Palco de Prensa
La verdadera estatura de los hombres, no es la física, sino la moral, la que proyectan cultural, científica, deportiva o artísticamente. Ha habido hombres que han trascendido a sus épocas, precisamente por la grandeza de sus acciones. En lo artístico, Nelson Ned y Armando Manzanero, son enormes.
En política, también hay individuos de gran estatura. Se les conoce como estadistas, aquellos que con sus pensamientos, sus palabras y hechos, han fortalecido al Estado.
Lamentablemente los hay que son tan pequeños, que “hacen una tormenta en un vaso de agua”. Que se ahogan con un “buche”. Son políticos enanos, pues. Andan en política, por meros afanes chambistas, por cuestiones circunstanciales, por oportunistas
Ese tipo de políticos, son grandes, pero en sus aspectos negativos. En su necedad, su miopía, su ineptitud. Son tan tontejos, que ni siquiera se percatan de ello, aunque se les nota a leguas.
Tal es el caso de los políticos involucrados en el asunto que provocó la súbita suspensión del servicio del Semefo y que dejó a Baja California sin peritos auxiliares de la administración de justicia, desde el 1 de diciembre del 2012.
El columnista lo ha apuntado en múltiples ocasiones. A iniciativa del diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda, el 30 de noviembre del 2012, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley que crea el Instituto de Ciencias Forenses.
A partir del 1 de diciembre del 2012, nace –supuestamente- el flamamnte instituto que se adjudica las facultades que ostentaba el Tribunal Superior de Justicia del Estado, para operar el Servicio Médico Forense y la acreditación de peritos auxiliares de la administración de justicia, incluyendo el área de periciales de la Procuraduría de Justicia.
Instituto este que nació muerto y que, para que pueda empezar a operar, se requieren muchas cosas, como expedir el reglamento interno, el reglamento para la acreditación o certificación de peritos, tanto públicos como privados y el dotarlo de recursos materiales, humanos y económicos. Mínimo 6 meses para ello.
El autor de esa “ideota”, el diputado panista Ricardo Magaña Mosqueda, no previó que para el nacimiento del Instituto, se requerían muchos pasos y varios meses para ello. Dispuso que de un tajo se le cancelaran las facultades al Tribunal Superior de Justicia y exigió la publicación de la Ley. Legislar, sin ton ni son, es aberrante.
Pero también adquieren la calidad de co-autores de dicha “ideota”, el Secretario General de Gobierno, Francisco García Burgos e incluso el propio Gobernador Osuna Millán, que publicaron la aberrante ley y ahora están empecinados en culpar a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lic. María Esther Rentería Ibarra, por el desgarriate que ellos solos han causado.
La ley es autoría de un diputado panista, avalado por el resto de los legisladores que la aprobaron y por el ejecutivo estatal al proceder a su publicación y luego al insistir en aplicarla, por mero capricho.
A partir de que se crea el mentado Instituto, el Tribunal Superior de Justicia, dejó de tener facultades en materia de peritos. No puede gastar ni un centavo en la operación del Semefo, no solo en cuanto a los gastos propios de su operación, sino incluso sueldos de su personal. Funcionario que haga pagos, por conceptos que la ley no le permite, comete el delito de peculado y debe ser destituido, además de procesado penalmente.
Sin embargo, el diputado Magaña, el Secretario General García Burgos e incluso el propio Gobernador Osuna Millán, culpan a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por la suspensión de labores del Semefo. Incluso, otra aberración, la amenazan con someterla a juicio político, cuando que los que deben ser enjuiciados son ellos, por estarla presionando o conminándola a incurrir en ilícitos.
Para ellos, el Tribunal Superior de Justicia, debe seguir operando el Semefo e incluso pagando sueldos al personal. No entienden, ni reconocen, que la ley por ellos aprobada y creada, le obliga a no gastar ni un centavo por tales conceptos. La miopía crónica que padecen, sin duda alguna no les ha permitido leer el texto legal. Por ello su necedad.
El diputado Magaña, el Secretario General García Burgos e incluso el propio Gobernador Osuna Millán, culpan a la Presidente del Tribunal Superior de Justicia, por la suspensión de los médicos legistas y los peritos en general. No entienden que esto es consecuencia de la ley por ellos aprobada y publicada.
Tan no lo entienden, dada su pequeñez, que afirman que instalarán Semefos colaterales y que incluso habilitarán médicos legistas. Lo tontejo no les permite entender que se requieren facultades legales para ello. El nuevo Instituto tiene facultades, pero aún no está en condiciones de hacerlo.
Para ellos, la responsable de todo este desgarriate lo es la Licenciada María Esther Rentería Ibarra, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, cuando que los únicos autores, tanto intelectuales como materiales, son ellos.
Se sabe que ya fue presentada una iniciativa ante la legislatura y que en el pleno de mañana martes se someterá a votación, para prorrogar al menos un año la creación del Instituto de Ciencias Forenses. De ser aprobada y publicada, todo volvería a la normalidad. Pero también dicen que la necedad e impertinencia del ejecutivo hará hasta lo imposible para frenar dicha propuesta. Son enanos. Tan pequeños, que se ahogan en un vaso de agua. [i]
