Por: Marco Antonio Samaniego

TIJUANA BC 13 DE AGOSTO DE 2021.- El control de los procesos urbanos tiene al gobernador que se va y a la gobernadora que llega, en medio de polémicas fuertes. Los organismos operadores de agua, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pueden estar a cargo del gobierno del estado.  Dice el artículo 116 apartado VII.- La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.

Es decir, si bien el 115 indica que los ayuntamientos tendrán bajo su responsabilidad: a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, el 116  regula lo que en Baja California se  constituyó como parte de su estructura legal desde la década de 1960. Aquí lo apuntamos la semana pasada y lo sostenemos, dado que el 116 regularizo, en 1987, lo que sucedía en Baja California. Cabe señalar que el 116 mencionado fue pensado por el proceso de metropolización de la ciudad de México, con el objeto de simplificar el proceso para trasladar agua de otras zonas a la mencionada ciudad, como es el sistema Cutzamala. 

Dicho de manera sencilla, constitucionalmente, se regularizó una condición dada en 1987, por lo que el control del gobierno del estado no está fuera de lo concebido en la ley.

No soy abogado, pero tengo entendido que el documento rector de la sociedad mexicana es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí sólo citamos lo que ahí dice. 

Los organismos operadores están en conflicto por otras razones muy ajenas al agua. Las publicaciones en pro o en contra no han abordado nada sobre la operatividad de las instituciones que podrían nacer y las implicaciones que tiene para zonas que están conurbadas, como Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. Las tres dependientes del acueducto río Colorado -Tijuana, y por tanto con una funcionalidad necesariamente conjunta. Si en este momento los miembros del mismo partido han decidido partir al partido, ¿qué pasará cuando, las administraciones sean de otro partido? Si en estos días tenemos nueva información de lo que significa Fisamex, ¿que pasara si  las denuncias y demandas prosperan?   

Los de Morena han decidido comprometer su propia organización desde hace tiempo y las elecciones nos demuestran que, ante la pobreza de la oposición, han resistido.  Es coherente que quien ingresa al poder decida diferenciarse de su antecesor, sobre todo por los ánimos protagonistas que de manera evidente tiene el actual gobernador. Salir en la foto y decidir es sin duda atractivo, pero el consenso también es un factor de unidad y coherencia. ¿Por qué realizar el traspaso cuanto termina el gobierno? ¿porque no se realizó al principio de la administración para garantizar la continuidad y sobre todo, que los usuarios no sufran contratiempos? Las condiciones del servicio, desde antes de la actual administración, ya eran precarias y con recortes constantes por la falta de mantenimiento. Nosotros sabemos que sí se ha realizó inversión significativa en sistemas de bombeo, lo que sin duda es un resultado importante. Sin embargo, el agua no aparece en las discusiones, sino la idea de que los organismos operadores van a dar nuevos ingresos al municipio y se los van a quitar al estado. Pero la explicación sobre los efectos a corto, mediano y largo plazo siguen ausentes. 

Toda gira en el ámbito político sobre las condiciones de Fisamex, sobre la manera y quienes se involucraron en los contratos y se nos indica que el hermano del esposo de la futura gobernadora está comprometido con la mencionada institución. ¿Porque hasta ahora y para que se usa esa información? ¿Para qué quienes no son de Morena conozca como son los de Morena? 

En algunos diarios se ha indicado este aspecto como un acto de corrupción.  Y si se dio el caso, ¿Por qué el actual gobernador permitió que la empresa funcionara? ¿Por qué aceptó el dinero de una empresa que tiene un carácter ilegitimo? Y ¿porque al día siguiente se alaba la actuación de la mencionada empresa? 

No sé lo que va a suceder en las próximas semanas, pero el tema del agua no aparece, sino el político. Dejar el cargo debe doler mucho. Tomarlo no es nada fácil. ¿Pero quien voto por el partido y las decisiones que se toman al interior, merecen saber tardíamente las condiciones irregulares – en el caso de que así sea – del contrato con la empresa? ¿porque se defendió a la empresa públicamente y hoy se señala a quienes participaron en su conformación? 

Soy de la idea que destacar los beneficios de la municipalización en el usuario es lo que importa, no quien recibe el recurso. También creo que este tipo de decisiones deben ir acompañados de información al público, no sólo de señalamientos tardíos. La realidad es que, si los ayuntamientos creen que van a tener una caja registradora, pueden olvidarse del dinero que va a entrar y deben de preocuparse de lo que va a salir. Las obras que se requieren son numerosas, las existentes requieren mantenimiento y las condiciones de cobro, como es público, van a dar mucho tema en los próximos años. Esperemos un resultado en el que los afectados no sean los ciudadanos, que, hasta el momento, no han contado. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.