LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 12 DE ABRIL DE 2023.- La zona donde se ubica la delegación de El Sauzal de Rodríguez se consideró durante décadas un área para el establecimiento de industrias, sobre todo relacionadas con la actividad pesquera, y ahora que se ha incrementado el movimiento de carga portuaria a través de contenedores muchos de sus terrenos se utilizan como patios para albergar dichas cajas metálicas, situación que trastorna la vida de sus residentes.

Lo anterior está a punto de generar una crisis o conflicto mayor, que debe ser atendido de inmediato por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, cuyos funcionarios ya tienen en su escritorio la propuesta del sector empresarial, que plantea la ampliación a seis carriles del tramo carretero San Miguel-Ensenada, para que uno de ellos se asigne exclusivamente al transporte de carga pesada.

(FOTO: Sergio Ayala Laveaga)

Por su parte, el regidor Sergio Ayala Laveaga, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en el Cabildo, debe promover el diálogo y el establecimiento de mesas de trabajo para que los consensos eviten más confrontaciones, pero también se necesita la disposición y comprensión de todos los actores involucrados, porque Ensenada no puede vivir sólo del turismo, pues en el pasado, por el capricho de una minoría las inversiones se han alejado por la falta de predios donde se ubiquen empresas, y a tal grado llega la necedad que seguimos sin ferrocarril, aeropuerto civil, nuevas fuentes de agua, sin energía ni calidad de vida.

SIMULARÁN SER DIVERSOS

(FOTO: Lizbeth Mata Lozano)

Las minorías que por siglos han sido marginadas de los cargos de representación popular, corren el riesgo que su larga lucha por reivindicar sus derechos sea aplastada una vez más por el autoritarismo y obsesión de poder de la clase política gobernante, incluidos los que se dicen de “oposición”.

La iniciativa de reforma constitucional para limitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), en el fondo pretende eliminar las resoluciones que obligan a los partidos a cumplir con las acciones afirmativas como respetar paridad de género en favor de las mujeres en candidaturas, postulación de migrantes, indígenas, de grupos LGBT, y también a velar por paridad de género en partidos políticos y dirigencias.

Actualmente las acciones afirmativas en favor de esos grupos las realiza el Tribunal Electoral y también pueden aprobarlas los congresos locales.

Pero de aprobarse la reforma constitucional, el Tribunal ya no podría ordenar acciones afirmativas para hacer cumplir dichos principios generales y derechos humanos establecidos en la Constitución.

Tampoco podría interpretar la Constitución y la ley, que ha sido la base de muchas sentencias y acciones afirmativas, ni podría decidir sobre muchos asuntos legislativos o de legisladores, porque se puede considerar invasión de atribuciones.

En consecuencia, los tribunales deberán respetar lo que digan los partidos en sus documentos básicos y como forma de autogobierno para cumplir con los preceptos constitucionales de paridad y otras acciones afirmativas.

Los partidos son los que fijarán cómo cumplir con los preceptos constitucionales, y ya no el Tepjf.

¿Tendrán la decencia nuestros diputados federales Lizbeth Mata Lozano, Armando Reyes e Isaías Bertín, de preguntarnos a los ensenadenses qué opinamos al respecto?

NO MÁS INHABILITADOS

(FOTO: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma de Baja California Sur que imponía la inhabilitación definitiva o vitalicia a los servidores públicos que trataran de obligar a otras personas a someterse a terapias de reorientación sexual y género.

Por unanimidad, el pleno del máximo tribunal del país invalidó del Artículo 205 Bis, penúltimo párrafo, del Código Penal de dicha entidad, parte que establece la inhabilitación vitalicia a los funcionarios estatales que cometen ese ilícito.

El fallo fue emitido en una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, contra esa reforma publicada en el Periódico Oficial de la vecina entidad el 31 de julio de 2021.

Con base en un proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el pleno consideró que la sanción constituía una pena permanente y desproporcionada, contraria al Artículo 22 constitucional. 

Lo anterior, porque su imposición estaba prevista de manera automática, sin contemplar un mínimo y un máximo, lo que no permitía un análisis del caso concreto, la determinación de la gravedad del hecho ni la culpabilidad en la comisión del delito.

La columna La Bufadora -Por El Mosquito- del periódico El Vigía de Ensenada estará participando con nosotros en AFN, lo mismo que nuestra columna AFN Político, en ese importante medio