ANALISIS "JURÍDICO-POLITICO"
Por el licenciado en derecho Marco Antonio Mackliz Mercado
TIJUANA BAJA CALIFORNIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.- En mi última columna del día 7 de este mes, me permití exponer la temática bajo el titulo “Futuro próximo inmediato de violación a los principios constitucionales democráticos de la división de Poderes en México”, precisando la razón y consideración de mi señalamiento, como fue el hecho de que en la Gaceta Parlamentaria del pasado 6 de septiembre aparecía publicada la presentación de una iniciativa de reforma de parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Moisés Ignacio Mier Velazco -según nota periodística del 17 de este mes, futuro candidato por ese partido político en 2024 a la gubernatura del Estado de Puebla- y que de aprobarse, conllevaría a recortar más de 20 mil millones de pesos al Poder Judicial de Federación, a través de la extinción de 13 de sus 14 fideicomisos, para el efecto de que “todas las disponibilidades que existan en esos fondos y fideicomisos se reintegren a las finanzas del Estado Mexicano”.
Pues bien, desafortunadamente los recientes acontecimientos indican que el huracán, la tormenta, el terremoto o el incendio va en aumento y perjuicio de los aludidos principios constitucionales, obviamente en quebranto directo del Poder Judicial de la Federación.
Hoy iniciemos con esta pregunta ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? y una resumida respuesta.
Es uno de los tres poderes públicos federales del Estado Mexicano, junto con el Ejecutivo y el Legislativo.
Se encarga de preservar el orden institucional establecido en la Constitución Federal.
En cumplimiento de esa tarea, el Poder Judicial de la Federación se encuentra facultado para interpretar las leyes e intervenir cuando una ley, acto u omisión de alguna autoridad vulnere los derechos humanos de las personas.
También le toca resolver distintas controversias entre particulares de conformidad con el modelo constitucional, social y democrático de derecho que nos rige.
Actualmente, está integrado por: la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Consejo de la Judicatura Federal; los Plenos Regionales; los Tribunales Colegiados de Circuito; los Tribunales Colegiados de Apelación; los Juzgados de Distrito; y, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Pues bien, a finales del mes próximo pasado, se produjo un importante pronunciamiento conjunto de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para defender la dotación presupuestal que anualmente reciben y señalar que para el año 2024 se está ante la necesidad de contemplar un aumento del 4% a la misma.
Esa postura se da en el marco de una constante tensión entre los tres poderes federales, avivada por señalamientos totalmente injustificados en las conferencias de prensa matutinas del actual Presidente de la República y por algunas intervenciones de ciertos legisladores que demuestran, antes que nada, una profunda ignorancia respecto al funcionamiento del Estado Constitucional de Derecho y del Principio de División de Poderes.
No puedo negar, que la impartición de la justicia en México cuesta y cuesta mucho. Eso es cierto, pero también, lo que se debe considerar, al menos respecto de la justicia federal, que se trata de una tarea que abarca un país enorme, que se tiene que desplegar en condiciones adversas en muchos casos (actualmente hay infinidad de personas juzgadoras que diariamente viven amenazadas por el crimen organizado) y que requieren tener sueldos dignos y decorosos para remunerar cargas de trabajo que exigen grandes sacrificios personales y familiares.
Pero, además el Poder Judicial de la Federación, en los años recientes ha tenido que sumarse a la implementación de importantes reformas que, habiendo sido aprobadas por los legisladores federales, les incrementan de manera importante la carga de trabajo.
Tal fue el caso de la reforma del proceso penal acusatorio y oral por mandato de las modificaciones de 2008, 2013 y 2014; y el relativo al nuevo modelo de justicia laboral puesto en marcha a partir de las reformas de 2017 y 2019.
También hay que considerar que está en curso la implementación de la reforma a la justicia civil y familiar, derivada de las nuevas normas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares recientemente aprobado.
A todo lo anterior debemos agregar las necesidades presupuestales que derivan de las contiendas electorales que se darán a lo largo de 2024 y que con toda seguridad también serán objeto de análisis y revisión por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tendrá que resolver miles de impugnaciones a toda velocidad y salvaguardando la certeza jurídica que todos deseamos para unos comicios que se avizoran muy aguerridos.
El recorte presupuestal que diversos diputados de Morena han planteado al Poder Judicial de la Federación, por 25 ml millones de pesos, llevaría a un retroceso de 8 años, colocando a México en el escenario que existía en 2015.
De acuerdo con diversos analistas nacionales, a los presupuestos y al ejercicio del gasto, dicha reducción implica que el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasen de recibir 78 mil 544 millones de pesos en 2023, a 53 mil 544 millones en 2024 en su conjunto, cifra similar a la que les fue asignada en 2015, cuando obtuvieron 51 mil 769 millones.
Dicho recorte de 32% al monto que recibieron en 2023 implica regresar a aquel escenario, lo que representa desaparecer 63% de los Juzgados de Distrito y 69% de los Tribunales Colegiados de Circuito en todo el país.
Dicho en otras palabras, los Juzgados Federales se reducirían de 737 a 461 y los Tribunales Colegiados de 910 a 627. Además del rezago que se generaría, habría un despido masivo de personas.
Mientras todo eso, que hay mucha posibilidad de que se actualice, el presidente de la República mexicana, no solamente insulta a ministras, ninistros, magistradas, magistrados, juezas y jueces, sino que les quieren regatear y retirar los apoyos que constitucionalmente se le debe dar al Poder Judicial de la Federación.
Claramente la fracción XII del artículo 89 de la Ley Suprema establece la obligación constitucional a cargo del Presidente de “facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”, sin embargo, el titular del Ejecutivo Federal, conjuntamente con algunos Legisladores Federales, parece que el concepto “facilitar” lo entienden como si fuera un sinónimo de “dificultar”.
Por razones de tiempo y espacio es todo por el momento, ya que en mi próxima columna continuaré con esta misma temática, preguntándome:
¿Sera cierto que recientemente en el edificio del recinto oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando dos señores Ministros se dirigían al elevador y al encontrarse, recíprocamente se “hicieron reclamaciones”, se “mentaron la madre” y “llegaron casi a los golpes entre ellos”?
¿Existe alguna justificación legal para que el presidente de la república no invitara a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las respectivas presidentas de las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, a la celebración del Grito de la Independencia que tradicionalmente se lleva a cabo la noche de cada 15 de septiembre en el Zócalo?
¿Cuál fue la reciente postura de los expertos y académicos en derecho, respecto de las “continuas e infundadas agresiones y ataques a los integrantes del Poder Judicial de la Federación”, de parte del titular del Poder Ejecutivo Federal y de algunos integrantes del Poder Legislativo Federal?
¿Qué es la “Ley Magnitsky”?
¿Podrá aplicarse la “Ley Magnitsky” tanto al presidente de México, como a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, si continúan e insisten en los infundados ataques sistemáticos en contra de diversos funcionarios del Poder Judicial de la Federación?.
¿Sera cierto que dentro del Proyecto de Nación 2024-2030 el actual titular del Ejecutivo Federal pretende una “reforma a la Suprema Corte para aniquilar totalmente su autonomía”?
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
