ANÁLISIS “JURÍDICO - POLÍTICO”

Por el licenciado en derecho Marco Antonio Mackliz Mercado

TIJUANA BC 16 DE OCTUBRE DE 2023.- En mi columna del 2 de este mes no existió oportunidad de dar respuesta a cuatro preguntas pendientes de la escrita el 27 de septiembre. Hoy trataré de contestar dos de ellas, según mi leal saber y entender.

Primera Pregunta: ¿Cuál fue la reciente postura de los expertos y académicos en derecho, respecto de las “continuas e infundadas agresiones y ataques a los integrantes del Poder Judicial de la Federación”, de parte del titular del Poder Ejecutivo Federal y de algunos integrantes del Poder Legislativo Federal?

Respuesta: El miércoles 12 del mes pasado en el diario nacional “El Universal”, aparece publicado un desplegado firmado por 114 profesionales, expertos y académicos del derecho, manifestando su preocupación respecto a los reiterados ataques a jueces realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicando que eso “nos perjudica a todos”.

Señalaron “que sin prueba alguna se ha insultado a ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito”.

Que, “los ataques infundados en contra del Poder Judicial de la Federación son en detrimento de la función jurisdiccional que ellos tienen confiada y en perjuicio del orden público".

Subrayaron los 114 firmantes que “el Estado Mexicano necesita hoy más que nunca contar con un Poder Judicial Federal autónomo, fuerte y confiable, integrado por jueces conocedores e imparciales, que den seguridad jurídica a gobernantes y gobernados”.

Finalizan diciendo que “En todos los niveles: supranacional, federal y local, la función jurisdiccional se encuentra en un estado de vulnerabilidad. El estado actual de las cosas públicas exige resguardar con determinación la independencia judicial.

Como profesionales del derecho, no podemos dejar de protestar. Guardar silencio nos volvería cómplices de las agresiones que se hacen a nuestros ministros, magistrados y jueces. El Poder Judicial debe ser fortalecido”.

Por otro lado, de acuerdo con el “Diagnóstico Sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, que es un trabajo conjuntamente realizado por Vance Center For International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, por la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, publicado el 27 del pasado mes de septiembre, se señala que “la independencia de la judicatura federal en México se encuentra en grave riesgo”, derivada de constantes ataques por parte de otros poderes públicos, incluyendo dos temas de urgente preocupación: “Los ataques constantes del Presidente de la República a la judicatura federal en general, y ataques específicos a las integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales; y la discusión actual para reducir de manera importante el presupuesto del Poder Judicial de la Federación, que impactaría gravemente la función judicial”. 

El documento relata cómo las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y su administración están directamente dirigidas a casos de decisiones judiciales que no favorecen los intereses del gobierno federal, violando claramente sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de la independencia judicial.

Además, que la reforma propuesta a la judicatura federal consistente en el uso del voto directo para conformarla, responde no a un ánimo de fortalecerla, sino de controlarla.

En lo personal, concuerdo con la postura de esos verdaderos conocedores del derecho y enérgicamente repruebo los múltiples ataques que sin prueba alguna el titular del Ejecutivo Federal en sus conferencias mañaneras y varios Diputados, así como Senadores que integran el Congreso de la Unión afines al Partido Morena, realizan de manera sistemática en diversos actos públicos, a través de medios de comunicación, redes sociales y electrónicos, que atentan a la dignidad humana y al honor de los aludidos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, a través del escarnio y desprestigio público.

Me resulta importante aclarar: que tengo mis propias ideologías; que nunca he pertenecido a ningún partido político; que estoy muy próximo a cumplir 70 años; que desde que fui mayor de edad siempre he acudido a emitir mi voto en las elecciones populares municipales, estatales y federales; y, por ende, que no tengo nada en contra del partido político Morena, ni de ningún otro.

Debe agregar, que los ataques al respeto a la dignidad humana y al honor, a través del escarnio y desprestigio público, constituyen el concepto de “infamia” prohibido en el artículo 22 de la Constitución Federal y que es evidente que tienen como eje estigmatizar a las personas como no gratas ante la sociedad; incluso, ese tipo de pronunciamientos influyen en que se generen acciones de odio en su contra.

No puedo dejar de pasar por alto, ni mucho menos excluir que en términos de los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los ciudadanos e incluso las autoridades tienen derecho a manifestar y difundir sus opiniones e ideas; sin embargo, el ejercicio de la libertad de expresión no llega al extremo de que las altas autoridades del Ejecutivo y legislativo federal, estén autorizadas a expresar públicamente cualquier palabra o expresión que vulnere la dignidad de los citados funcionarios del Poder Judicial de la Federación, porque aunque en el ejercicio de esa libertad se pueda afirmar o expresar cualquier hecho o pensamiento, ese ejercicio no tiene el alcance de involucrarse en la vida privada de las personas, ni en expresiones que tiendan a manifestar un defecto personal y de actuación o un hecho ilícito, porque el defecto de personalidad constituye un agravio de denostación, exclusión o discriminación que afecta la psique personal y, respecto de los actos o hechos ilícitos, las autoridades tienen la obligación de utilizar los cauces legales para denunciarlos.

Segunda Pregunta: ¿Qué es la “Ley Magnitsky”?

Respuesta: Es una legislación federal en los Estados Unidos de América, que autoriza a sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de haber cometido graves violaciones de derechos humanos. También permite al gobierno federal estadounidense aplicar sanciones económicas y migratorias por esos actos ilegales. Su nombre oficial es Ley de Responsabilidades del Estado de Derecho Sergéi Magnitsky y fue aprobada por el Congreso Federal en 2012, extendiendo en 2016 las sanciones a cualquier individuo, al margen de su nacionalidad, incluyendo personas jurídicas -empresas y organizaciones, funcionarios y exfuncionarios públicos, permitiendo denegar a extranjeros el otorgamiento de visas, la entrada a territorio estadounidense y el bloqueo de sus propiedades en suelo estadounidense, bajo el complemento de ser una justicia universal.

Bueno, para la próxima vez, trataré de responder las dos preguntas que siguen pendientes.

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