LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

(FOTO: Jaime Bonilla Valdez)

ENSENADA BC 12 DE SEPTIEMBRE 2022.- Es inminente el arribo al Partido del Trabajo (PT) del actual senador y ex gobernador morenista, Jaime Bonilla Valdez, quien obviamente asumirá el control total de esa fuerza política, en la cual no sólo representará un freno para el prolífico negocio que ha sido el PT para el diputado federal Armando Reyes Ledesma y su grupo cercano, sino que la llegada del ex mandatario estatal a las filas petistas significa un pasaporte para que los denominados “progresistas” migren despreocupados de Morena al PT o del PT a Morena, sin la necesidad de alejarse de la llamada “Cuarta Transformación”.

(FOTO: Armando Reyes Ledezma)

Y si todo se desarrolla como se anticipa en el llamado círculo rojo, los amagos, amenazas y presiones políticas de Armando Reyes de poco servirán para que sigan obteniendo tan fácilmente cargos públicos a cambio de votos.

Además, las negociaciones venideras entre Morena y sus aliados, entre ellos el PT, de alguna forma involucrarían a la propia gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, porque tendrían que tratar con el polémico político, con quien mantienen un enfrentamiento abierto, incluso desde antes de que comenzara la presente administración estatal.

Por cierto, con aquella máxima de que “muera el rey, viva el rey”, la mayoría de quienes se proclamaban bonillistas de hueso colorado no tardaron nada en hacerle el feo y tampoco perdieron la oportunidad de reaccionar en su contra por los actos y controvertidas declaraciones que caracterizan a Bonilla Valdez, pero bien dicen que en política a nadie se le puede dar por muerto; y es más, en el eventual caso de que le retiren la senaduría ante la nueva impugnación del PAN, su paso al PT le garantiza una posición de poder para negociar candidaturas y cargos.

Mientras, el imperio de Reyes Ledesma podría terminar en cuando regrese Bonilla al PT, porque no se debe olvidar que fue diputado federal por ese partido antes del surgimiento de Morena.

Todo lo anterior se definirá en la capital del país, muy lejos de Baja California y con la anuencia del principal residente de Palacio Nacional… ¿o alguien lo duda?

¿Buscará Bonilla reelegirse en 2024?, ¿buscará la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana?, ¿Armando Ayala también saltará al PT para lograr ser candidato al Senado?
Se abren las apuestas.

ANALIZA CORTE

(FOTO: Loretta Ortiz)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este lunes un proyecto que avala la reforma para que partidos políticos puedan renunciar a su financiamiento público y destinarlo a gastos por catástrofes naturales o fenómenos que pongan en riesgo a la sociedad.

La ministra Loretta Ortiz propuso al pleno rechazar argumentos de cinco partidos que impugnaron la reforma impulsada por Morena publicada el pasado 27 de febrero.

El actual partido gobernante ha solicitado durante años, renunciar al financiamiento público para destinarlo, por ejemplo, al sector salud, lo que los órganos electorales han rechazado o han aceptado, pero con candado.

Por ser el partido mayoritario, Morena recibe mucho más dinero. En 2022, tiene asignados mil 716 millones de pesos del INE para actividades ordinarias, 67 por ciento más que el PAN, que es el segundo lugar.

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT promovieron ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad, alegando que no hay sustento en la Carta Magna para que los partidos puedan destinar a otros fines el financiamiento que reciben del INE y órganos electorales estatales.

Las acciones alegan que la reforma fue indebidamente publicada dentro del periodo de 90 días previo a la consulta de revocación de mandato, que es similar a un proceso electoral y, por tanto, aplicaría la veda para reformas legales que prevé el Artículo 105 de la Constitución.

Según los partidos, no hay fundamento constitucional para dirigir recursos de su financiamiento a estos propósitos.

El Artículo 41 de la Carta Magna, sin embargo, sólo establece las fórmulas para calcular el financiamiento y ordena que prevalezca el público sobre el privado, pero deja a las leyes secundarias otros detalles de reglamentación.

La Corte también analizará si el Congreso se excedió al ordenar que los recursos sean devueltos a la Tesorería de la Federación, incluso tratándose de financiamiento público estatal.

Se alega además que la reforma afecta las facultades de fiscalización del INE, así como el ciclo presupuestario del cálculo, entrega, erogación y rendición de cuentas a que está vinculado el órgano electoral como ejecutor del gasto público.

La ministra Ortiz propuso rechazar todos estos argumentos y avalar la reforma, y se requiere el voto de ocho ministros para invalidar cualquier aspecto impugnado.

La columna La Bufadora -Por El Mosquito- del periódico El Vigía de Ensenada estará participando con nosotros en AFN, lo mismo que nuestra columna AFN Político, en ese importante medio.