Palco de Prensa
Por: Gilberto LAVENANT

Aquello de “Pueblo chico, infierno grande”, aún es una realidad inobjetable en Playas de Rosarito, el municipio más jóven de Baja California. Esto se puso de manifiesto, una vez más, a raíz de la designación del abogado Francisco Castro Trenti, como Director de Seguridad Pública Municipal.

En principio, para muchos pesaron más los apellidos del nuevo jefe policiaco, que su experiencia en materia de seguridad pública. Se decía que su designación era por cuestiones políticas, aunque lo cierto es que para Francisco, los apellidos Castro Trenti, en algunos casos han representado más un freno, que una palanca para impulsarlo en su carrera en la función pública.

Para nadie es un secreto que es hermano del Senador priísta Fernando Castro Trenti, fuerte aspirante a la gubernatura estatal para los comicios del 2013. Resultaría absurdo que alguien tratara de ignorar los lazos familiares entre ambos. Sin embargo, cada cual ha trazado su propio camino. Fernando, es el político de la familia. Francisco, su experiencia, ha sido, básicamente, en el área de la seguridad pública.

Así es que nadie puede acusar a Francisco de ser un novato en la materia. Ni mucho menos que su designación fue por cuestiones políticas.

Recientemente fue candidato a ocupar una posición de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cualquiera pudo haber apostado que era segura su designación, dada la enorme influencia de Fernando en la Legislatura Estatal, que tuvo a su cargo la designación. Pero no fue así, los diputados optaron por otro de los aspirantes, precisamaente para que no quedara en tela de dudas su decisión.

La controversia se generó a partir de que a fines del pasado mes de junio, el Alcalde de Playas de Rosarito, Javier Robles Aguirre, lo designó asesor del área. Se daba como un hecho que era la antesala para designarlo al frente de la corporación policiaca municipal, que había venido operando bajo el mando de exmilitares.

El  jueves 12 de julio, se hizo la propuesta formal. Su designación fue aprobada con 9 votos a favor y 2 abstenciones. De inmediato tomó posesión en sustitución del Mayor Magdaleno Vázquez Luis. Se decía que esto pudiese afectar la coordinación de las labores de seguridad pública en la entidad, al mando del General Alfonso Duarte Mújica. Hasta el momento, nada ha pasado.

Sin embargo, los inicios de Francisco como jefe policiaco en Playas de Rosarito, no han sido nada fáciles. Sobre todo porque tuvo que romper con viejas prácticas en el poblado, donde aún prevalecen los cacicazgos. El primer enfrentamiento se dió precisamente porque no permitió que un perito de tránsito favoreciera a un taxista. Estaban acostumbrados a hacer de las suyas, como si fuese un pueblo sin ley. Al final, las autoridades judiciales le dieron la razón.  

También tuvo que erradicar las viejas prácticas arraigadas en la propia corporación. Tráfico de influencias, “cuotas de cooperación”, entre otras cosas. De nueva cuenta hubo intentos de presión. Francisco, no se doblega fácilmente. Antes de que otra cosa ocurriera, hizo la denuncia correspondiente a Sindicatura.

Los miembros de Cabildo, se inquietaron. Apenas a un mes de su designación y el jóven jefe policiaco, ya había armado una “revolución”. Ayer jueves, se llevó a cabo su comparecencia. Fue a puerta cerrada, pero Francisco emitió boletín de prensa, para que no quedara nada a la especulación. Así lo ha hecho desde el día de su designación.   

En el boletín se indica que se denuncian actos de corrupción cometidos por ex funcionarios de Seguridad Pública Municipal. Que Castro Trenti, Director de Seguridad Pública Municipal,  presentó evidencias, documental y testimonial, de las presuntas irregularidades de exfuncionarios ante Sindicatura. Que los documentos demuestran que presuntamente Eduardo Montero Álvarez, exjefe de la corporación y ahora Subsecretario de Seguridad Pública Estatal, cobraba cuotas a los agentes de la Policía Auxiliar, durante la pasada administración municipal. En total, se evidenció que tres ex funcionarios incurrieron en actos de corrupción.  

Las evidencias revelan que durante el IV Ayuntamiento, Jorge Eduardo Montero Álvarez, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública; Gabriel Téllez, quien se desempeñaba como Jefe de la Policía Auxiliar y Reynaldo Ruiz Ramos, siendo Asistente de esta misma dependencia, exigían pagos de cuotas semanales de 100 a 300 pesos a los agentes de la corporación.

“Tenemos conocimiento de esta situación a partir de que un policía auxiliar se quejó, de manera verbal, de que su Jefe, Miguel Duarte, le había incrementado la cuota de 200 a 300 pesos semanales”, dijo Castro Trenti.

Manifestó que a partir de ese momento se puso énfasis en el seguimiento del asunto, encontrando, en el proceso de entrega-recepción de la Dirección de Seguridad Pública, 30 recibos en original, fechados entre 2008 y 2010, que corresponden, cada uno, a cuotas semanales de 100 pesos a policías auxiliares.

Preciso que uno de los documentos estaba firmado por quien fungía como Asistente del Secretario. Se le entrevistó y se tomó formal declaración, en proceso interno, a este funcionario, quien precisó las circunstancias de modo, de tiempo y de lugar en cuanto a la expedición de dichos recibos. Señaló que el procedimiento de cobro fue instruido por Jorge Eduardo Montero Álvarez.

En estos momentos, seguramente ya todo el poblado de Playas de Rosarito, sabe la historia completa. Y algo más que cada quien ha de haber añadido. Entonces se dá aquello de “infierno grande”. Nadie imaginaba que Francisco se atrevería a abrir la “cloaca”. Apesta, y mucho.

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