POLITEIA
Columnista: Javier Iván Maldonado Preciado

TIJUANA BC 31 DE JULIO DE 2021.- Hace unos días fue publicada la investigación “La impunidad administrativa en México”, elaborada por el abogado Darío Ángeles, quien concluye que las autoridades utilizan las instituciones encargadas de impartir justicia como herramientas de represión política. 

Todo servidor público se encuentra sujeto a diversas obligaciones y restricciones al desempeñar su trabajo. Cuando no se cumplen, se incurre en una responsabilidad administrativa, y dependiendo de la gravedad, equivale una sanción o puede incluso constituirse un delito. 

Por ejemplo, una omisión en un procedimiento simple (como integrar inadecuadamente un expediente para un apoyo social), puede derivar en una sanción administrativa, sin embargo, no constituye un delito. En cambio, desviar, por ejemplo, varios millones de pesos para financiar un partido político o para beneficio personal, es un delito que podría ameritar un largo proceso penal. 

Cuando un funcionario acepta un cargo para el cual no se encuentra preparado, comete su primer acto de corrupción. A propósito de ello, los encargados de impartir justicia administrativa no quedan exentos de dichas reglas, por lo que, en algunos casos, deberían ser los principales auditados.  

En los documentos de la investigación conducida por “Impunidad Cero”, se puede leer textualmente que “(…) cuando se analizan las principales causas para iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa, pudimos identificar que para el Poder Ejecutivo fueron las irregularidades en la contratación pública; para el Poder Legislativo el incumplimiento en la declaración patrimonial; para el Poder Judicial la demora en el cumplimiento de funciones; y para las fiscalías la prestación deficiente de servicio público.”

Además, se señala que las sanciones más comunes ante las faltas administrativas son la suspensión (26.2%), la inhabilitación (22.5%), las amonestaciones privadas (21.6%), las amonestaciones públicas (19.7%) y las sanciones económicas (6.6%). Sin embargo, la mayoría de las resoluciones terminan apeladas, por lo que a continuación expondré. 

Uno de los principales obstáculos del sistema mexicano de justicia administrativa es que los responsables de las oficinas no se encuentran capacitados para distinguir entre faltas administrativas y delitos, por lo que lo mismo les da sancionar con la pena máxima al que comete errores en un procedimiento administrativo, que a quien desvía para su beneficio personal miles de millones de pesos.

Otra de las conclusiones de la investigación es que las autoridades no generan o no proporcionan la información necesaria para identificar las fallas en este sistema, que, por los niveles de impunidad identificados, son muchas. 

Por ejemplo, “el sobrino de un amigo” ha sido objeto de persecución política por su manera de pensar, a través de una supuesta omisión administrativa, sin embargo, los encargados del proceso ni siquiera han mostrado la capacidad para leer estados de cuenta bancarios o incluso desarrollar operaciones básicas, como sumar y restar, mucho menos se espera de ellos tener la información necesaria para encausar el presunto conflicto de la forma adecuada.

De acuerdo con el académico Aguilar Villanueva, las políticas para “salir del paso” predominan en la administración pública, por lo que, por ejemplo, es recurrente en los encargados de integrar carpetas de investigación adular al superior jerárquico e intentar mostrar aptitudes/avances aun sin fundamentos sólidos. Lo anterior es un cáncer grave en nuestro sistema de justicia administrativa. 

Aunque pueden entregarse presuntos avances para justificar mantenerse en nómina con cargo al erario, no habrá justicia administrativa ni se terminará con la impunidad, hasta que exista la capacidad de integrar expedientes sólidos e interpretación de escenarios. 

¿A qué me refiero con interpretar escenarios? Hace unos años, se hizo viral en redes sociales la comparecencia del Sr. Coella, un ciudadano estadounidense de 96 años de edad, que fue multado por conducir a exceso de velocidad en una zona escolar. Coella efectivamente infringió la normatividad, sin embargo, tras escuchar los argumentos de Víctor Coella, el juez norteamericano descubrió que la razón por la que había excedido los límites de velocidad era que estaba llevando a su hijo de 63 años a que se le realizaran análisis de sangre, puesto que padece cáncer. Durante esa audiencia, en cuestión de minutos, el juez resolvió perdonar la multa y cerrar el caso, pero en México la justicia es lenta, lo que por sí mismo la convierte en una injusticia.

Aunque suena lógico e incluso sarcástico, no lo es; cuando hablamos, por ejemplo, de temas presupuestales, la capacidad de sumar y restar es indispensable para el desarrollo de las carpetas de investigación. Tan solo por ejemplificar de manera más coloquial, seguramente todos estamos de acuerdo en que es peligroso practicar tiro con armas de fuego, sin la instrucción básica para ello; pues lo mismo sucede con la función pública. 

El hecho en mención (el del “primo de mi amigo”), pudiera ser cómico para algunas personas, sin embargo, cuando tu destino depende, en parte, de funcionarios no calificados para ejercer dichas funciones, la justicia administrativa se vuelve un capítulo de suspenso. Lejos de provocar risa, la ignorancia puede lastimar y manchar reputaciones. 

El multicitado estudio fusila a los defensores del antiguo régimen y del derecho supremo del privilegio, al señalar que “la falta de homologación y de información de los procesos de responsabilidad administrativa, implica que las autoridades están usando este sistema a discrecionalidad, muchas veces como herramienta de castigo político en lugar de elemento de mejora para el funcionamiento de la administración pública.” 

COMPLACEGRILLOS

Una buena referencia para la situación actual del sistema de justicia administrativa, la pronunció el presidente AMLO, durante su juicio de desafuero del año 2005: “ustedes me van a juzgar, pero todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”.

Javier Iván Maldonado Preciado es un hombre de ideas y letras libres, egresado de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha sido funcionario público en múltiples ocasiones,  campeón nacional de investigación política y columnista para diversos portales.

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