LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

(FOTO: JOSÉ LUIS GARIBAY)

TIJUANA BC 29 DE JUNIO DE 2022.- Durante el trienio del priista Daniel Quintero Peña como presidente municipal de Ensenada (1998-2001), se creó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), con el propósito de promover el desarrollo sustentable a través de la participación ciudadana, como ya ocurría en la ciudad de Chihuahua, donde viajó una comisión del Cabildo porteño para conocer de la exitosa experiencia del primer IMIP del país.

Otra peculiaridad del IMIP ensenadense, es que la designación de su director e integrantes de su plural consejo, no dependería de los vaivenes político-electorales, o sea, que el alcalde entrante no podía alterar su conformación y reglamento; así que el primer titular de este nuevo organismo fue el doctor Guillermo Arámburo Vizcarra en el año 2000.

Pero en el año 2001, al ganar la presidencia municipal el panista Jorge Antonio Catalán Sosa (+), por sus pistolas decidió interferir en la operación del IMIP como si fuera una dependencia más de gobierno donde él pudiera hacer y deshacer, lo que ocasionó un enfrentamiento con el sector empresarial y representantes de asociaciones civiles.

Después llegó a la alcaldía otro blanquiazul, César Mancillas Amador (2004-2007), quien apaciguó las aguas y regresó a Arámburo Vizcarra a la dirección del IMIP, quien también fue ratificado en las siguientes administraciones municipales, la de Pablo Alejo López (2007-2010, también del PAN, y de Enrique Pelayo Torres (2010-2013), del PRI; pero las funciones y facultades del IMIP se fueron mermando por los recortes presupuestales y el eterno afán del edil en turno de influir en su estructura interna.

Por desgracia así suele ser la vida de las instituciones donde originalmente la voz y voto de los representantes ciudadanos debería ser mayor, pero quienes gobiernan no quieren escuchar opiniones distintas cuando se trata de tomar decisiones sobre usos de suelo, estudios de impacto ambiental, destino de la reserva territorial, atlas de riesgos y zonas de conservación, razón por la cual instancias como el IMIP estorban, de ahí que les reducen el dinero y pretenden convertirlo en otra agencia de colocaciones del organigrama del Ayuntamiento.

Hoy el IMIP es dirigido por José Luis Garibay, quien al parecer no tiene clara la vocación ciudadana de ese organismo y con el pretexto de que “las entidades paramunicipales deben de proponer al presidente municipal un Proyecto de Reforma al Reglamento del IMIP para adecuar su normatividad para armonizarse con el Reglamento de las Entidades Paramunicipales”, de plano está convalidando su virtual sometimiento al gobierno en turno, lo cual nada tiene que ver con el espíritu de su creación.

Pareciera que en vez de velar por el organismo, está cuidando su chamba y defendiendo la chuleta.

No obstante, hoy la sociedad organizada reclama la existencia del IMIP y la permanencia en su consejo de los 13 asientos destinados para los ciudadanos.

MENOS CLASES

(FOTO: Gerardo Arturo Solís Benavides)

En la mitad de las entidades del país, incluida Baja California, los estudiantes no terminarán su ciclo escolar hasta el 28 de julio como lo establece el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que aquí encabeza Gerardo Arturo Solís Benavides.

Autoridades educativas locales anunciaron que saldrán de vacaciones antes para evitar los efectos de fenómenos meteorológicos, afectaciones por la falta de agua o contagios por la quinta ola de Covid-19, y no incluyeron el Mundial de Futbol porque en esta ocasión se celebrará en Qatar en diciembre próximo.

En 11 estados, desde antes que iniciara el ciclo escolar 2021-2022 se había establecido no terminar hasta el 28 de julio debido a condiciones climatológicas adversas; en Baja California las clases acabarán el 15 de julio.

La titular de la SEP, Delfina Gómez, había exhortado a las autoridades educativas estatales y al magisterio nacional a concluir en sus términos el calendario escolar para recuperar aprendizajes perdidos durante los dos ciclos irregulares debido a la pandemia.

SERÁ PARA MUJER

(FOTO: Loretta Ortiz)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo 4 de julio un proyecto que, de ser aprobado con ocho votos, obligará a que la gubernatura de Coahuila para el periodo 2023-2029 sea ocupada por una mujer.

La ministra Loretta Ortiz propuso al pleno de la Corte adelantar para la elección de 2023 la aplicación de una reforma a la Constitución de Coahuila, por la cual todos los partidos políticos tienen que nominar a una mujer para la gubernatura, cuando el mandatario en funciones sea hombre.

En los transitorios de la reforma, aprobada por Congreso de Coahuila en enero pasado, se aplazó la aplicación de esta regla hasta 2029. Es decir, para las elecciones de 2023, los partidos pueden postular a hombres, aún, cuando el actual gobernador, Miguel Riquelme, también es de sexo masculino.

Pero el proyecto de la ministra invalida las fracciones II, III, VI y VIII del segundo transitorio de la reforma, lo cual llevaría a la aplicación inmediata del artículo 77 de la Constitución local, que Ortiz propuso avalar, y que establece:

“Si la persona titular de la gubernatura es hombre, todos los partidos políticos nacionales y locales, deberán postular a una mujer en el siguiente proceso electoral. Pero si la gubernatura en turno recae en una mujer, dichos institutos estarán en la posibilidad de postular libremente a un hombre en el proceso electoral subsecuente o nuevamente a una mujer”.

La columna La Bufadora -Por El Mosquito- del periódico El Vigía de Ensenada estará participando con nosotros en AFN, lo mismo que nuestra columna AFN Político, en ese importante medio