LA BUFADORA
Por. - El Mosquito
Es verdad que ya se abrieron a la circulación los carriles en ambos sentidos del tramo carretero Chapultepec-Maneadero, el cual está por cumplir dos años que comenzó su proceso de modernización, pero todavía falta que se terminen los acotamientos y se coloquen todos los señalamientos necesarios, obras complementarias que también llevan paso de tortuga, y que echaron por tierra las promesas del diputado federal Armando Reyes Ledesma, en el sentido de que a finales de noviembre del año pasado está infraestructura vial quedaría rehabilitada por completo, y no por cachitos.
Y referimos al legislador del Partido del Trabajo (PT) porque es uno de los tantos representantes populares de Ensenada que se colgó el milagrito de ser el principal gestor de esta importante inversión.
Y este lunes, desde temprana hora, el invitado especial a la primera sesión del año del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que preside Marco Antonio Estudillo Bernal, será el director en Baja California de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Rigoberto Villegas Montoya.
Ojalá que el funcionario federal, ahora sí, pueda ser más exacto para precisar cuándo estará remodelado el otrora llamado “tramo de la muerte”, que conecta la mancha urbana de la ciudad de Ensenada con el poblado de Maneadero, un trayecto relativamente corto que tardó décadas en arreglarse.
INFLACIÓN LATENTE
El sector primario -en general- es primordial para la seguridad alimentaria en México, y en Baja California tiene la condición especial de que, para insumos y logística, es decir, para los costos de producción en general, tienen muy pocas alternativas, por lo que la cancelación de estímulos fiscales a través de la derogación de los artículos 180 y 181 de la Ley de Hacienda del Estado, tiene todo el potencial de generar un efecto inflacionario.
Esperemos que pueda darse un entendimiento, como lo plantea el Consejo Agrícola de Baja California en voz de su presidente Walberto Solorio Meza, y se logren acuerdos que den marcha atrás a la medida, que además podría afectarle a los sectores más vulnerables de la población, al encarecer el costo de productos de consumo básicos en esta entidad fronteriza.
OCHO PARA LA ALCALDÍA
Debido a que en Baja California fue parcial la alianza que firmó Morena con los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México (FxM), estas fuerzas políticas tendrán que postular en solitario a sus candidatas o candidatos a la presidencia municipal de Ensenada, razón por la cual serán ocho las personas que se disputen la alcaldía en los comicios del próximo 2 de junio, porque habrá que agregar a los contendientes del frente opositor PAN-PRI, más el del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Partido del Trabajo (PT).
Hasta el momento, por Morena “oficialmente” sus precandidatas a la presidencia municipal son Rocío López Gorosave y Mónica Vargas Núñez, y por el PES se anotaron Edith Méndez Martínez y Gilberto Covelli Gómez, mientras que por el PT es casi seguro que designen al regidor Miguel Orea Santiago, pero en los demás partidos prevalece el silencio.
RESPETAR ELECCIONES
La nueva presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, llamó a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a respetar las restricciones para no entrometerse en el proceso electoral, federal y local, de este año.
Magistrados lamentaron que la ley no dote de herramientas al órgano electoral para sancionar a los funcionarios que buscan influir en las elecciones, por lo que advirtieron que en la calificación de la elección se valorará la injerencia gubernamental.
“La ley y la Constitución han definido cuáles son los límites de toda y todo servidor público para su participación en los procesos electorales. No podemos hacer un exhorto, pero sí un llamado a todas y todos los servidores públicos, de todos los niveles y de todos los poderes, a que nos conduzcamos de acuerdo a lo que la constitución y las leyes y la democracia requiere”, afirmó Soto.
Otro magistrado, Felipe De la Mata, aseguró que, contrario al pasado, ahora ya no puede hablarse de elecciones de Estado ni riesgos del proceso por la injerencia gubernamental.
“Se tienen que establecer sanciones claras a los servidores públicos porque hoy día la ley, no sé si por torpeza de los legisladores, no contempla ningún tipo de sanciones a servidores públicos. En el caso del amparo se puede llegar a la remoción del funcionario público, en materia electoral esto es imposible, tampoco es posible sancionar al funcionario público; entonces tenemos una insuficiencia legislativa que el Tribunal ha tenido que enfrentar, se necesita en algún momento establecer sanciones contra servidores públicos que violenten la ley electoral”, dijo.
De acuerdo con el calendario electoral, el Tribunal tiene hasta el 31 de agosto para calificar la elección presidencial.
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