Por: Isaí Lara Bermúdez
TIJUANA BC 30 DE JUNIO DE 2020 (Punto Norte).- El oficio llegó hoy al Tribunal Superior de Justicia de Baja California, con fecha de 30 de junio, llevaba estampada la firma del secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico e iba dirigido al magistrado presidente, Salvador Juan Ortiz Morales.
En el documento se consigna que, Pérez Rico, la máxima autoridad en el Estado para el manejo de las medidas frente a la pandemia, autorizó la “reactivación de actividades” del Poder Judicial del Estado, claro, con su debido protocolo sanitario.
Desde ese momento, la responsabilidad de la reapertura de un sistema judicial de por sí rezagado, pasó a manos del magistrado presidente.
La reacción por parte del equipo del titular del Poder Judicial fue muy particular: prepararon un acuerdo que será votado en el Pleno del Consejo de la Judicatura, para que el primer lunes de julio se reactivaran los tribunales penales, civiles, familiares y mercantiles solamente del Partido Judicial en Ensenada. No más. Aprovechando que es uno de los lugares con menos carga en el Estado.
Esta misma tarde, los integrantes del Poder Judicial del Estado de Baja California se prepararon para una reunión de trabajo previa a la sesión del pleno en donde se sometería el acuerdo de reactivar solo Ensenada.
Magistrados confiaron a PUNTO NORTE que el acuerdo redactado estaba escrito, con insuficiencias y errores. Para algunos integrantes del Poder Judicial fue inevitable calificar la poca dirección del presidente a la hora de planchar el tema.
Hechos bola, con el acuerdo para la reapertura en Ensenada, esta misma tarde el equipo cercano a la Presidencia esparció un rumor entre grupos de abogados y quienes están pendientes de las resoluciones del Poder Judicial.
La versión aseguraba que algunos magistrados y consejeros se oponían a la renovación de actividades bajo “la nueva normalidad” en el municipio de Ensenada.
En realidad, quienes integran el Tribunal habían expresado su unanimidad a la renovación de actividades en los tribunales. No solo les parecía urgente, sino que ya contaban con el visto bueno de la Secretaría de Salud del Estado.
Todos, a excepción del presidente, habían consensuado el voto a favor del acuerdo que se presentaría esa tarde, pues incluso trabajaban en correcciones al documento para subirlo a Pleno y así votarlo en el Consejo.
Y eso que hay magistrados que rozan los 70 años de edad, es decir, que son parte del grupo etario vulnerable al COVID: Perla del Socorro Ibarra Leyva, María Esther Rentería Ibarra, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Jesús Espinoza Orozco son los magistrados de mayor madurez en cuanto a época.
Desde el 17 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo por la emergencia de salud pública derivada del virus SARS-COV2, mejor conocido como COVID 19, en el que se suspendían las labores presenciales y los servicios de impartición de justicia de carácter urgente, como audiencias penales iniciales, solicitudes de ordenes de aprehensión y de cateo, entre otras, puedan “ser desahogados con el apoyo de las herramientas tecnológicas de las que hoy se dispone y un sistema de guardias”.
Desde entonces, así ha operado el sistema. Al inicio, algunos jueces de control acudían físicamente a celebrar aquellas audiencias de carácter urgente. A las semanas, casi todos optaron por celebrarlas por la plataforma ZOOM.
De hecho, el Consejo de la Judicatura ya contaba con el sistema instalado y probado, pues se habían celebrado algunas audiencias en unidades remotas. Cada vez que llegaba la fecha establecida en los acuerdos para finalizar con las medidas de contingencia, esta se aplazaba.
A excepción de las audiencias penales, donde la mayoría de los plazos constitucionales no eran sujetos a prórroga por la pandemia, los juicios familiares, civiles y mercantiles, en sus diferentes procesos, quedaron suspendidos.
El primer día en que se reanudaron los servicios de Oficialía de Partes al público para la presentación de demandas y dar inicio a juicios, el 21 de mayo, Tijuana recibió 99 demandas, Mexicali 90, Ensenada 19, Tecate 16, Playas de Rosarito 10, Ciudad Guadalupe (Valle de Mexicali) once, San Quintín dos y Ciudad Morelos (Valle de Mexicali) una.
Finalmente, minutos antes de las 10:00 de la noche, y luego de varios arreglos al acuerdo se votó de manera unánime en el Consejo de la Judicatura.
La autorización para echar andar la maquinaria de la justicia en Baja California está dada, solamente falta el liderazgo y el compromiso de hacerlo. Como si fuera mucho pedir.
Averiguación Previa es la columna del periodista Isaí Lara Bermúdez, director general de Punto Norte
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
