LA BUFADORA
Por. - El Mosquito

ENSENADA BC 5 DE FEBRERO DE 2024.- Los primeros que juraron respetar las reglas de la contienda interna en Morena son los mismos que a cada rato violan las bases de la convocatoria, y lo hacen con el mayor de los cinismos, sin el temor de que algún dirigente local del partido (¿existe?) se atreva a sancionarlos.

Resulta que la cláusula sexta de la convocatoria emitida por Morena para la designación de sus candidatos y candidatas a cargos de elección de mayoría relativa en Baja California -léase presidencias municipales, diputaciones locales y regidurías-, es la disposición que establece “las prohibiciones” que deben acatar las y los funcionarios públicos, a quienes claramente se les indica que “(…) no participarán en actividades de apoyo y/o propagandísticas relacionadas con este proceso a favor o en contra de cualquier participante; no expresarán su preferencia alcaldes y presidentes municipales y sus colaboradores de primer nivel; se abstendrán de hacer pactos con facciones afines a cualquiera de ellas o ellos y mantendrán durante el proceso una estricta imparcialidad”.

Sin embargo, las restricciones anteriores les han importado un auténtico pepino a varios servidores públicos estatales y municipales, quienes con soberbia y descaro han publicado en sus redes sociales fotografías y textos en los que aparecen muy sonrientes levantándole la mano a la diputada local Claudia Agatón Muñiz, quien se supone se registró como aspirante de Morena a la alcaldía tras su presunta “renuncia” al Partido del Trabajo (PT), aunque testimoniales documentales jamás ha exhibido en ambos casos.

Lo cuestionable, es que además de ser funcionarios públicos, también son consejeros de Morena y se inscribieron como aspirantes a precandidatos para otros cargos, pero no renunciaron ni solicitaron licencia, a diferencia de Mónica Vargas Núñez y Rocío López Gorosave, quienes sí se retiraron de sus puestos, incluso antes del comienzo del periodo de precampañas que acaba de concluir.

Estamos hablando, entre otros, de Miriam Cano Núñez, Mónica Primero, Carlos Ibarra Aguiar y Eduardo Vega Zamora, que son funcionarios y precandidatos a la vez, y que se supone conocen las bases de la convocatoria morenista, pero sin recato promueven como su favorita a Claudia Agatón.

El caso de Vega Zamora todavía es más grave, porque aparte de ser titular de Bienestar Municipal en el gobierno municipal y consejero de Morena, es secretario de la Secretaría de Ética dentro del partido y coordinador de los comités operativos territoriales. Así o más “cochi” la contienda interna del partido en el poder.

Guerra sucia

Y para colmo, las campañas negras también se desataron en Baja California, pero sólo es entre los morenistas, porque la disminuida oposición apenas si da señales de vida. 

Las víctimas principales de esta guerra sucia son la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, pero los ataques en su contra, incluso con la utilización de la llamada “inteligencia artificial”, son a través de videos y audios muy burdos y grotescos, cuyo contenido es tan pobre y corriente que confirma que la tecnología en manos de asesores estúpidos no sirve para nada.

Protección a candidatos 

El Instituto Nacional Electoral (INE) estará a cargo del registro de candidatos, a cualquier cargo de elección, que requieran protección en este proceso electoral, informó la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

Posteriormente, el INE informará a la mesa de seguridad y se harán por escrito las peticiones a la Secretaría de Seguridad.

“Será el INE quien informe a los partidos políticos sobre el protocolo y la disposición del servicio; las y los candidatos solicitarán el servicio al INE y este instituto informará a la mesa de seguridad sobre todas las solicitudes que se ingresen para que se cubra el servicio. Será a través de nosotros como se presentarán por escrito estas peticiones que haremos llegar a la Secretaría de Seguridad”, indicó la consejera.

“Con este esquema se van a dar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva alta, media y baja. De esta manera las autoridades de seguridad en México establecerán los criterios de asignación de los servicios”.

Anteriormente, el INE comunicaba al Gobierno de las solicitudes, pero eran los partidos y candidatos quienes directamente pedían el apoyo.

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