Por: Marco Antonio Samaniego

TIJUANA BC 6 DE AGOSTO DE 2021.-La discusión sobre la municipalización de los servicios de agua potable, tratamiento y alcantarillado, ha surgido como un tema que dará en los siguientes meses mucho por discutir y analizar. En los ayuntamientos se ha judicializado rápidamente debido a que, indican, los procesos formales se vieron comprometidos por la premura, la falta de análisis y la falta de discusión previa. 

La gobernadora electa, Marina del Pilar Olmeda, ha indicado no estar de acuerdo con la medida, y vaticina que la forma en que esta se realizó no corresponde a los tiempos y las formas. Poco se ha discutido sobre las implicaciones sobre la funcionalidad de constituir organismos municipales, cuando la conurbación y la gestión, desde el surgimiento de los municipios en 1953, no ha sido labor de los municipios, sino del gobierno del estado. 

La razón de que sea el estado tiene que ver con las proyecciones de crecimiento que se gestaron en la década de 1950, sumado al hecho de que uno de los más conocedores del tema, el ingeniero Eligio Esquivel, ocupara el cargo de gobernador de 1959 a principios de 1965, cuando fallece todavía en funciones. El diseño y la legislación correspondiente, vinculada con el control del estado, responde a que la carencia de agua, desde entonces, de una ciudad como Tijuana, era un problema que tenía para ese momento dos décadas de conflictividad en la marcha urbana. Sumado a ello, por las expectativas del Programa de Industrialización Fronteriza, se esperaba que creciera y se desarrollara en las siguientes décadas. El plan del acueducto río Colorado- Tijuana, así como la planta desalinizadora en Rosarito, que era parte de Tijuana, fueron razones por las cuales, los ayuntamientos no tomaron el control del servicio.  El gobierno federal, sobre todo con Luis Echeverría y los gobernadores   Sánchez Díaz, Milton Castellanos, Roberto de la Madrid y Xicoténcatl Leyva, le dieron continuidad a un proceso que se inició en la década de 1960.  Cuando Ernesto Ruffo tomó el poder, el agua fue un tema central, dándole continuidad a un tema que tenía varios años de ser una preocupación por la amenaza constante de carecer del líquido. Muchas colonias de la ciudad vivieron por largos años bajo sistema de tandeo y comprando agua a los piperos, que eran los personajes más esperados en las zonas que carecieron del servicio. 

Por otra parte, si bien el artículo 115 constitucional les otorga a los municipios la obligatoriedad del servicio, el 116 apartado VII, es el que, desde 1987, permite que sea el estado el que provea el servicio. Se indica, “La federación y los estados, en los términos de la ley, podrán convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de las obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario”.  Es decir, la condición contraria al artículo 115 fue real hasta 1987, desde entonces a la fecha, el 116 es el sustento de que sea el estado el proveedor del servicio. 

Dicho de manera simple, el artículo 116, apartado VII, es el que abala que sea es estado el que mantenga el servicio.  Por ello, la referencia al cumplimiento del 115, si bien es común, no es vinculante dada la posibilidad aquí enmarcada. 

En nuestro caso, el tema de entregar a los municipios el servicio, apuntamos que debe de ir acompañada de otros factores que tienen que ver con la calidad del servicio, así como con la cobertura y la posibilidad de crear instancias de participación social que permitan generar vínculos entre las autoridades y la ciudadanía. El proceso tiene particulares complejidades por la relación necesaria con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, receptora oficial del recurso que llega desde Estados Unidos, como parte de una cuenca en condiciones de amenaza de sequía, y el costo que significa el traslado a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y en cierta proporción, a Ensenada. 

Es la operatividad la que hasta el momento no se explica. Lo que aparece en los comentarios públicos, es sobre el proceso de posible traspaso, los argumentos de los regidores y los presidentes municipales, la presentación de controversias constitucionales y la división, real o aparente, entre el gobernador en funciones y la gobernadora electa. Pero nadie aborda en los posibles beneficios, en los problemas de conectividad, en la tubería con altos grados de corrosión que amenaza desde hace varios años el acueducto río Colorado- Tijuana y que requiere de grandes inversiones para su modernización. Por supuesto, el ámbito de lo medio ambiental ni siquiera se vislumbra.  Es decir, estamos solamente en una parte de un proceso que tiene implicaciones en la vida de todos los residentes del estado.  

El tema de los ingresos es lo único que se comenta, sin profundizar demasiado, como si administrar el recurso agua sea una caja registradora de la que los municipios van a sacar provecho. El tema no es de tiempos políticos, de promesas de campaña o de posibles anuncios de logros gubernamentales, es el más importante para todas las actividades en una zona que lo que menos tiene, es agua. 

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.