía al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría de Justicia, erogar un peso en el concepto de servicios periciales. La ineptitud, necedad y soberbia, tanto del diputado Magaña Mosqueda, como del Gobernador Osuna Millán y sus principales colaboradores, como lo es el Secretario General, Francoisco García Burgos, no les permirtió entender, ni mucho menos reconocer, que estaban haciendo mal las cosas, que los perjuicios ocasionados eran enormes.
Todavía unas horas antes del pleno de este jueves, los impulsores de esta “ideota” hablaban de emitir un nuevo decreto, para ampliar el capítulo de artículos transitorios del Decreto 340, para obligar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría de Justicia, a sufragar los gastos de las áreas de periciales. Además de aberrante, esto no solamente no resolvía el problema, sino que lo haría más complejo.
Existe el criterio de que cuando no alcanzan los plazos para cumplir una ley, antes del inicio de su vigencia, en los términos hechos públicos inicialmente, se pueden modificar los artículos transitorios y prorrogar el inicio de funciones o vigencias en áreas o zonas especiales. Esto se pretendía hacer en este caso.
Sin embargo, el agregado resultaba aberrante, en una disposición legal que surtió efectos plenos 24 horas después de su publicación. El 1 de diciembre del 2012, nació el Instituto de Ciencias Forenses, al menos jurídicamente. A partir de ese día fueron derogados los artículos de las leyes orgánicas del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Procuraduría de Justicia, que les facultaba para designar peritos. Entre ellos los médicos legistas.
Resultaba aberrante pretender regresarles facultades que les habían sido retiradas legalmente, tan solo refiriendo en un transitorio la obligación de seguir atendiendo las áreas periciales, que en sus leyes orgánicas ya habían desaparecido. Absurdo por completo. La necedad, soberbia e ignorancia, persistía.
Afortunadamente una persona intervino, explicó a los legisladores la gravedad de las cosas y les recomendó eliminar el “franquestein” de Magaña Mosqueda, que tantos problemas ocasionó.
La sugerencia llevó a darle forma a una iniciativa presentada por los diputados Juan Bautista Montejano de la Torre y Marco Antonio Vizcarra Calderón, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institutcional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. La propuesta fue sencilla, consistió en abrogar el Decreto 340 que originó todo este desgarriate, hacer de humo el flamante Instituto de Ciencias Forenses, que nunca alcanzó a nacer, y hacer las reformas legales correspondientes, para regresarle al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría de Justicia las facultades que en materia de periciales les habían sido retiradas.
No hubo de otra. Los 22 diputados presentes, entre ellos el propio autor de la “ideota”, Ricardo Magaña Mosqueda, aprobaron la propuesta que permitirá que todo vuelva a la normalidad. Un grupo de empleados del Servicio Médico Forense, que no perciben sueldos ni prestación alguna desde diciembre, presentes ahí en espera de la resolución, gritaron de júbilo cuando supieron que el fantasma había desaparecido. Que ellos recuperarían certidumbre en su empleo y la sociedad la certidumbre jurídica perdida en materia de periciales.
Falta solamente la publicación del correspondienete Decreto, en el Periódico oficial del Estado. Sin tratar de parecer indiscreto y por aquello de que “al César, lo que es del César”, el columnista se permite revelar el nombre del autor de esta sensatez legislativa. Se llama Fernando Castro Trenti. Lo que sea de cada quien, un punto a su favor.
