POLITEIA
Columnista: Javier Iván Maldonado Preciado
TIJUANA BC 15 DE AGOSTO DE 2021.- Desde una etapa temprana en el ejercicio de mi carrera profesional, había decidido compartir mis anotaciones sobre cómo administrar “lo público”, sin embargo, a pesar de haber pasado los últimos 16 años de mi vida respirando este impredecible ambiente, consideré precisamente eso, que era muy temprano.
Ahora, con más experiencia en el ámbito y con una nueva transición de gobierno en puerta, me parece oportuno contribuir a que los vaivenes políticos y los de la propia naturaleza, no tomen a mis compañeros por sorpresa.
En un sentido amplio, el concepto de administración se refiere a actividades cooperativas dirigidas a conseguir objetivos comunes (Omar Guerrero, 2002).
Para una entidad gubernamental, esto implica aplicar técnicas de planeación, organización, integración, dirección y control de los recursos humanos, financieros y materiales (Instituto Nacional de Administración Pública, 2016).
Algo que caracteriza a los seres humanos es que, desde épocas muy remotas, solemos comparar. Nos comparamos a nosotros mismos con otras personas para entender quiénes somos (de acuerdo con la filosofía hegeliana), comparamos relaciones de poder, técnicas y todo aquello que nos rodea, con la finalidad de tomar decisiones día a día, por ello, para entender la administración pública, un buen punto de referencia es su comparación con la administración privada.
Existen dos diferencias primordiales entre la administración pública y la privada; la primera busca atender las necesidades de la población y la segunda maximizar las ganancias económicas. Además, a grandes rasgos, en la administración pública se puede hacer todo lo que la ley mandata, mientras que en la privada, todo aquello que la ley no prohíbe.
Otras consideraciones es que la administración de lo público funciona con recursos públicos obtenidos de los impuestos y existe una obligación por transparentar el ejercicio del presupuesto, mientras que la iniciativa privada se desarrolla con recursos propios, cuya operación es un asunto entre privados (dueños, accionistas y administradores).
En otras palabras, cuando hablamos de administración pública no sólo nos referimos a la administración como técnica, sino como ejercicio de una función pública, esto es, en menor o mayor medida, el ejercicio del poder del Estado, y por tal razón debe sujetarse al principio de legalidad, el cual implica estricto cumplimiento de las atribuciones expresamente señaladas en la ley (esta es una visión muy institucional y conservadora, pero a ello ya he dedicado algunos apuntes).
Una consideración importante es que, dentro de la esfera pública, no importa si quien ejerce las funciones del Estado es Presidente, Gobernador, Secretario de Estado, Jefe de Recursos Humanos o Coordinador de Talleres, al final de cuentas, está administrando recursos sujetos al escrutinio público, por ello, cada vez que utilice la palabra “administrador”, me refiero al concepto en toda su amplitud.
Como ya he señalado, un buen administrador público debe encargarse de dirigir, coordinar y/o administrar recursos materiales y humanos, así como de tomar las riendas en la programación del presupuesto, validar inventarios de equipos de transporte y muebles, avalar el programa operativo anual, entre otras atribuciones que generalmente suelen delegarse a través de la propia normatividad, sin embargo, lo anterior ya no es suficiente.
Antes de continuar, es muy importante contextualizar que los seres humanos, sin importar cuánta experiencia tenemos, siempre enfrentamos fases de incertidumbre, pues el futuro se encuentra ligado a un constante cambio, por lo que debemos aprender a mantener la concentración, para administrar cualquier posible escenario.
Recepción y expedición de documentos, votaciones en el poder legislativo, cotizaciones de reparaciones de maquinaria, asignaciones de presupuesto, adelgazamiento del Estado, pugnas políticas, todos ellos son escenarios que generalmente nos mantienen a la expectativa.
La incertidumbre que generó la pandemia dentro de la administración pública revela que, en la actualidad, no basta con tener conocimientos técnicos, sino que se requiere tener liderazgo para afrontar los conflictos y plantar cara a los problemas, administrando hasta la propia adversidad.
La globalización, las disrupciones tecnológicas, los vaivenes políticos, los cambios económicos y las restricciones sanitarias generan desgaste dentro de las estructuras gubernamentales, sin embargo, una óptima administración puede dirimir muchos de esos conflictos, por ejemplo, a través de interpretar escenarios para entender qué retos valen o no la pena, así como para la concentración y/o delegación de tareas.
Un ejemplo claro lo encontramos durante el año 2020, cuando derivado de la pandemia Covid-19, nuestra entidad entró en “Semáforo Rojo”. Algunos gobiernos aplicaron políticas restrictivas, tales como implementar rotación de días laborables entre el personal, prohibir la contratación de nuevos empleados e incluso “meta institucionalmente” rescindir contratos de prestación de servicios.
Lo anterior fue un golpe fuerte para toda la estructura del Estado, pues, repentinamente, cientos de trabajadores al servicio del gobierno abandonaron sus funciones, muchas de las cuales eran esenciales para mantener el aparato gubernamental “en marcha”.
Directores, jefes de departamento, asistentes e incluso el siempre esencial personal de mantenimiento, se resguardaron en sus hogares, colocando las oficinas de gobierno en un estado de incertidumbre, frente a una sociedad que diariamente demanda servicios al Estado.
Por ejemplo, negociar los roles con el personal basificado (el de mayor experiencia), fue imprescindible para continuar brindando servicios a la gente, para programar y desarrollar las compras de suministros necesarias, así como hacer las erogaciones del presupuesto correspondientes en tiempo y forma, sin adquirir ningún tipo de responsabilidad administrativa. Por lo general, al inicio de una nueva responsabilidad dentro de la función pública, aprendemos del personal de base, quienes, por cierto, son los más duros negociadores (producto de un respaldo sindical).
Ejemplos como el anterior, ilustran claramente que, hoy en día, tener conocimientos técnicos no es suficiente para administrar correctamente, sino que es necesario tener la capacidad de desarrollar negociaciones institucionales, que permitan maximizar la utilidad de las circunstancias, así como explotar cada área de oportunidad.
También, derivado de una crisis como la pandemia, de un día para otro, mucho de lo que funcionaba, dejó de hacerlo y quienes no tuvieron la capacidad de respuesta, dejaron las estructuras de gobierno en “estado de inacción”.
Como reflexión, la administración también consiste en negociar. Se negocian los presupuestos, la programación de metas, los plazos y términos para desarrollar políticas públicas, en suma, prácticamente todo lo sujeto a cambios es susceptible a negociarse.
Lo importante en estos casos es aprender a escuchar y estar dispuesto a efectuar cambios para lograr acuerdos que maximicen el bienestar de los ciudadanos, sin embargo, en un gobierno que pugna por transformar el país, es una obligación rebelarse ante lo injusto; no hay espacio en el erario que justifique abandonar nuestros principios morales.
Por lo general, la lealtad a la última norma permite encontrar o quedarse solamente con las personas adecuadas y desde esa posición contribuir a una sana toma de decisiones.
Javier Iván Maldonado Preciado es un hombre de ideas y letras libres, egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Campeón nacional de investigación política y columnista para diversos portales.
CONTACTO:
https://www.facebook.com/politeiacolumna
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
