Transiciones
José Luis Castro Ruiz
TIJUANA BC 27 DE JULIO DE 2022.- Las líneas de la nueva política hídrica en México han buscado beneficiar a las comunidades marginadas, y promover su participación en los procesos de gestión. Esta visión, que recupera el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua de 2012, surge como respuesta a las políticas que privilegiaban a los grandes consumidores entre otros aspectos, en demérito de los derechos de los grupos marginados.
La problemática distributiva que enfrenta esta nueva perspectiva no se limita a países como el nuestro. Estados Unidos, cuyo grado de desarrollo supone una cobertura igualmente total y avanzada de disponibilidad de agua potable para todos los grupos usuarios, presenta un déficit de alrededor de 10% con problemas de acceso, incluyendo a grupos marginados en áreas urbanas y a las comunidades originarias.
La práctica de los principios que sustentan la actual política federal mexicana parece ser inviable en una economía de mercado como la estadounidense, donde existen grandes intereses, y el modelo federalizado implica diferentes órdenes gubernamentales en la práctica. El derecho humano al agua no está contemplado en la constitución, y Estados Unidos fue uno de los países que no suscribieron la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, en torno al derecho humano al agua y saneamiento. En este panorama sin embargo llama la atención el caso de California, un estado que aporta por sí solo el 15% del producto interno bruto de esa nación, y que depende en un 60% de fuentes subterráneas, con la producción agrícola siendo el principal consumidor. Estas condiciones han implicado históricamente una problemática muy particular, ya que en los últimos 50 años el constante bombeo de agua en los eventos de sequía ha producido un paulatino hundimiento de diferentes áreas, principalmente el Valle Central. La competencia por el agua también ha marginado a diferentes grupos de minorías étnicas y comunidades de las naciones indias. Estudios de investigadores de la Universidad de California en Davis (UCD) estiman que alrededor de 800,000 habitantes no tienen acceso a agua potable en el estado.
Ante estas condiciones, son notables y revisten gran importancia los avances que los mismos colegas de UCD han documentado en torno a un trabajo de organización comunitaria y justicia social llevado a cabo por diversas organizaciones, que en algunos casos se remonta al año de 2004, y que ha buscado no sólo informar a la población sobre sus derechos en torno al acceso al agua, sino promover y mantener campañas de educación electoral que le permitan ejercer esos derechos, al tiempo de mantener un cabildeo legislativo sobre programas que mejoren el acceso y calidad del recurso para todos los habitantes del estado. Paralelamente, el papel gubernamental ha sido también muy relevante, y en septiembre de 2012 el entonces gobernador del estado, Edmund G. Brown Jr., suscribió la Ley AB 685, que hizo de California la primera entidad en reconocer legislativamente el derecho humano al agua. Este suceso fue seguido por una resolución en febrero de 2016, identificando al derecho humano al agua como una prioridad principal en las actividades y funciones de los comités de agua del estado.
California ostenta un liderazgo indiscutible en términos de su desarrollo comparativo en la Unión Americana, pero también es sin duda el estado más vanguardista en muchos aspectos. El trabajo y avances evidentes de organizaciones y gobiernos en el estado bajo la problemática y condiciones de competencia que se viven, parecen probar que el reconocimiento del derecho humano al agua puede y debe integrarse en la búsqueda de soluciones, quedando como un referente para otras entidades enfrentando problemáticas hídricas similares.
Profesor-investigador, Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, El Colef, Sede Monterrey. [email protected]
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