CIUDAD DE MÉXICO 23 DE DICIEMBRE DE 2023.- No se pueden borrar el dolor, la angustia y el sufrimiento con negligencia, complicidad e irresponsabilidad gubernamentales.

Al más puro estilo porfiriano, el gobierno de Morena pretende disimular su fracaso total ordenando reducir de tajo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México, pasando de 112 mil personas a solo 34 mil, revictimizando con ello a miles de familias y amigos de desaparecidos y perpetuando el patrón de impunidad que crece a pasos agigantados en nuestra Patria.

Con fiscalías y ministerios públicos asfixiados por la inanición presupuestal que ni para papel tienen, morgues rebasadas con más de 50 mil cuerpos sin poder identificar, policías estatales y federales sin capacitar ni certificar, masacres que suceden cada 19 horas en el país, desaparición de decenas de personas (particularmente jóvenes) todos los días y un ataque sistemático en contra del Poder Judicial y de las instituciones públicas, en México el oficialismo ha creado el caldo de cultivo para el crecimiento de la actividad criminal y la violación sistemática de la ley.

Las tragedias están a la orden del día, mientras el gobierno voltea a otro lado e ignora a las víctimas, apropiándose de los recursos públicos para fines personales y ahondando el odio y la división que le permitieron ganar en 2018.

Las madres buscadoras, lejos de ser apoyadas, resguardadas, acompañadas y alentadas en la labor que debiera hacer el gobierno, son criminalizadas y dejadas a su suerte ante grupos criminales.

México vive una tragedia sin precedentes, mientras su gobierno se niega a escuchar, atender y resolver.

Todas y todos debemos cerrar filas con las víctimas, familiares y organizaciones civiles que las acompañan, para exigir que los recursos públicos sean utilizados para fortalecer la procuración de justicia y perseguir a los criminales, al tiempo de contar con las herramientas tecnológicas que nos permitan identificar a los desaparecidos.

El gobierno mexicano debe implementar sin cortapisas las recomendaciones que desde organismos internacionales como la ONU le han hecho para cumplir con sus obligaciones y atender prioritariamente las demandas de miles de familias de personas desaparecidas.

No hay atajos para alcanzar la seguridad y estado de derecho que merecemos.

La desaparición de personas en México es un problema del gobierno en sus tres órdenes y poderes y de la sociedad en su conjunto, por lo que no podemos permitir que Morena borre criminalmente a casi 80 mil personas, ignorando con ello a su familia, su historia, el delito del que fueron objeto y sus ejecutores.

No hay paz sin ley.