En primera persona
Fernando Bojórquez Acosta
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TIJUANA BC 20 DE JUNIO DE 2022 (AFN).- El último día del pasado mes de abril, cuatro agentes de la Policía Municipal de Tijuana fueron grabados en video, cuando golpeaban a un hombre, identificado después como Jorge Luis Cabrera Vélez, el cual falleció a causa de las lesiones.

Dos días antes, el 28 de abril, otros cuatro agentes de la misma corporación y adscritos a la Unidad Canina (K9), vejaron salvajemente a un hombre encargado de una tienda en Playas de Tijuana. A causa de las lesiones, la víctima intentó suicidarse cuando estaba internado en el Hospital General, donde finalmente murió el 18 de mayo.

El lunes 30 de mayo un hombre identificado como Ramsés Zatarain Hernández fue “levantado” por un grupo armado en Mexicali; un día después su cuerpo fue encontrado con múltiples impactos de bala, y otros dos días después del hallazgo, en redes sociales “postearon”, desde una cuenta anónima, un video de apenas poco más de 40 segundos, en el que éste hombre da pistas sobre el posible lugar donde habrían asesinado y enterrado a dos jóvenes, también en la capital del Estado, y afirma haber sido protegido por su hermano, un agente del Ministerio Público del Estado, de nombre Rigoberto Zatarain Huitrón.

El pasado 10 de junio agentes estatales detuvieron en la “Zona Dorada” de Mexicali a cinco personas en posesión de droga y armas de fuego; uno de ellos fue identificado como Jesús Armando González, alias “Cabo 89”, del grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, quien fue liberado por un juez de control la madrigada del 14 de junio. Este sujeto es hijo de Armando González Urquídez, un custodio penitenciario con más de una década de antigüedad; también es hermano de Kevin González, un agente de la Policía Municipal de Mexicali, y cuñado de una agente estatal comisionada al C4.

Este sujeto, de forma extraoficial, fue señalado como uno de los integrantes del grupo armado que privó de la libertad y después asesinó a Ramsés Zatarain.

Y el caso más grave -hasta el momento- ocurrió el pasado 7 de junio, cuando autoridades estadounidenses detuvieron a Octavio Andrée Espino Torres, a quien la Fiscalía General del Estado reconoció como agente del Ministerio Público, aunque AFN tiene información que señala a este hombre como secretario del propio fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez.

La detención de este sujeto, como se sabe, tuvo lugar al cruzar por la garita de San Ysidro a bordo de un vehículo en el que transportaba 45 paquetes con casi 30 kilos de metanfetamina. Se trata del caso más grave, hasta ahora, de todos los aquí relatados, al ser un funcionario cercano al encargado de procurar justicia en la entidad, a quien el Congreso tuvo a bien -por órdenes de la Gobernadora- modificar la ley para permitir su llegada al cargo, con la promesa de enderezar el rumbo y dar los resultados que la ciudadanía espera.

Los casos aquí relatados, son sólo unos cuantos, los más representativos -por graves- de funcionarios policiacos y de las áreas de procuración de justicia, que se han visto envueltos en presuntos hechos delictivos, y todos ellos tienen, como principal coincidencia, que les fueron aplicados exámenes de control y confianza para poder ingresar y mantenerse en sus funciones, exámenes que, por lo visto, de muy poco -o de nada- han servido para mejorar la seguridad en función de una mayor demanda por parte de la sociedad para que así sea.

Paradójicamente, este lunes Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó el 13 aniversario del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, el cual, dijo, es el de mayor prestigio y ejemplo a nivel nacional.

Imagínese si no fuera así.