Por: Dr. Adolfo Solís
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TIJUANA BC 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- Las amenazas a los contribuyentes por parte del SAT, se ha vuelto una constante del gobierno federal, donde se busca que, a través de la intimidación, paguen rápido y sin cuestionamientos. El gasto programable y no programable de 4 billones 653,688 millones ha sido la causa de esta presión, pues el gobierno tiene como meta obtener 3.50 billones de pesos pagados de la bolsa de los contribuyentes, sin embargo, esta meta se ve muy lejana y el gobierno no considera  una caída en la economía, la paralización de empresas por el COVID y el daño a la industria por falta de estímulos fiscales. Todo esto resulta un verdadero reto a vencer, pero al fisco, pareciera que esto no le preocupa; por el contrario, ha endurecido su cobranza y en particular ha buscado a través de la amenaza penal (ejercer acción penal por delincuencia organizada y fraude fiscal), recaudar más dinero. Además de fortalecer sus atribuciones para citar a los contribuyentes, grabarlos en su domicilio y hasta decirles qué consecuencias pueden adquirir si no pagan, se ha creado una meta facultad para que el propio gobierno sea quien le diga al contribuyente, -según la reforma al artículo 33 fracción I, inciso i) del Código Fiscal de la Federación-, cuánto, cómo y de qué forma debe pagar.  El paquete económico 2021, contempla una modificación extraordinaria a este precepto, que le permitirá al fisco romper el principio de autodeterminación. Con esta reforma ya no será el contribuyente el que decida o determine el monto que deba pagar de contribuciones, sino será el fisco el que dirá cuánto debe cubrir de impuestos mes a mes un causante. Lo anterior en virtud de que se dieron la facultad de fijar los parámetros de pago de ISR que deben cubrir los contribuyentes dependiendo de su sector económico o industrial al que pertenezcan. Esta facultad es tan peligrosa, que ellos serán los únicos que calificarán cuál es el verdadero monto de utilidad que debe reportar cada persona; las deducciones que considerará únicamente como válidas; las figuras jurídicas que podrá usar en su empresa y hasta cuánto debe cobrar por los servicios que preste por el uso o goce temporal que brinde, inclusive, en los casos de enajenación de bienes. Dicho de otra forma, a partir del 2021, el estado de derecho estará en riesgo, porque el gobierno será el que determine cuánto debe pagar el causante y de no hacerlo, presionará con el ejercicio de la acción penal, lo que se torna sumamente grave, porque se pretende a través de la ciencia penal resolver un problema de carácter financiero. En el 2021 será el SAT quién determinará las contraprestaciones y márgenes de utilidad que deberá reportar cada contribuyente, lo cual no es acorde al sistema fiscal que tenemos, que se rige por el principio de autodeterminación. Esta reforma es inconstitucional, no sólo porque trata de romper el principio de autodeterminación que impera en la materia tributaria sino que viola el principio de legalidad tributaria, que impide que cualquier elemento de la contribución quede en manos de la autoridad. Si esto se permite, implica que ya nadie sabrá cuánto debe pagar, sino que será el fisco quién manipule la información, lo que pondría en riesgo la confianza de los causantes, pues no se trata de que no quieran pagar o que paguen mal, se trata de que la recaudación tributaria no puede estar sustentada en la represión ni en la desconfianza y si la “prisión preventiva” será el veneno con el cual quedará sometido el causante, más vale que vayamos pensando, cuál debe ser el antídoto, pues permitir un abuso de esta naturaleza, no es avanzar en el sistema tributario, sino retroceder 4 décadas haciendo que en el futuro la economía migre a la informalidad. Ojalá que los gobernantes reflexiones, que las normas con las que hoy nos tratan, están fuera del marco de derecho, porque si no lo hacen, más vale que recuerden que en el futuro dichas normas podrán ser su propio verdugo.

El Dr. Adolfo Solís Farías es un reconocido abogado y especialista fiscal de Baja California.

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