Políticos
Por: Enrique Sánchez Díaz

TIJUANA BC 25 DE ABRIL DE 2022.- No es posible una ampliación de mandato en la Presidencia de la República sin antes una reforma en el Congreso de la Unión, calificó el ex Procurador General de la República, Diego Valadés Ríos, igual dijo que la Reforma Electoral, como se comenta hoy va contra el pluralismo y el sistema democrático.

Asimismo, remarcó que es inconstitucional acabar el programa de escuelas de tiempo completo. También fue muy claro al reprobar la polarización social, cuyo deplorable escenario podría llevar a enfrentarnos.

“No son traidores los diputados que rechazaron la Reforma a la Ley Eléctrica”, añadió, señalando que se trataría de un “linchamiento” llevarlos a un plebiscito, cuando los ampara el artículo 61 de la Constitución.

El ex Senador, ex Embajador e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseveró que la Suprema Corte al no declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica, seguirán los amparos.

También precisó que falta la aclaración del presidente de la república a su expresión, dirigida a ministros de la Corte “no me salgan con el cuento de que la ley es la ley” porque se afecta el Estado de Derecho, ya que él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que dé ella emanen.

El ex amigo personal del desaparecido Jorge Carpizo McGregor, sentenció que hay plena confianza, así como en la imparcialidad en la Suprema Corte de Justicia.

NINGÚN MINISTRO, MAGISTRADO O JUEZ PUEDE OCUPAR UN CARGO FEDERAL

Durante la comparecencia del jurista y político, ante el Grupo 21 a una pregunta, respondió: Ningún ministro, magistrado o juez puede ocupar o desempeñar un cargo federal, hay previsión expresa, está en la constitución.

Valadés Ríos expresó, tengo plena confianza en la corte, con respecto al dictamen de la Ley de la Industria Eléctrica: Me inclino por el criterio de la mayoría y otras veces por el criterio de la minoría, pero siempre coincido con la corte.

Pero como ya dije y por eso lo mencioné, que los ministros designados en el actual periodo (con AMLO) dos votaron en un sentido y dos votaron en otro, quiere decir que actuaron de acuerdo con sus convicciones y su conciencia.

Segundo tema, respondió una pregunta: el número de ministros, 11, si es suficiente, incluso en el caso de Estados Unidos son nueve.

El problema, explicó, no está en el número de ministros, el problema está en un mal diseño constitucional y legal, son muchos los temas que llegan a la corte.

Añadió que en Estados Unidos la corte decide autónomamente qué asuntos va a atender. Ellos al final de cada año establecen en cuantos asuntos verán el siguiente periodo. Han tenido años donde han resuelto 70 asuntos. Y algunos años han ha pasado de 150.

Qué pasa con los que deciden no atender, pues que quedan en firme la resoluciones adoptadas por las instancias jurisdiccionales inferiores.

En México, añadió Valadés, la Constitución obliga a la Corte atender prácticamente todos los asuntos que han sido objeto de impugnación sucesiva y que llegan hasta su conocimiento, además de los que son objeto de atención exclusiva cómo son las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Así opina que un mejor diseño de las instituciones permitiría que hubiera un menor número de casos resueltos por la constitución y esto demás se traduciría en una justicia más rápida, porque querría decir que la resoluciones tomadas por los tribunales federales quedarían vigentes o sería cosa juzgada, con mayor rapidez en beneficio de los justiciables.

POLARIZACIÓN PODRÍA CAUSAR ANTAGONISMOS Y ENFRENTAMIENTOS

Mi opinión es de enorme preocupación hacia ese escenario, respondió el jurista de la UNAM, porque además de qué nos está dividiendo en determinado momento también nos podría enfrentar.

“En este momento se trata de un proceso de polarización, pero el proceso de polarización puede culminar en un proceso de antagonismo y enfrentamiento. Espero que no lleguemos hasta allá”.

La sociedad mexicana ha demostrado ser bastante más madura y más responsable que sus propios gobernantes. El daño que se hace, sin embargo, es un daño profundo, particularmente en cuanto a que le quita calidad y confianza en las instituciones.

El invitado del Grupo 21, narró que en los diferentes estudios de carácter demoscópico que se hacen, llegan a advertir que la valoración de la sociedad con relación a los juzgadores no es la mejor en este momento.

En este momento todas las instituciones están sufriendo una erosión muy significativa que afecta su desempeño, pero sobre todo que afecta la confianza que como ciudadanos tenemos en ellas.

INCONSTITUCIONAL DESAPARECER ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Así muchos aspectos que podrían ser resueltos por la acción ante la justicia no son llevados a su conocimiento. Y pongo, dijo Valadés, como ejemplo el de que millones de padres de familia, de niños que salieron afectados por la cancelación de la escuela de tiempo completo.

Claro hay posibilidades de que se vean esas impugnaciones, todo lo que se hizo fue el anuncio de que van a ser canceladas. “Espero que cuando empiecen a darse esas cancelaciones también haya la posibilidad de que los padres de familia estén bien asesorados y que puedan impugnarlo ante la justicia Federal. Será la forma de recuperar la confianza en las instituciones y literalmente en el poder judicial”.

MÉXICO “LLANO EN LLAMAS”, POR LA INSEGURIDAD Y SOLUCIONES FALLIDAS

Es muy pocas palabras, acepta Valadés, tienen toda la razón “el llano está en llamas”, aquí es aplicable esa metáfora de Rulfo, pero la solución desde luego existe, lo lamentable es que se persista en los errores. El error de pensar que la seguridad se resuelve con aumentar los puntos de vigilancia y de acelerar e incrementar la presencia del ejército.

“Se vio desde diciembre de 2006, fue cuando comenzó a considerarse que la presencia del ejército era la solución para frenar la violencia en el país”.

Después de los años transcurridos y que son 16 largos años, se sigue aplicando la misma estrategia y ahora se magnífica porque además se le da al ejército la responsabilidad directa de las fuerzas armadas, es la responsable directa de encabezar el combate a la delincuencia.

Pero mientras no haya investigación adecuada y mientras no haya procedimientos adecuados, así como también reducir las tasas de impunidad, no habrá forma de que abatir la violencia. Por el contrario, cada año tenderá a incrementarse como ha ocurrido, durante los últimos años.

Es predecible decir que 2022 era peor que el 2021 y desde ahora podemos saber que 2023 será peor que 2022. Porque las respuestas siguen siendo las mismas que ya demostraron haber fracasado.

En cambio, sí se invirtiera más en investigación y se modificaran algunos procedimientos para atenuar los efectos de la impunidad las cosas cambiarían sustancialmente.

LA IMPUNIDAD EL PEOR DE LOS PROBLEMAS

Debo decir solamente como un dato, que más del 90% de las personas que sean presentadas ante los órganos de justicia, por la comisión de delitos, fueron detenidos en flagrancia y esto da lugar a que con la sola invocación de qué al detenerlos se les afectó en sus derechos humanos, porque se les torturó física o moralmente, es suficiente para que se tengan autos de libertad.

“No propongo que se toleren los actos de tortura, la tortura debe ser objeto de castigo por parte de quien la comete. Pero si el torturado es un delincuente al que se le debe resarcir por que respecta a la tortura, pero no se le debe declarar inocente con relación a los actos delictivos en que haya incurrido.

Son dos cuestiones totalmente diferentes. De manera que la soluciones existe desde el punto de vista estrictamente derecho y de la seguridad del Estado. “Lástima que las autoridades no están dispuestas a escuchar y que por no escuchar no puedan entender en el problema que les está afectando porque está minando la credibilidad en las autoridades.

NO SON TRAIDORES DIPUTADOS QUE RECHAZARON LA REFORMA ELÉCTRICA

No son traidores los diputados que votaron contra la reforma eléctrica, dijo el ex Procurador de la República: es una decisión política, desde mi punto de vista, violatoria de los derechos de los representantes de la nación.

El artículo 61 de la Constitución establece expresamente que ningún representante de la nación puede ser objeto de persecución por motivos de las opiniones que haya externado en el momento en que ejerce su función como representante.

“Quien ha fallado ha sido el presidente de la Cámara de Diputados porque constitucionalmente está obligado a defender la libertad de opinión de todos los integrantes del congreso”.

Y repito no hay delito alguno, por eso no hay denuncia alguna, se tendría que haber formulado a la parte de la acusación verbal un pliego de denuncia en la que se dijera ¿por qué hay traición a la patria?

De acuerdo con la ley, cometen el delito de traición a la patria quien sirve a intereses extranjeros. “Y cómo se puede probar semejante afirmación es una afirmación temeraria, es una afirmación que rompe estructuras del sistema representativo mexicano y es una pena que ahora es este amenazando a los diputados que votaron en contra, con el hecho de que se va a apelar a la opinión pública por la vía de un plebiscito, según escuché y hoy esta mañana, “porque a eso se le llama linchamiento”.

ZALDÍVAR TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE

El doctor en derecho Valdés Ríos, explicó que el periodo de la Corte de Justicia es por cuatro años, durante el cual el presidente de la Corte se desempeña.

Por cierto también este sistema está mal diseñado, porque las presidencias deberían de ser de un año en la Corte como lo habían sido siempre. Se pronunció por buscar otra reforma, con otro procedimiento para la designación de los presidentes de la Corte.

Con este actual genera que dentro de los 11 que la integran, se establezcan grupos, pues que van configurando formas de solidaridad, pero también de antagonismo frente a los de otro grupo.

Valadés dijo que esto daña mucho la funcionalidad de la Corte y afecta a la vida política de la institución. En el caso de la pregunta sobre la extensión de mandato del ministro Arturo Zaldívar, añadió: repito en este caso, era claramente inconstitucional la extensión del ministro Zaldívar, donde el presidente de la Corte dijo que no se pronunciada para no interferir en un proceso de carácter legislativo.

Finalmente, cuando se sabía que iba a haber un pronunciamiento porque el ministro Fernando Franco era el que tenía la determinación de dictaminar la elaboración del proyecto para determinar si era constitucional o no esa reforma, a un artículo de tránsito la ley orgánica del poder judicial de la Federación, el presidente de la corte resolvió lo que ya sabemos, anunciar lo que usted acaba de decir que terminará el 31 de diciembre de 2022 y ya quedó sin aplicación del artículo correspondiente.

Por otro lado, es susceptible de trasladarse a cualquier otro nivel de funcionarios o autoridades constitucionales, porque requeriría un cambio a la constitución, modificar el periodo presidencial, sólo podría hacerse por la vía de una reforma constitucional y evidentemente no hay por lo que se ve ninguna posibilidad de que eso ocurra.

APOYAN CIUDADANOS A DIPUTADOS ACUSADOS DE TRAICIÓN

El asunto del calificativo traición de la patria, es un asunto de un efecto inhibitorio, pero está resultando lo contrario porque los diputados están recibiendo una gran cantidad de expresiones de apoyo por parte de la opinión pública.

Y como usted dice la acusación de traidores es la imputación de algún delito, y eso es difamatorio pero el delito de difamación tampoco estaría vigente en el código penal federal, así tampoco habría posibilidad de atacar por esa vía.

“Máxime, añade, que lo expresan personas que disponen de fuero, como el propio presidente de la República”.

Prosiguió: Creo que se va a quedar solo en una expresión política, reprobable y reprobada por la mayoría de la opinión pública y que no tendrá ninguna otra consecuencia de carácter jurídico.

“Debería desde mi punto de vista diferente, generar una impugnación al presidente de la Cámara de Diputados, directamente del congreso porque no ha cumplido con la obligación constitucional de defender la libertad de expresión y de los integrantes de la corporación de la propia Cámara de Diputados”.

No tendrían los diputados de la minoría la capacidad para privar de la presidencia que en este momento la ejerce, pero por lo menos sí deberían, porque creo existen los elementos para que se puedan formular impugnaciones directas en contra del presidente por violaciones inherentes a su obligación constitucional.

“Por lo que se refiere a la ley de la industria eléctrica, hay un factor muy importante. Y es que con independencia de que la ley sigue siendo constitucional.

En los amparos existen en más de 200 amparos presentados en contra de la ley, de manera que se va a dar en este caso paradójico que la ley esté vigente pero no se aplique, porque por la vía del amparo va a seguir siendo impugnada y están pendientes de solución más de 200 casos.

Los mismos actos de aplicación que sean de esa ley también serán susceptibles de ser impugnados por vía del amparo.

“En este caso ya sabemos que la mayoría de la Corte está por la inconstitucionalidad de la ley. De suerte que, aunque la ley siga vigente, creo que el amparo protegerá todos los casos de inversiones que ya se hayan amparado o que se amparen en el futuro”.

Es una verdadera contradicción y tan es contradictorio esto que justamente, previendo la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica es que fue planteada en la reforma constitucional que resultó rechazada en la Cámara de Diputados.

De manera que cuando se presentó esa iniciativa de reforma constitucional en materia energía era porque ya se sabía o se temía que la Corte podría declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. con la serie de equívocos muy costosos para el Estado de derecho del país.

CONTRA EL PLURALISMO PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL

Todavía no conozco del tema, no se ha hecho público, por lo menos yo no lo he visto, el proyecto la reforma electoral, pero sí se han mencionado algunos de sus elementos.

“Uno de ellos consiste en que los integrantes del Instituto Nacional Electoral sean elegidos de manera popular, por sufragio popular y directo, esto es una barbaridad”.

secretario de gobernación dijo que en ningún lugar del mundo existe una posición así, y que México sería el primero en tenerla.

“Evidentemente, precisó Valadés, en ningún lugar del mundo existe una disposición así, porque justamente los órganos electorales se establecen para organizar las elecciones desde una perspectiva neutral con relación a los partidos”.

Si son los partidos los que eligen popularmente a los integrantes de ese instituto, ya sabemos que todos van a ser elegidos por esa mayoría de un partido. Y que todos actuarían de una manera parcial”, remarcó.

Aparte estoy convencido, otro elemento que se anuncia en esta reforma electoral consiste en la disminución del número de representantes nacionales esto es reducir de 500 a 400 que es el número de diputados federales.

En el caso de los senadores también plantean alguna reforma, pero no conozco con detalle ¿cuál es la propuesta?, el caso es que reducir la representación nacional también va en contra de lo que caracterizan a una democracia plural.

El número de representantes que hay en este momento permite que no solamente estén presentes en la Cámara de Diputados las diferentes fuerzas políticas, sino diferentes corrientes que corresponden a cada una de esas fuerzas políticas. No todas las corrientes de las fuerzas políticas piensan igual que otras.

“Reducir espacios a la pluralidad, al pluralismo político es antidemocrático, y plantear que el organismo electoral sea designado o elegido conforme la mayoría de un partido, también es contrario a un planteamiento democrático.

Desde mi punto de vista, habida cuenta de lo que hemos visto en las últimas votaciones en la Cámara de Diputados, esa reforma evidentemente no prosperará.

DÉFICIT DE GOBERNABILIDAD DESDE HACE DÉCADAS

En México estamos padeciendo los efectos de un déficit de gobernabilidad en la insuficiencia e incapacidad de las instituciones para los resolver los problemas que se presentan en el país y fundamentalmente para encausar las soluciones por vías institucional, sustentó al inicio en una muy larga plática.

Con problemas incluso por lustros y décadas en breves palabras: corrupción, Estado de derecho e inseguridad donde todo repercute en las características individual, familiar, laboral y social de todos los mexicanos.

Nadie en el país es ajeno a los efectos nocivos de la corrupción, de la inseguridad y por supuesto de los múltiples problemas que plantea el Estado de derecho en México.

En el momento de votar, de tomar una decisión, en el momento de emitir un punto de vista, inclusive para un proyecto para presentarlo al pleno de la Corte que administra, cada ministro actúa de acuerdo con sus convicciones y con su propia ética de la responsabilidad.

Y pues la forma de designación no necesariamente condiciona la forma de conducción y esto hace que tengamos que reconocer que la Corte es una corporación que merece respeto, por supuesto, de la institución, pero también confianza.

“Con independencia de que no complazca o no satisfaga el resultado de la decisión que tomen, está precedida por un ejercicio de análisis y deliberación responsable y muy limpio”.

En el contexto del Estado de derecho, en este caso tenemos que señalar entre los eventos más recientes que nos pueden dar el perfil del Estado de derecho en México es justamente de la relación que se da entre gobierno y Suprema Corte de Justicia.

CRÍTICA VALADÉS LA EXPRESIÓN PRESIDENCIAL DE LA LEY

Una expresión que desde mi punto de vista ha sido muy desafortunada por parte del presidente de la República, fue cuando él dijo refiriéndose otra sentencia de la Corte “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Porque sentó una forma o estableció una forma de contraste con las resoluciones de la Corte que no hace honor al juramento que el propio presidente hizo en el momento de asumir el cargo.

“Él dijo en su juramento o en su protesta conocida en el orden constitucional mexicano que se comprometía a cumplir la Constitución, hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y citando: “si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

Busca en los representantes de la nación dile al presidente que cumpla con el juramento que rindió en el momento de asumir el cargo presidencial. Se representa interrogación son los integrantes de la unión y delante del congreso de la unión, y representa de la nación los diputados y por extensión los senadores.

Sin embargo, hasta ahora no ha surgido de ese Congreso de la Nación, ni de representantes populares, nadie que reclame esa declaración de “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Pero tampoco no ha surgido la aclaración del presidente, de que esa expresión fue coloquial y no auspiciado por el desconocimiento del cumplimiento legal o del ordenamiento jurídico del país.

La expresión podría haber sido satisfactoria o insatisfactoria, pero finalmente habría respetado el papel de la ley y habría significado que el presidente reconocía de alguna manera que no debía, ni debía entenderse al pie de la letra lo que había dicho. Pero no salió esa solicitud y no salió tampoco de motu propio del presidente.

“Entonces lo que tenemos en contexto es una declaración política contraria a la legalidad. Frente a ello, a este fenómeno, evidentemente que lesiona la vida del Estado derecho del país tenemos una Suprema Corte de Justicia a la que se le esté exigiendo y así lo hizo el presidente también, al inicio de su guión, que se resuelva conforme a la justicia y no a la letra de la ley.

LA CORTE DA TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD

Es evidente que mientras la Corte siga funcionando como lo estaba haciendo, esto es apegándose a la Constitución y a las leyes que dé ella emanen, así como a los tratados internacionales suscritos por México, podemos tener una tranquilidad y seguridad de qué el Estado derecho no habrá naufragado en el país.

Pero en el momento que la Corte se dejara convencer o intimidar en el sentido de juzgar con total libertad, despegándose del contenido de la Constitución y de sus leyes reglamentarias y tratados internacionales, entonces por más que esto resultara satisfactorio para las expectativas de justicia que plantea el presidente de la República, se traduciría en un factor de desconfianza y de inseguridad para los mexicanos.

Las leyes son referentes para todos nosotros que nos permite prever las respuestas y las conductas del poder y también las respuestas y conductas de otros particulares.

En el momento que se pierda la certidumbre en cuanto al contenido, significado y aplicación de las leyes por parte de los órganos jurisdiccionales, en ese momento estaría desapareciendo el elemento más importante que permite la convivencia entre las personas de un Estado constitucional.

Enrique D. Sánchez Díaz
• Periodista •

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor